¡Amnistiados! La Audiencia de Barcelona ha concedido la amnistía a cerca de 40 ex altos cargos del Govern y empresarios procesados por la organización del 1-O del 2017, según la resolución a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat este miércoles. La Fiscalía pidió la amnistía para todos ellos, menos para el entonces secretario general de Diplomacia Pública de Catalunya (Diplocat), Albert Royo, y su antecesora, Roser Clavell, que ocupó el cargo hasta febrero del 2013. Así lo ha resuelto el tribunal, que propone juzgar por el delito de prevaricación a Royo y Clavell por dos gastos del Diplocat que nada tienen que ver con el 1-O: el servicio de limpieza de sus instalaciones del 2011 en el 2017, con un coste de entre 8.000 y 11.000 euros anuales, y una auditoría anual. Sin embargo, Royo es liberado del delito de malversación del 1-O, y su abogada, Judit Gené, ya adelantó que presentará recurso contra esta petición fiscal, que ahora ha validado la sección 21 de la Audiencia de Barcelona.
Los beneficiarios de la norma del olvido penal son unos 27 investigados en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona -la causa madre contra el 1-O- y tenían que ser juzgados por diferentes delitos, desde la malversación de fondos a la desobediencia. Además, al procedimiento se le sumaron ocho investigados más por el gasto exteriores de los governs de Artur Mas y Carles Puigdemont, como por ejemplo el exconseller Raül Romeva (ERC).
Razonamiento del tribunal
En la sentencia, los tres magistrados hacen un repaso de las acusaciones que se atribuye a los investigados y concluye "su vinculación con el proceso independentista", por lo cual decide "declarar extinguida su responsabilidad criminal" a raíz de la aplicación de la ley de amnistía de junio del 2024
Por contra, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona descarta amnistiar dos gastos del Diplocat, en vigor del 1995 al 2017. Se trata del caso de Clavell y Royo, en que la Audiencia concluye que al analizar la gestión al frente del Diplocat, se han detectado “conductas orientadas a una contratación administrativa irregular”. En concreto, desde el año 1995 el entonces Patronato Catalunya Món -que posteriormente sería designado Diplocat- contrató un servicio de limpieza con la empresa SELMAR que se alargó anualmente hasta el 2017.
El tribunal afirma que este servicio se contrató “contraviniendo los principios más elementales de publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato que rige la contratación pública” y sabiendo que a lo largo de los años superaría los 18.000 euros y, por lo tanto, no se podía encadenar contratos con la misma empresa, sin hacerlo a través de concurrencia pública. Con argumentos similares reprocha la contratación de FAURA-CASAS como auditores y consultores “sin realizar ninguna consulta a otros proveedores”. Y por todo esto, no los aplica la ley de la amnistía
Los investigados amnistiados
Los 35 investigados, ahora amnistiados, han pasado ocho años de calvario a los juzgados, con imputaciones y ampliaciones pedidas por la Fiscalía que -por sorpresa y con cambio de las dos fiscales del caso- ha pedido que se archive su caso. Ahora, a buena parte de ellos les queda abierta la causa del Tribunal de Cuentas, donde se les reclama 3,4 millones de euros por gastos del 1-O y de exteriores, que son las mismas partidas reclamadas por la vía penal, ahora amnistiada. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) tiene que resolver si se los puede aplicar la norma del olvido penal en este procedimiento contable.
El año 2019 la titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona procesó por el delito de malversación de caudales públicos a: Antoni Molons García, Joaquim Nin Borredà, Jaume Clotet Planas, Josep Ginesta Vicente, David Palanques Bonavia, David Franco Sánchez, Francesc Sutrías Grau, Aleix Villatoro Oliver, Amadeu Altafaj Tardio, Albert Royo Marine, Natalia Garriga (su caso se elevó al TSJC al ser nombrada consellera de Cultura, y ahora está pendiente del TJUE junto con Jové y Salvadó), Pablo Raventós, Rosa María Rodríguez Curto, Francesc Fabregas Bonet, Josuè Sallent, Xavier Puig Farré y Rosa Vidal Planella. Y meses después, se añadieron Manuel Manonelles, Ignasi Genovès, Teresa Prohías y Marta Garsaball.
Por la causa de Exteriores (inicialmente investigada por el juzgado de instrucción 18 de Barcelona) se procesó nuevamente Villatoro, junto con Roger Albinyana Saiga, Teresa Prohias Ricart, Víctor Cullell Comellas, el excoseller Raül Romeva Rueda, Roser Clavell Soldevila, Albert Royo y Mariné, Manuel José Vila Motlló, Gerard Martí Figueras Albà, y Antoni Reig Casassas por los delitos de prevaricación, malversación de fons y falsedad en documento oficial.
Por el delito de desobediencia procesó: Joaquim Nin Borredà, Aleix Villatoro Oliver, Meritxell Massó Carbó, Frances Sutrías Grau, Nuria Llorach Boladeras, Frederic Udina Abelló, Montserrat Vidal Roca, Rosa Vidal Planella, Vicent Sanchís Llacer, Saül Gordillo Bernárdez, Martí Patxot, Pablo Raventós, Mercedes Martínez, Joan Manel Gómez Sanz, Josep Masolivé Puig, José María Gispert Giménez y Francesc Fabregas Bonet.
Por el delito de falsedad documental: Albert Royo Mariné, Rosa Vidal Planella i Marta Garsaball Pujol. Por el delito de revelación de secretos: Aleix Villatoro Oliver, Daniel Gimeno Alcañiz y Frederic Udina Abelló.
Finalment, Aleix Villatoro Oliver, Amadeu Altafaj Tardio, Antoni Molons García y Joaquim Nin Borredà fueron procesados también por prevaricación.
Poco después, se dejó sin efecto -por los recursos de sus abogados- el procesamiento de Montserrat Vidal Roca, Meritxell Masó Carbó, Josep Maria Gispert Giménez y Teresa Prohías, mientras que a cinco de los acusados se les cambió la imputación, todo y mantenerlos en la causa.