Tres empresarios han declarado como investigados este viernes ante el juez Leopoldo Puente que investiga si participaron en una trama que cobraba mordidas a constructoras a cambio de obra publica, en la cual sitúa como líder el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, junto con su antecesor al partido y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, que grabó sus conversaciones sobre estas supuestas ilegalidades entre los años 2019 y 2023. Los tres han negado haber pagado mordidas, a preguntas del juez del Tribunal Supremo y del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, el cual como las acusaciones, no ha pedido su ingreso en prisión provisional -solo lo solicitó para Cerdán- y han pedido para ellos comparecencias quincenales en el juzgado y retirada del pasaporte. Estas medidas cautelares  tienen que ser acordadas ahora por el magistrado porque no puede decretar una prisión si no la pide una parte en el procedimiento. Los interrogatorios se han centrado en los WhatsApp entre ellos y Koldo, según recoge los informes de la UCO, y no se les ha preguntado por Cerdán, según fuentes de la defensa, que es el único en prisión provisional por este caso de corrupción.

Los investigados que han declarado son: José Ruz, vinculado a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), y los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez (el segundo en la foto de portada), de Obras Públicas y Regadíos (OPR). El lunes tienen que comparecer, también como investigados, Antxón Alonso, administrador único de Servinabar, y Fernando Merino, ex directivo de Acciona. Finalmente, el juez Puente ha acordado para los tres empresarios que se personen cada quince días en el juzgado, y solo en el caso de Ruz le retira el pasaporte y le prohíbe salir del Estado español, tal como ha solicitado la Fiscalía.

 

Reuniones con Ábalos

El instructor del Supremo imputó a los empresarios el mismo día que Cerdán -el 30 de junio- al considerar que "habrían podido intervenir en la indebida adjudicación" de obras públicas concretas a favor de sus respectivas empresas mediante "la realización de pagos" que podría haber recibido Ábalos, la condición de la cual de aforado delante del Supremo permite que el alto tribunal español investigue, al mismo tiempo que la Audiencia Nacional, una parte del llamado caso Koldo.

 Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que, en su declaración como investigado, Ruz ha reconocido que se reunió en varias ocasiones con el exministro Ábalos -en el domicilio del político y en otros lugares-, aunque no ha especificado qué asuntos trataron.

Respuesta a la prisión de Cerdán

Precisamente, este viernes el juez Puente ha trasladado el recurso de Cerdán, que reclama su libertad inmediata, al fiscal y a las acusaciones populares para que respondan el escrito, redactado por el penalista Benet Salellas, en un plazo de cinco días antes de elevarlo a la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que tiene que resolver si deja en libertad o lo mantiene en prisión provisional sin fianza. Salellas denunció el trato más estricto contra Cerdán y que es una "causa general" porque no hay indicios contra él.

Empresas bajo sospecha

A partir del informe incriminatorio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el juez le pidió que recoja información sobre las cuentas o productos bancarios que tengan a su nombre estos cinco empresarios, así como las sociedades Acciona, Servinabar, LIC y OPR. En concreto, la Guardia Civil tiene que analizar más de 500 cuentas bancarias.

La UCO identifica tres obras en Asturias, Teruel y la Autovía del Camino de Santiago adjudicadas a LIC por un valor total de 78,8 millones, "para presentar indicios de irregularidad en su tramitación". El juez Puente señala a José Ruz de LIC como "un elemento común a los principales investigados" y el conseguidor de la trama del caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama, "habiendo mantenido reuniones con todos ellos y dando novedades del resultado de las mismas a Koldo". Hay que recordar que Ruz ya declaró el febrero pasado en el Supremo por sus vínculos con De Aldama. Entonces, negó cualquier implicación en irregularidades, pero admitió que recurrió a él para cobrar una deuda.

Pregunta por Cerdán

El informe de la UCO localiza el primer contacto entre Ruz i Koldo por un correo electrónico que el empresario envió al exasesor el 19 de marzo de 2019 para presentarse como "dueño de una empresa constructora de València" y pedirle "una pequeña reunión".

La Guardia Civil sostiene que Ruz también pidió a Koldo hablar directamente con Cerdán -"El Navarro"- porque tenían "heridos inocentes" y "gente fuera del baile". "No es conveniente para la ganadería", le dijo en marzo de 2022. Según informa Europa Press, la UCO interpreta que el constructor se refería así a "los partidos políticos, y en este caso al PSOE".

Tres obras de los hermanos Fernández Menéndez

Con respecto a los hermanos Fernández Menéndez, cuñados de Merino, la Guardia Civil dice que fue precisamente este, "aprovechando su relación con Koldo desde que coincidieron en Navarra", quien los habría introducido en el 2018 en Transportes. Los investigadores detectan tres expedientes con los cuales se podría haber tratado de beneficiar de manera irregular en OPR". Se trata de obras en Asturias, Monforte y Úbeda por 7,3 millones de euros.

En el interrogatorio, Daniel Fernández Menéndez habría dado detalles sobre la contratación de la exmujer de Koldo Patricia Uriz por parte de la empresa Áridos Anfersa, según informan fuentes jurídicas a Europa Press. La Guarcia Civil indica que hay "pagos de 1.300 euros mensuales netos entre el 2 de septiembre de 2022 y al menos el 2 de junio de 2023, de OPR al entorno de Koldo, mediante la contratación de su mujer (...) por parte de la empresa Áridos Anfersa".

En concreto, Daniel Fernández habría reconocido que Koldo García le pidió trabajo para su entonces mujer, y que ejerció de intermediario para un puesto de trabajo disponible que finalmente fue adjudicado a la misma. Sin embargo, el empresario investigado ha apuntado que no sabía si llegó a trabajar o no, asegurando que dejó de conocer el asunto una vez concluida su labor de mediación.

Catalunya en Común, acusación popular

Por otra parte, el juez Puente ha aceptado, este viernes, que el partido Catalunya en Común -que forma parte de Sumar y está representado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun- sea acusación popular. Con todo, mantiene la unificación de las acusaciones y que son dirigidas por el abogado del PP, al ser la primera acusación en personarse. En esta causa, además del PP, hay los partidos Vox, UPN e Iustitia Europa, y las asociaciones Hazte Oír, Liberum, Adade e Iniciativa Justicia y Transparencia Veritas.