El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, se ha presentado como acusación particular en la causa abierta a la Audiencia Nacional por la filtración de sus datos personal (entre las de otros líderes políticos y periodistas) en un canal de Telegram vinculado a Alvise Pérez, el eurodiputado ultraderechista en el Parlamento Europeo. Concretamente, se filtraron los teléfonos, los domicilios, DNIs y correos electrónicos de las personas afectadas, entre las cuales Junqueras. En el grupo, bajo el nombre "Chat sobre Alvise Pérez" había 92.000 personas que pudieron acceder a esta información crítica. Los hechos se investigan como delitos contra la seguridad nacional y un presunto delito de terrorismo. Entre los afectados también hay políticos del PSOE y miembros del Gobierno, empezando por su presidente, Pedro Sánchez, o la vicepresidenta María Jesús Montero y del Govern de la Generalitat, con Salvador Illa al frente. Al mismo tiempo, también se filtraron datos de exdirigentes del PP, implicados en el caso Cerdán como el mismo exnúmero 3 del PSOE y José Luis Ábalos.

La investigación que está llevando a la policía española respecto de esta filtración se centra en detectar donde está la brecha de seguridad, e incluso no se descarta que los hackers rastrearan datos que figuran en fuentes abiertas de la web y las haya indexado con otros datos más personales que ha podido robar para después venderlas a la dark web. La información se ha publicado a una web que se utiliza para ataques de doxing, un término que en el jerga de los hackers significa 'publicar datos personales con el objetivo que las víctimas sean asediadas de forma anónima'. Posteriormente, se han difundido a través de un canal de Telegram. El usuario que publicó los datos afirmaba a la vez que estaba preparando una página web para que sus simpatizantes suban datos personales de sus propias víctimas de doxing.

Causa contra Alvise

En mayo, la sala de lo penal del Tribunal Supremo acordó abrir una investigación contra Alvise Pérez, por los mensajes dirigidos a través de Telegram contra la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación de València, Susana Gisbert. La fiscal denunció al líder de la formación populista Se Acabó La Fiesta por los delitos de injurias a funcionario público, coacciones y delito de odio a través de redes sociales, al hacer un llamamiento a asediarla a internet, a través de X (antes Twitter) y Telegram, y un juzgado de València lo elevó al Supremo por el aforo del polémico político. El instructor del caso será el magistrado Juan Ramón Berdugo. En la resolución, comunicada este lunes, el alto tribunal español sostiene que la actuación del denunciado puede responder a las previsiones normativas del tipo penal de acoso, conocido como stalking, "porque su llamamiento al hecho de que un grupo próximo a los 40.000 seguidores expresara y desarrollara una animadversión hacia la denunciante, y el hecho que el denunciado insistiera en esta reacción después de que muchos de sus seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención en alterar el normal desarrollo de vida de la fiscal denunciante y su familia.