El nuevo sistema de financiación pactado entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras cuenta con una oposición casi total. Más allá de las críticas de Junts per Catalunya —sus votos son imprescindibles para aprobarlo en el Congreso de los Diputados—, el PP y los gobiernos manchego y asturiano de los socialistas Emiliano García-Page y Adrián Barbón han llegado este miércoles a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en pie de guerra, con un rechazo frontal al nuevo modelo. Ante tanta oposición, fuentes del Ministerio explican que en el arranque de esta reunión Montero ha ofrecido a las autonomías que la adscripción al nuevo modelo sea voluntaria. Es decir, podrán decidir libremente si aplican el nuevo modelo o se quedan con el rendimiento que ofrece el vigente.

Se trata de una prerrogativa que no es nueva; ya aparece en la actual ley aprobada en 2009. Y, de hecho, en 1996, cuando se reformó el sistema de financiación con José María Aznar en la Moncloa, autonomías como Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha no lo aceptaron. Estos territorios continuaron con el anterior sistema, que era de 1993. Montero también ha comunicado a las comunidades que iniciará una ronda de reuniones bilaterales de carácter técnico para "profundizar en el modelo" y añadirle algunas modificaciones.

Estas modificaciones se añadirían en un texto que debería aprobarse en una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se prevé que el texto salga adelante porque el Gobierno y Catalunya tienen mayoría absoluta en este órgano. El siguiente paso sería aprobar el nuevo modelo en el Consejo de Ministros como anteproyecto de ley orgánica. Después, se deberán recibir todos los informes pertinentes de organismos como el Consejo de Estado y llevar la propuesta al Congreso ya en forma de ley orgánica de reforma de la LOFCA, la norma sobre la financiación de las comunidades

En la cámara baja, el Gobierno se encontrará, previsiblemente, con el ‘no’ de PP y Vox y la reticencia de Junts, que ya ha avanzado que no dará apoyo a ningún modelo que no suponga un concierto económico completo. También otros socios parlamentarios habituales de Sánchez, como el BNG, Compromís o la Chunta Aragonesista, han mostrado su distancia con la propuesta pactada con Junqueras. Este lunes, el presidente del ejecutivo se comprometió a “sudar la camiseta” para conseguir que el partido de Carles Puigdemont se sume a la propuesta.

El Govern pide un debate sin "anticatalanismo"

Este miércoles, minutos antes de que comenzara la reunión, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha pedido al resto de autonomías un debate “sereno, racional y con datos sobre la mesa”, alejado del “anticatalanismo”. La socialista catalana ha salido en defensa del nuevo modelo porque es "más justo y equitativo" que el actual. Ha remarcado que todas las comunidades "ganan", por lo que ha cargado contra el PP por sus críticas al nuevo sistema. Así, ha resaltado que un 70% de los 20.975 millones de euros más que supondría el nuevo sistema va a parar a comunidades gobernadas por los populares. De esta cifra, 4.700 millones serán para Catalunya. El nuevo modelo respeta, en el caso de Catalunya, el principio de ordinalidad: la autonomía sería la tercera en aportar y recibir.