La imagen de la Justicia con los ojos vendados simboliza su imparcialidad. Significa que no mira a quien tiene delante: ni su riqueza, ni su poder, ni su condición. Ante la ley, todos somos iguales, y la venda es el recordatorio de ello. Sin embargo, observando el comportamiento de los tribunales en los últimos tiempos, aquí y fuera de aquí, hemos de concluir que la Justicia se ha quitado la máscara, y la prevaricación —que consiste en dictar sentencias injustas sabiendo que lo son— es una práctica habitual que además suele quedar impune.
Esta semana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo español e incluso el Tribunal Supremo de Estados Unidos, han vuelto a demostrar que su proceder no depende tanto de qué se juzga como de a quién se juzga, lo cual nos recuerda la denuncia de Kafka en El proceso sobre el sistema judicial opaco, absurdo y burocráticamente laberíntico que evidencia la impotencia del individuo frente al Poder.
De menor a mayor. El Tribunal Supremo español está empeñado en cargarse al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Pensaba que podría hacerlo solo acusándolo de una tontería, porque sería lógico que un fiscal general bajo sospecha renunciara al cargo. Sin embargo, el fiscal general, sabiendo que es materialmente imposible demostrar su culpabilidad, ha optado por aceptar el desafío, convencido de que el Tribunal no será capaz de condenarlo sin pruebas evidentes.
Eso no significa que el fiscal sea del todo inocente. Se lo acusa de revelación de secretos por haber filtrado a los medios una información sobre el novio de la presidenta madrileña. Puede que no fuera él quien se manchó las manos, ya que en la fiscalía trabajan muchos fiscales e infinidad de funcionarios, pero la filtración se hizo por interés del Gobierno y, por si acaso, el fiscal general se apresuró a borrar completamente el contenido de su teléfono móvil.
Ahora bien, ¿tanto alboroto por una filtración? Las filtraciones en el ámbito judicial son el pan de cada día de los periodistas que cubren tribunales y policía, y siempre el filtrador lo hace por interés. También es frecuente la filtración de informaciones falsas, como se ha demostrado que ha hecho el asesor de la presidenta Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Sin ir más lejos, se filtró el informe de la Guardia Civil sobre el caso Koldo; se filtraron informes policiales falsos sobre supuestas fortunas ocultas en el extranjero de Artur Mas y Xavier Trias. En ambos casos, la intoxicación alteró los resultados electorales, y todo quedó impune.
En el caso del fiscal general, los jueces y fiscales del Tribunal Supremo se han tomado tan en serio la filtración no tanto por el hecho en sí, sino por la persona. ¿Por qué le tienen tantas ganas? Porque Álvaro García Ortiz se ha pronunciado a favor de la constitucionalidad de la ley de amnistía, en contra del Tribunal Supremo, y específicamente de los fiscales del procés, a los que además ordenó aplicar la ley de amnistía a todos los procesados y condenados por el referéndum del 1 de octubre. Eso no se lo van a perdonar. Empezaron reprobándolo, exigiendo su dimisión, intentaron que no participara en la apertura del año judicial, y ahora remueven cielo y tierra para condenarlo.
El TEDH se fundó para proteger a los ciudadanos ante la vulneración de derechos por parte de los Estados, pero esta semana el TEDH ha invertido su paradigma para defender al Estado español con argumentos terraplanistas
Otro ejemplo de justicia parcial y escandalosa ha sido la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando afirma que no se vulneraron los derechos políticos de los líderes del procés durante la campaña electoral de 2017. Es tanto como decir que la Tierra es plana. No tenían sentencia firme, eran candidatos y se les impidió intervenir, alterando de forma evidente el resultado electoral. Incluso a Jordi Turull lo encarcelaron en pleno debate de su investidura como president.
La vulneración de derechos, tan evidente para el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias, no lo es para el TEDH, que justifica las medidas cautelares del juez Llarena por la peligrosidad de los detenidos, a quienes Llarena equipara a asesinos y terroristas. El TEDH se fundó precisamente para atender denuncias de violaciones de derechos de los ciudadanos perpetradas por los Estados, que suelen ser los violadores. Ahora parece que los jueces del TEDH se han quitado la máscara y prefieren defender al Estado frente a según qué ciudadanos, atendiendo las oraciones de la magistrada española del tribunal, María Elósegui, numeraria del Opus Dei, que Dios la perdone.
En Estados Unidos, el Tribunal Supremo (SCOTUS) pone en duda que sea legal la política arancelaria de la Administración Trump, y hay una enorme expectación sobre la sentencia porque hasta ahora la Corte Suprema ha dado la razón casi sistemáticamente al presidente. Sería la excepción que confirma la regla. A pesar del impulso que dio al golpe de Estado del 6 de enero, el SCOTUS declaró su inmunidad. Desde el comienzo del segundo mandato de Trump, el Tribunal Supremo se ha puesto del lado del gobierno en casi dos docenas de órdenes a corto plazo, entre ellas recortes en programas sociales, de educación, de sanidad, de cooperación y de derechos de las minorías.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos lo integran nueve magistrados que son designados por el presidente, pero que deben ser confirmados por el Senado por mayoría absoluta, y son nombrados a perpetuidad. La razón de que el cargo sea vitalicio tenía como objetivo garantizar la independencia judicial, evitando presiones políticas o electorales. Ahora mismo, sin embargo, seis de los nueve miembros del Tribunal fueron designados por presidentes republicanos. Desequilibraron la Corte bloqueando el nombramiento del sustituto del juez Antonin Scalia, que murió repentinamente en el último mandato de Obama. La maniobra filibustera fue lo que permitió a Trump designar a los tres magistrados de ideología conservadora que tan a menudo le dan la razón.
Interpelado el líder chino sobre cuándo China será democrática, Xi Jinping respondió sin rodeos: “Antes Occidente será como nosotros que China como vosotros”
Me han contado que, no hace mucho, en una reunión en Suiza, un empresario europeo global preguntó al líder chino Xi Jinping cuándo China sería un país democrático, y Xi respondió sin rodeos: “Antes Occidente será como nosotros que China como vosotros”.