310 votos a favor y 33 votos en contra. El Congreso de los Diputados da un paso adelante para permitir la regularización extraordinaria de alrededores de 500.000 personas migrantes que viven y trabajan en el Estado: la Cámara Baja ha aprobado, con una inusual amplia mayoría, la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular impulsada por el movimiento Regularización Ya, que empezará ahora su recorrido parlamentario. Le han dado apoyo todos los partidos del hemiciclo, incluido el PP, mientras que Vox ha sido lo único que ha votado en contra. El texto, que consiguió recoger más de 700.000 firmas y el apoyo de 900 entidades, tiene un único artículo que da seis meses al Gobierno para aprobar un real decreto con el procedimiento para regularizar la situación administrativa de los extranjeros que se encontraban en territorio nacional antes del 1 de noviembre de 2021. Ahora, la iniciativa empieza a estudiarse en el Congreso, donde los partidos podrán presentar enmiendas para modificar o complementar su contenido. El PSOE y Junts ya han anunciado que lo harán. Poco antes de la votación, en la Carrera de San Gerónimo se han congregado decenas de personas celebrando esta primera luz verde con gritos de «Ninguna persona es ilegal» y pancartas de «Las fronteras matan» o «Sobrevivir no es delito».

 

Durante el debate, Josep Maria Cervera, diputado de Junts, ha confirmado su voto favorable a la iniciativa “por respeto a las 900 entidades que la han promovido y a las 600.000 personas que la han avalado con su firma”, pero ha puntualizado que su posición es “sin entrar en el fondo” del asunto. “Lo haremos porque hablamos de personas y derechos humanos, porque hay que buscar vías de solución a la actual situación, porque durante los próximos pasos podremos hacer las aportaciones que consideramos y porque somos los que más nos hemos cansado de reclamar que en los parlamentos se tiene que poder hablar de todo”, ha argumentado. Además, ha recordado que Junts pactó hace tres meses con el PSOE la “delegación integral” a la Generalitat de las competencias en inmigración mediante el artículo 150.2 de la Constitución para que el Gobierno pueda “implementar una política nacional propia que responda a los intereses y necesidad de Catalunya”.

Desde de ERC, Jordi Salvador ha defendido que esta ILP “tendría que tener un sí rotundo y unánime” del hemiciclo por “razones democráticas” y ha denunciado que la situación irregular es una “forma moderna de esclavitud” y expone a muchas personas a “la explotación laboral, a la vulneración de derechos básicos y a malvivir en infraviviendas”. “Si somos coherentes con los derechos humanos que decimos defender, no podemos permitir que miles de personas vivan en las más graves condiciones de precariedad y vulnerabilidad a causa de su situación administrativa irregular”, ha proclamado. “Estas personas son trabajadoras y trabajadores, son hermanos de clase”, ha añadido. Asimismo, ha subrayado que la regularización también beneficiaría “la economía y la sociedad receptora” y “aumentaría inmediatamente las contribuciones a la Seguridad Social e impulsaría la actividad económica legal”.

El PSOE reclama “dar dignidad” a las personas migrantes y el PP advierte de un presunto “efecto llamada”

Desde el PSOE, Elisa Garrido ha puesto de relieve que “es difícil” no estar de acuerdo con el objetivo de fondo de la ILP: “Dar dignidad y promover una situación administrativa regular a personas que viven en nuestro país y forman parte de nuestra sociedad”. Asimismo, ha expresado el “respeto” que tiene al PSOE por un “procedimiento de participación directa de los ciudadanos en la política legislativa”. En esta línea, en rueda de prensa, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, había manifestado que su ‘sí’ tiene la voluntad de no “despreciar la voluntad de casi 700.000 ciudadanos españoles que se han movilizado por esta cuestión”. Ahora bien, ha avisado de que el PSOE presentará enmiendas para abordar el fenómeno de la inmigración de forma “inteligente y razonable”: “No se trata ni de barra libre ni de cerrar fronteras, se trata de saber que un país como el nuestro necesita y necesitará a muchísimos inmigrantes”, ha justificado.

Por parte del PP, Sofía Acedo ha expresado la voluntad de los populares de abrir el debate para “retratar el Gobierno” y poder “conocer la población objetiva que se encuentra en una irregularidad sobrevenida”. Pero ha considerado que “no sería responsable ni positivo lanzar el mensaje que en España las vías irregulares de llegada acaban siendo homologables a través de los procedimientos extraordinarios de regularización”. Y ha reclamado “más medios técnicos y humanos en las oficinas de extranjería” y “más control de las fronteras”. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, había asegurado que los populares no son “insensibles” a estas demandas, pero ha advertido de un supuesto “efecto llamada” que podría tener la regularización.

“Visibilizar la población migrante y garantizar los derechos laborales”

La exposición de motivos de la ILP argumenta que la regularización extraordinaria permitirá “visibilizar la totalidad de la población migrante que reside en el país”, “compensar las desigualdades que presentan como punto de partida” y “garantizar los derechos laborales en condiciones de igualdad, reduciendo las situaciones de abuso y explotación”. También cifra en entre 390.000 y 470.000 las personas que residen en España de forma irregular, “de las que una tercera parte serían menores de edad”, y recuerda que en la Unión Europea hubo 43 programas de regularización en diecisiete estados miembros entre 1996 y 2008.

Además, el texto denuncia que la irregularidad supone un “déficit de gobernanza pública” y una “condena” a “la explotación laboral”, la “invisibilidad ante las instituciones”, la “desprotección legal” y “la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad”. Al mismo tiempo, alerta que “impide a muchos migrantes contribuir dignamente con capacidades que son esenciales para el sostén de la sociedad” y “limita las contribuciones fiscales de estos trabajadores a los impuestos indirectos de lo que consumen”.