El Partido Popular solicitará este lunes al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que se abstenga del debate de su recurso contra la ley de amnistía, previsto para el 24 de junio, ya que su mujer, la magistrada Clara Martínez de Careaga, participó en un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre esta norma. Desde el PP explican que los argumentos utilizados en la recusación del magistrado conservador José María Macías han alterado la doctrina del mismo tribunal de garantías, y por eso entienden que "este cambio de interpretación" tiene que extender sus efectos al resto de sus miembros, empezando por su presidente.
El tribunal apartó Macías al explicar que resulta inevitable calificar su participación en la elaboración y aprobación del informe del CGPJ como "participación directa o indirecta en el asunto objeto del pleito y causa", así como que con ocasión de su cargo de vocal al Poder Judicial pudo tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida". A partir de este caso, el PP alegará que la participación de Martínez de Careaga a la emisión de este mismo informe del CGPJ sobre la amnistía, cuando era vocal, "constituiría igualmente una indiscutible causa de abstención o recusación". Por este motivo, la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo considera "inaceptable que Conde-Pumpido aplique a otros magistrados causas de abstención o recusación que no se aplica a sí mismo".
Por otra parte, denuncian que en caso de no abstenerse, se pondrá de manifiesto que hace "una interpretación selectiva de la Ley", cosa que reflejaría "una manipulación insostenible" de la composición del Tribunal, "infringiendo los más elementales estándares exigibles en un estado de derecho".
Las maniobras del PP para frenar la amnistía
A mediados de esta semana, y después de saberse que la previsión del TC es aprobar la sentencia sobre la amnistía en un pleno monográfico que se celebrará entre el 24 y el 26 de junio, los diputados del PP ya presentaron un escrito al Constitucional solicitante que se suspenda el debate de su recurso de inconstitucionalidad hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales que tiene sobre la mesa. Es lo mismo que reclamaron los magistrados conservadores César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, y que Conde-Pumpido, descartó. "El control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional es independiente de las decisiones de otros órganos jurisdiccionales", justificó el TC.