El catalán continuará sin ser oficial en la Unión Europea y Pedro Sánchez mantendrá incumplido uno de sus grandes compromisos adquiridos con Junts per Catalunya en esta legislatura. La votación para otorgar este estatus a las lenguas catalana, vasca y gallega ha quedado pospuesta nuevamente este martes ante la falta de unanimidad entre los 27 estados miembro en la reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE. Aproximadamente una decena de países han pedido más tiempo al Gobierno al ver este debate demasiado prematuro. De hecho, socios como Finlandia, Croacia, Suecia y Austria han llegado al encuentro sin esconder sus reticencias a la medida; y también habrían planteado sus dudas dentro del cónclave países como Italia, Alemania, Francia, Estonia, Letonia, Lituania y República Checa. Las inquietudes son fundamentalmente financieras y legales. Desconfían que España pague indefinidamente este gasto y temen que haga falta una reforma de los Tratados de la UE. Los países que sí que avalaban la oficialidad de estas tres lenguas son Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, Hungría, Bélgica y Portugal.
El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, de todos modos, ha cifrado en solo siete el número de países escépticos con la medida. En una entrevista en TV3 una vez se ha tomado la decisión de aplazar la votación, ha señalado que esta misma tarde llamaría a sus homólogos de estos estados para retomar la negociación y escuchar "cualquier propuesta" que le puedan hacer. Ha reiterado que la oficialidad del catalán es "irreversible" y está cada vez más cerca, y también ha reiterado la disposición del Gobierno de acabar yendo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La propuesta que España ha planteado en esta reunión era votar la oficialidad del catalán con un plan de implementación progresiva y realista. La oficialidad no se habría materializado hasta 2027, cuando se habrían traducido los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, cosa que en la última legislatura supuso menos del 3% de todos los actos jurídicos. Eso habría comportado que la reforma incluyera una "derogación" inmediata de ella misma. Es decir, que las instituciones europeas no habrían estado obligadas a redactar todos sus actos legislativos ni a publicarlos en el Diario Oficial de la UE en catalán, vasco y gallego. Los estados habrían tenido que abordar en un plazo de como máximo cuatro años la revisión del acuerdo para decidir si se mantendría o se pondría fin a la derogación.
El Gobierno también había hecho circular un documento en el que se argumenta que dar el estatus de lengua oficial de la UE al catalán, el vasco y el gallego no supondría un precedente para otras lenguas; el temor de los países bálticos es que eso suponga abrir las puertas al ruso. Los argumentos que utiliza actualmente Madrid para pedir al resto de capitales que avalen la medida es que estas tres lenguas son tan "españolas" como lo es el castellano, en tanto que están reconocidas como oficiales en la Constitución, ya se pueden utilizar con normalidad en el Congreso, y se trata de garantizar los derechos lingüísticos de los millones de personas que viven en los Països Catalans, Euskal Herria y Galicia. Además, España se ha comprometido siempre a pagar de su bolsillo el gasto económico de esta oficialidad del catalán, el vasco y el gallego, que se calcula en unos 130 millones de euros anuales.
Una nueva cruzada catalanófoba del PP para sabotear la oficialidad
El Gobierno presionaba a los países para que se sumaran a su propuesta y avalaran la oficialidad del catalán. Pero también había quien estiraba la cuerda desde el otro lado. En una nueva cruzada catalanófoba, el PP ha emprendido en los últimos días una ofensiva diplomática para pedir a los gobiernos europeos de su familia política que se opongan a la medida. Santi Rodríguez, portavoz de los populares catalanes, incluso se vanagloriaba este lunes de ello.
Vox reveló, incluso, que el PP también les ha pedido a ellos que "intercedan" y convenzan a gobiernos europeos afines —de extrema derecha— para que veten la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Ha dado frutos la buena relación entre Alberto Núñez Feijóo y Antonio Tajani, actual ministro de Asuntos Exteriores de Italia. Las conversaciones entre los dos han provocado que el ejecutivo de Giorgia Meloni haya liderado la oposición a la oficialidad de estas tres lenguas.
El compromiso de Sánchez con Junts
Junto con la ley de amnistía y la delegación a la Generalitat de las competencias en inmigración, la oficialidad del catalán en Europa es uno de los grandes compromisos adquiridos por Pedro Sánchez con Junts per Catalunya en esta legislatura. Los independentistas insisten en que todo es cuestión de voluntad política y capacidad de presión y acuerdo con los otros 26 países de la Unión Europea. Pero el Gobierno ha defendido siempre que es difícil porque cada estado tiene su respectiva realidad lingüística (temen que abrir la puerta al catalán, vasco y gallego implique tener que abrirla a otros idiomas, como el ruso en el caso de los países bálticos), y otros ejecutivos conservadores quieren ser fieles al PP español.