Seis meses después de que Junts y el PSOE acordaran la ley para delegar las competencias en inmigración a la Generalitat de Catalunya, el Congreso de los Diputados ha puesto fecha al primer debate y votación de la iniciativa. Será la toma en consideración, el primer examen parlamentario al que se tiene que someter una proposición de ley (después los partidos pueden presentar enmiendas para modificar el redactado), que se ha fijado para el próximo martes, 23 de septiembre. Fuentes parlamentarias apuntan a ElNacional.cat que así lo ha confirmado Junts en la Junta de Portavoces de la Cámara Baja. Sin embargo, lo más probable es que descarrile porque Podemos, igual que expresó el primer día, mantiene la negativa total a dejar que el texto pase el filtro, según reiteran a este medio fuentes de la formación morada. ¿Por qué se votará la semana que viene? El motivo es que Junts tenía cupo para incluir una proposición de ley en el orden del día y no tiene ninguna otra iniciativa legislativa registrada para poner encima de la mesa. Para evitar la votación, hubiera podido registrar otra ley o retirar el texto. De hecho, en los últimos meses, el PSOE hubiera podido dar el paso, pero (consciente de las reticencias de Podemos), siempre ha optado por debatir otras iniciativas y dejar aparcada esta ley.
📝 Los detalles del acuerdo Junts-PSOE sobre inmigración: Mossos en la frontera y gestión de las expulsiones
El PSOE no comparte las prisas de Junts. “A nosotros nos gustaría siempre tener más tiempo para negociar las cosas y que los asuntos llegaran aquí con la garantía de que pueden ser aprobados”, ha alegado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, en rueda de prensa. “El cupo era de Junts, la decisión era de Junts y nosotros aprovecharemos al máximo el tiempo que tenemos para negociar y para ver si conseguimos que salga adelante”, ha añadido. “La responsabilidad de los tempos, en esta ocasión, no corresponde al Grupo Socialista”, ha remachado. Y ha reivindicado el papel del PSOE: “Hemos cumplido nuestros compromisos y llevamos la iniciativa esperando que se apruebe, negociando para que cuente con la mayoría de esta cámara”.
Cuando anunció el acuerdo, Junts reivindicó que, con esta ley, Catalunya podría “desarrollar un modelo propio y una política integral”, dado que en “todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración”, las instituciones catalanas tendrían una “posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del Estado español”. Las principales novedades de la proposición de ley de Junts y el PSOE son que los Mossos d’Esquadra actuarán en la frontera y estarán presentes en puertos y aeropuertos, que la Generalitat expedirá el documento de identidad para los extranjeros, que Catalunya gestionará las expulsiones y devoluciones de extranjeros y los Centros de Internamiento de Extranjeros y que se configurará una “ventanilla única” de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración. Además, Catalunya podrá exigir el catalán para evitar la expulsión. La ley estipula que, en materia lingüística, “se aplicarán las previsiones de la legislación vigentes al ejercicio de las competencias delegadas”.
El enfrentamiento entre Junts y Podemos
La primera respuesta de Podemos después de conocer la ley llegó a través de Ione Belarra. “Los socialistas han pactado dar las competencias en inmigración a un partido antiinmigración que compite con la ultraderecha catalana, no se hará con nuestros votos”, advirtió en X. “Lo que es urgente en nuestro país es la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular de regularización que hace más de un año que espera”, añadió. Por su parte, Carles Puigdemont reivindicó la competencia como una “competencia de Estado”. “Sabemos que sin inmigración no hay progreso, pero sin integración no hay nación”, esgrimió. “Todo lo que tiene que ver con la vida de un extranjero en Catalunya pasará por la Generalitat”, celebró. “Los postulados racistas nos obliga a hacer cambios en la manera de gestionar los fenómenos de nuestra inmigración, para garantizar y favorecer la convivencia”, justificó.
La última disputa dialéctica entre Junts y Podemos sobre esta cuestión fue a finales de agosto. La eurodiputada Irene Montero volvió a vincular el acuerdo con el racismo: “No tiene nada que ver con las competencias, sino con una cuestión de racismo, porque vuelve a situar la inmigración como un problema”, verbalizó en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio. “Si de lo que se habla es de validar una política migratoria nociva para las personas inmigrantes, con Podemos no podrán contar”, apostilló. Más tarde, el eurodiputado Toni Comín le replicó que la concepción de la dirigente de Podemos es “sorprendente e inquietante”. “¿No entiende que una adecuada estrategia de integración beneficia la población recién llegada y la población autóctona? ¿No entiende que la mejor forma de garantizar esta integración es transferir las competencias de inmigración a la Generalitat?”, se preguntó en X. Y defendió que el traspaso de competencias en inmigración es la “mejor forma de combatir el racismo de la ultraderecha”.
Mossos en la frontera y gestión de las expulsiones
Uno de los cambios sustanciales tiene que ver con la policía catalana, que gestionará la seguridad de puertos, aeropuertos y las zonas críticas en cooperación con el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional) y actuará en la frontera en coordinación con la policía española para “cumplir las competencias” de la nueva ley. Asimismo, los Mossos ejercerán la competencia para la “prevención, persecución, protección y asistencia” a las víctimas de tráfico y explotación de seres humanos.
Asimismo, Catalunya gestionará las devoluciones de extranjeros (cuándo tengan prohibición de entrada) y ejercerá la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos (incluida la resolución y ejecución): instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente de devolución y formulará la propuesta en las expulsiones que requieran expediente a través de la valoración previa de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Catalunya. Además, Catalunya expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español, y gestionará integralmente los Centros de Internamiento de Extranjeros.