365 días después de los abrazos y las sonrisas de los diputados de Junts y ERC en el patio del Congreso celebrando la aprobación de la ley de amnistía habiendo superado un tempestuoso recorrido parlamentario, la norma del olvido penal continúa lejos de su total aplicación. Uno de los principales responsables de que no haya tenido los efectos por los que fue impulsada ha sido el Tribunal Supremo que, desoyendo el espíritu, el redactado y la exposición de motivos de la ley, se ha negado repetidamente a amnistiar la malversación atribuida al 1 de octubre. Eso ha dejado fuera, de momento, a Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig (en el exilio en Bélgica), así como a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa (condenados en el juicio del procés, que continúan inhabilitados). Uno de los puntos de inflexión llegará dentro de poco más de un mes, cuando el Tribunal Constitucional emita el primer veredicto al pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP. Ahora bien, la conclusión del TC sobre la constitucionalidad de la ley (se da por hecho que la mayoría progresista avalará su encaje con la Carta Magna) no servirá para que Carles Puigdemont pueda volver en libertad a Catalunya.
🔎 El maratón de la ley de amnistía: seis meses contra los jueces rebelados y las maniobras de la derecha
Fuentes conocedoras del Tribunal Supremo confirman a ElNacional.cat que el magistrado Pablo Llarena no se siente concernido ni interpelado por la sentencia relativa a la constitucionalidad de la ley de amnistía, dado que su interpretación es que el caso del líder de Junts queda fuera de su perímetro. Por lo tanto, no tomará ninguna nueva decisión sobre su situación judicial y continuará en vigor la orden española de detención. Las mismas voces indican que el instructor no dará un nuevo paso hasta que el Constitucional resuelva el futuro recurso de amparo. Y para que llegue este capítulo todavía falta mucho tiempo. De momento, Puigdemont está esperando que el Supremo resuelva el último eslabón antes de que Gonzalo Boye, su abogado, dé el salto al TC: el incidente de nulidad. De hecho, fuentes del Constitucional consultadas por ElNacional.cat se expresan en la misma dirección. Y añaden que el recurso del PP no aborda ni cuestiona el artículo referente a la malversación (solo la menciona de paso hablando de las euroórdenes). Por lo tanto, el TC no tiene previsto hacer un pronunciamiento en profundidad sobre esta cuestión cuando resuelva el recurso de los populars, cosa que no dará armas a Puigdemont y compañía para exigir ser amnistiados.
En las filas de Junts y ERC, se vive con resignación e impotencia esta realidad. “Los Llarena y Marchena, la gente que forma la corteza de la toga nostra que se rebelan contra el poder legislativo parasitarán hasta el último minuto y hasta que desde Europa les llamen al alto. A finales de junio, es muy difícil que toda aquella gente que todavía no estamos beneficiados de la amnistía nos podemos beneficiar”, reconoce el secretario general de Junts, Jordi Turull, en declaraciones en la ACN. “Se consiguió políticamente hace un año. Una gran victoria política y un fracaso judicial de una parte del Estado español podrido que va en contra de su propio gobierno, de instituciones absolutamente democráticas y de unos partidos y unas ideas simplemente porque no les gustan”, lamenta el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. De momento, según datos de Alerta Solidaria, de las 499 personas a las que se ha revisado la causa penal, 328 han sido amnistiadas. De todos estos beneficiados, 173 son manifestantes, 129 son agentes (de los Mossos d’Esquadra, de la policía española o de la Guardia Civil) y 26 son políticos. En los otros casos, la amnistía se ha denegado a 103 encausados y 68 casos se han derivado a otros tribunales.
Del 11 de junio al 30 de septiembre: los 111 días del Supremo para hacer embarrancar la amnistía
Después de un parto largo y no exento de complicaciones en el Congreso (con un voto en contra de Junts el 30 de enero para dar tiempo a la negociación al PSOE para poder blindar el redactado) y en el Senado (con una cruenta ofensiva del PP para dilatar al máximo el recorrido), la amnistía tardó casi dos semanas en pasar de la Carrera de San Jerónimo al Boletín Oficial del Estado. Finalmente, entró en vigor el martes 11 de junio, dos días después de las elecciones europeas del 9-J. Y el Supremo necesitó poco más de cuatro horas (entre la publicación del BOE y el primer auto de Pablo Llarena y la Sala de lo Penal) por emprender una cruzada para obstaculizar la aplicación plena de la ley. Fue a media mañana cuando llegó la primera jarra de agua fría: Llarena mantenía la orden de detención contra Puigdemont, Comín y Puig, una decisión que tomaba aunque la norma deja claro que el juez tenía que acordar el “alzamiento inmediato de cualesquiera medidas cautelares”. Oídos sordos. Y una vez el Supremo abrió la veda, fueron sucediéndose las negativas a cumplir el mandato de la amnistía.
La siguiente maniobra de Llarena para esquivar la amnistía fue el 1 de julio, con un auto en el que se negó a amnistiar a Puigdemont aduciendo que la malversación queda fuera del perímetro de la norma: “Los actos de disposición del patrimonio de la Administración estuvieron radicalmente vinculados a un beneficio personal y tuvieron un carácter patrimonial marcado, habiendo permitido que los encausados obtuvieran determinados bienes y servicios sin disminución de su peculio o patrimonio”, argumentó. Dos meses más tarde, él mismo confirmó esta decisión. Y hace un mes, la Sala de Apelación del Supremo lo ratificó.
La Sala de lo Penal, presidida entonces por Manuel Marchena, calcó el razonamiento para negar la amnistía a Junqueras, Turull, Bassa y Romeva, que siguen inhabilitados: lo concluyó el 1 de julio y lo mantuvo el 30 de septiembre alegando que el 1-O supuso un “enriquecimiento personal de carácter patrimonial”. Asimismo, esta semana el Supremo ha denegado la amnistía a Eulàlia Reguant por negarse a contestar a Vox durante el juicio del procés. Quien sí que fue amnistiada fue Marta Rovira, que quedó exonerada de la acusación de desobediencia.
La cuenta atrás hasta la sentencia del TC
Mientras continúa la obsesiva cruzada del Supremo contra el independentismo, el Tribunal Constitucional tiene la llave que tiene que permitir la aplicación de una amnistía plena y completa a todos los líderes del procés. ¿Cómo? A través de los recursos de amparo que han ido presentando (y que presentarán más adelante) denunciando una vulneración de derechos fundamentales. De momento, ha admitido a trámite los que presentaron Junqueras, Bassa y Romeva (en una primera tanda) y el de Turull. Pero su resolución será, como temprano, en otoño. El paso más inmediato que dará el TC es resolver el recurso del PP. Cogemos agendas. Según ha podido saber ElNacional.cat, el próximo lunes, 2 de junio, la ponente del recurso del PP, la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, repartirá a todos a los magistrados el texto de la ponencia. Es decir, el primer borrador de la sentencia. En el pleno de la semana siguiente, el 10 y 11 de junio, ella intervendrá para exponer sus argumentos jurídicos. Y habrá una semana más para que los magistrados puedan seguir estudiando el texto. Finalmente, el TC celebrará un pleno monográfico del 24 al 26 de junio que tendrá que culminar con la decisión final.
Así pues, tal como quería Cándido Conde-Pumpido, el Constitucional se podrá marchar de vacaciones de verano con la primera sentencia emitida. A partir de septiembre, entrarán en juego los quince recursos de las comunidades autónomas. En general, abordan cuestiones parecidas, pero fuentes jurídicas relatan a este medio que algunos abordan cuestiones específicas, como la competencia del Estado para aprobar una amnistía o la forma de la norma como ley orgánica u ordinaria. Ahora bien, la mayor parte del trabajo de fondo se habrá hecho con el primer pronunciamiento, dado que el recurso del PP ataca la globalidad de la norma. Posteriormente, el TC tendrá que abordar las cuestiones de inconstitucionalidad de la Sala de lo Penal del Supremo y del TSJC y los recursos de amparo. Será entonces cuando pueda concluir que el Supremo tiene que amnistiar la malversación. Pero no será tan fácil. Porque el Supremo advirtió hace ocho meses que se guardaba la carta de recurrir a Europa en caso de que esta fuera la decisión del TC.
Pólvora mojada del PP a la desesperada para intentar retrasar el veredicto del Constitucional
Los bastones en las ruedas en el recorrido de la amnistía han sido un continuo desde que se aprobó. Las últimas maniobras de obstaculización las ha protagonizado el PP, guiado por los magistrados conservadores del TC. Inicialmente, fueron César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel los que pidieron que se parara la tramitación de la amnistía hasta que Europa se pronuncie. Ahora bien, el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, les frenó los pies. Y los populares recogieron el guante y, como parte en el litigio, hicieron la misma petición y reclamaron que la sentencia sobre su recurso esperara al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero el TC también lo descartó. Fuentes jurídicas consultadas por ElNacional.cat aducen que la petición se hizo fuera de plazo y que, por lo tanto, no tenía recorrido.
Lo mismo pasó con la demanda que planteó pocos días después de que Conde-Pumpido se apartara de la deliberación porque su mujer era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando emitió dos posicionamientos públicos contra la amnistía. Ahora bien, también se quedó en papel mojado. Y un desenlace idéntico han tenido las pretensiones del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, que también quería frenar la tramitación para preguntar al TJUE sobre siete puntos concretos de la ley, como la seguridad jurídica, el delito de malversación o una presunta discriminación ideológica.
La cruenta batalla en el seno de la Fiscalía
Volvemos atrás. Uno de los primeros contratiempos a los que tuvo que hacer frente la amnistía justo después de ser aprobada fue la ofensiva de los cuatro fiscales del procés: Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno se erigieron en férreos opositores a la norma del olvido penal. El mismo día que el Congreso hacía la votación definitiva, denunciaron en un escrito que entregaron al fiscal general del Estado que la amnistía era una ley “absolutamente arbitraria” en su “gestación, tramitación y finalidad” y mostraron su oposición frontal a amnistiar la malversación.
Dos semanas más tarde, el 12 de junio, al día siguiente de la entrada en vigor de la ley, ratificaron su negativa: “Resulta indudable que [los líderes del procés] sustrajeron para sí mismos caudales públicos en forma de millones de euros”, cosa que implica un enriquecimiento personal, ya que pudieron disponer de fondos públicos para sus finalidades ilícitas, esgrimieron. Y son los mismos argumentos que más tarde abanderaría el Supremo para justificar que la malversación no está incluida en la amnistía. Dos días después, el fiscal general del Estado enmendó de raíz a los fiscales del Supremo y les ordenó ser partidarios de amnistiar la malversación. Eso desembocó en la convocatoria de una Junta de Fiscales, que avaló dividida el criterio de Álvaro García Ortiz, que relevó a los cuatro fiscales díscolos.
Las defensas de ERC y Junts piden al TJUE una vista para debatir las prejudiciales del Tribunal de Cuentas
En paralelo a todo eso, la amnistía tiene su propio recorrido en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Las primeras cuestiones prejudiciales que se resolverán son las que impulsó el Tribunal de Cuentas, que elevó ocho cuestiones prejudiciales con la oposición de la Fiscalía y las defensas y el único aval de Sociedad Civil Catalana. La consejera del tribunal, Elena Hernáez, que juzgó a los presidents Artur Mas y Carles Puigdemont y al exvicepresident Oriol Junqueras, junto con una treintena de excargos, acusados de hacer un gasto de 3,4 millones de euros para la organización del 1-O y para la promoción de Catalunya al exterior, suspendió la sentencia hasta que el TJUE responda. Eso sí, mantuvo las medidas cautelares consistentes en conservar en el Tribunal de Cuentas los 5,4 millones de fianza. Ahora, según ha podido saber ElNacional.cat, la mayoría de las defensas de los cargos de Junts y ERC han pedido al TJUE que se haga una vista para debatir la cuestión. Está previsto que en breve llegue una respuesta desde Luxemburgo.