El Gobierno ha hecho llegar una nueva propuesta a los estados miembros de la Unión Europea para intentar resolver las reticencias en torno a la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego. La iniciativa llega en previsión de la reunión del próximo 18 de julio, cuando los 27 volverán a abordar el tema. Según la carta a la que ha tenido accedo ElNacional.cat, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha hecho circular un memorándum en el que se plantea añadir un nuevo artículo al proyecto de reglamento para dejar todavía más claro que España se hace cargo de los costes derivados de la medida. Esta inclusión busca disipar las dudas de algunos gobiernos, especialmente el de Alemania.

La propuesta mantiene el tema en la agenda como punto de debate, con la opción de que se pueda someter a votación si hay suficiente consenso. El texto recuerda que España ya asumió gastos similares en acuerdos con instituciones europeas en 2005 y 2006, sin que entonces hubiera objeciones. El memorándum subraya también que ninguna otra lengua cumple los requisitos para seguir este mismo camino, y que no hay que modificar los tratados europeos para hacer efectiva la oficialidad de las tres lenguas.

Implementación escalonada a partir del 2027

La propuesta española, ya presentada en el Consejo de Asuntos Generales del pasado 27 de mayo, apuesta por una aplicación parcial y progresiva de la oficialidad, que empezaría en 2027. En una primera fase, se prevé garantizar solo la traducción al catalán de la normativa aprobada por el Consejo y por el Parlamento Europeo. Las otras obligaciones asociadas a la oficialidad quedarían aplazadas hasta que el Consejo decida su activación. "La propuesta de España para el pleno reconocimiento del vasco, el catalán y el gallego como lenguas oficiales de la UE replica la secuencia seguida para el reconocimiento del gaélico en 2005", recuerda el ejecutivo español.

Siete condiciones para evitar peticiones similares

Con el objetivo de cortar posibles demandas similares de otros países, el Gobierno ha incluido una lista de "requisitos estrictos" que cualquier lengua tendría que cumplir para poder aspirar a ser oficial en la UE. Entre ellos: que tenga reconocimiento oficial desde hace más 40 años en el estado que lo solicita, que se utilice en la legislación de este territorio, que sea lengua de trabajo habitual y que el estado se comprometa a financiar íntegramente el coste.  "Ninguna otra lengua cumple simultáneamente todos los requisitos propuestos", defiende el ministerio de José Manuel Albares en el memorándum, que también afirma que la modificación del régimen lingüístico de la UE propuesta por España "es una oportunidad para establecer criterios claros y estrictos" para futuras peticiones.

En la reunión de mayo, varios países —como Alemania, Suecia, Italia, Croacia, Austria, Finlandia o Chequia— mostraron reservas y reclamaron aclaraciones legales. Los servicios jurídicos del Consejo de la UE habían alertado de que la medida podría requerir una reforma de los tratados, cosa que España desmiente. El gobierno alemán, de hecho, advirtió que podría votar en contra si España insistía en forzar una decisión. Italia solicitó un dictamen formal a los servicios jurídicos. En cambio, países como Irlanda, Portugal, Bélgica, Rumania, Hungría, Dinamarca, Eslovenia y Chipre han expresado su apoyo a la propuesta.