La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el Tribunal Supremo continúan investigando la presunta trama de corrupción de cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Y necesitan más información. En un oficio al que ha tenido acceso ElNacional.cat, la UCO pidió al juez Leopoldo Puente que rastree las cuentas de José Luis Ábalos en dos direcciones: quiere conocer las cantidades dinerarias abonadas al exministro por el Congreso de los Diputados en concepto de retribuciones, dietas, complementos u otras percepciones económicas de 2014 a 2024 y todas las donaciones que ha hecho él al PSOE en el mismo periodo, incluyendo información de la cuenta bancaria desde la que se hicieron. Ahora el magistrado ha accedido a ello y ha solicitado información a la Cámara Baja y a Ferraz con el “propósito de esclarecer las aparentes faltas de sintonía” en los datos disponibles sobre la “verdadera situación económica” de Ábalos. El Supremo librará el requerimiento a la Secretaría General del Congreso ante la “natural celeridad” por tratarse de una causa con preso, dado que Santos Cerdán entró la semana pasada en Soto del Real. Y esto podría acelerar la instrucción.
¿Cuál es la “falta de sintonía” a la que se refiere el juez? Tenemos que recurrir al oficio de la UCO, consultado por este medio, que pone encima de la mesa los datos que no concuerdan. La Guardia Civil, a quien el juez encomendó un informe sobre la situación económico-patrimonial de Ábalos y de su hijo, analizó las percepciones económicas del Congreso imputadas por la Agencia Tributaria al exministro (y actual diputado en el Grupo Mixto) y constató que llegaban a los 751.421,57 euros. Sin embargo, la “cuantía reflejada en sus cuentas” es de 79.841,74 euros. Más de 650.000 euros de diferencia. Asimismo, la Agencia Tributaria imputa a Ábalos haber realizado donaciones al PSOE por un total de 44.729,29 euros, mientras que en los productos bancarios “solo existe constancia” de pagos por un total de 8.471,36 euros. Esto es un decalaje de 36.000 euros. ¿Dónde está el resto del dinero? Es lo que ahora quiere esclarecer el juez.
El PSOE responde que recibió parte de las donaciones de Ábalos a través del grupo parlamentario
Tres horas después del requerimiento del Supremo, el PSOE ha salido al paso para “aclarar” el procedimiento de “aportaciones voluntarias” y de “cuota como militante” de los altos cargos y diputados y senadores socialistas. En un mensaje remitido a los periodistas, apuntan que, en el caso de los diputados, como José Luis Ábalos, “cada electo cobra su sueldo del Grupo Parlamentario Socialista, no del Congreso de los Diputados” y es de ese sueldo del que “se detrae la aportación voluntaria”. Asimismo, el diputado “paga una cuota al partido” como todos los militantes del PSOE y los altos cargos afiliados al PSOE “pagan una cuota voluntaria directamente al partido”. “Todas esas aportaciones están perfectamente declaradas ante la hacienda pública y fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas en aplicación de la Ley de Financiación de Partidos Políticos”, remachan desde Ferraz.
Yolanda Díaz reclama la “garantía” de que no ha habido financiación irregular del PSOE
Más allá del impacto procesal y judicial que pueda tener, el movimiento del Supremo es relevante políticamente porque algunos de los socios de Pedro Sánchez han puesto como línea roja que se descubra una financiación irregular del PSOE. “La ciudadanía española necesita la garantía de que no estamos ante un caso de financiación irregular del Partido Socialista”, reclamó Yolanda Díaz ayer durante la comparecencia del presidente español en el Congreso. Hace unos días, en una entrevista en Onda Cero, la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno puso el “límite” de su relación con el PSOE en una hipotética financiación ilegal del partido y esgrimió que eso sería una “línea roja” para continuar en el Gobierno.
En una línea parecida se expresó el líder de ERC en Madrid, Gabriel Rufián: “Si esto se queda en tres listos que se repartieron cuatro mordidas, usted se tiene que quedar. Porque a un Gobierno no se le puede tumbar con lo que tenemos sobre la mesa. Pero si esto escala, nosotros le vamos a obligar a que la gente decida”, avisó. Y la víspera del pleno, Compromís se sumó a la demanda: “El Partido Socialista tiene que comprometerse de que no hay financiación ilegal. Garantizar que no hay algo que no hay es difícil porque en un Estado de derecho se demuestra lo que hay. Pero en política no solo opera la presunción de inocencia, sino también la presunción de inteligencia”, verbalizó en una rueda de prensa.
El juez pide a la Seguridad Social la vida laboral de Santos Cerdán
En otro auto, Leopoldo Puente impulsa nuevas diligencias en relación con el resto de los investigados. Una de ellas es solicitar a la Seguridad Social que aporte la vida laboral entre 2014 y 2024 de Santos Cerdán, Koldo García y Patricia Úriz (su expareja), así como de los cinco empresarios investigados. El juez quiere “conocer el desempeño laboral desarrollado” y el “vínculo que hubieran podido mantener con determinadas personas físicas investigadas o con las empresas en cuyo ámbito y eventual beneficio operaban”. Los cinco empresarios son Antonio Fernández Menéndez, Daniel Fernández Menéndez y José Ruz, que declararon el viernes pasado y negaron haber pagado comisiones, y Fernando Agustín Merino y Antxon Alonso, que declararon el lunes y también se desmarcaron de los hechos.
Además, el Supremo solicita a la Agencia Tributaria información sobre sus cuentas bancarias y sus declaraciones fiscales del IRPF, el IVA y el impuesto de sociedades. También reclama información, entre otros, de las rentas explícitas e implícitas, los cheques, los fondos de inversión, las operaciones de seguros, los bienes inmuebles y muebles, las relaciones societarias, los bienes en el extranjero, las facturas emitidas y recibidas, las operaciones con terceras personas, los rendimientos del trabajo, de actividades económicas y procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos, las donaciones y los fondos de pensiones. Finalmente, el magistrado pide la misma información relativa a las empresas que podrían haber pagado comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones. Además, se dirige a la Hacienda Foral de Navarra para pedir los mismos datos sobre Antxon Alonso y Servinabar.
Toda esta información tiene que servir para “cruzar los datos bancarios con las correspondientes declaraciones tributarias” y conocer la “estructura personal de las diferentes empresas”, los “vínculos que pudieron existir entre las personas contratadas por unas y otras” y los “períodos de tiempo durante los que determinadas personas físicas pudieran haber prestado servicios profesionales para ellas”. El objetivo del juez es “confirmar o descartar los relevantes extremos que ya constan al respecto”.