Manuel Marchena, el juez que encarceló a los presos políticos independentistas, es ahora la inspiración de Juan Carlos Peinado, el instructor de la causa contra Begoña Gómez. En un auto de este miércoles al que ha tenido acceso este periódico, el magistrado que investiga a la esposa de Pedro Sánchez toma como referencia la sentencia a los líderes independentistas del Procés para justificar su investigación de un delito de malversación de fondos públicos. Peinado considera que podrían haber cometido este delito la pareja del presidente del Gobierno, su asesora, Cristina Álvarez; así como el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre.
Todo se debe a la contratación de Álvarez como asesora de Gómez. Las esposas de los presidentes del Gobierno han contado siempre con una persona que las ha asesorado en algunas tareas que tienen que ver, efectivamente, con ser parejas del jefe del ejecutivo. El caso es que Álvarez ayudó a Gómez en tareas de ámbito privado, como es el caso del máster que impartía en la Universidad Complutense de Madrid. Peinado dice ahora que es “especialmente significativa” la sentencia del 14 de octubre de 2019 con la que el Tribunal Supremo condenaba a decenas y decenas de años de prisión a los consellers del Govern de Carles Puigdemont y a los expresidentes de Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.
“Nos enseña que la malversación reprueba la conducta del funcionario público encargado del patrimonio público que, rompiendo los vínculos de fidelidad y lealtad que le corresponden por el ejercicio de su función, causa un perjuicio al patrimonio administrativo”, apunta Peinado. El magistrado que perpetra un cerco judicial a Gómez cita un texto de Marchena en el que el propio Marchena cita otra sentencia del Tribunal Supremo del 20 de mayo de 2019. “El nuevo tipo de malversación es mucho más amplio que el delito con anterioridad a la reforma de 2015 y se incluyen actuaciones distintas de la mera sustracción, como es el caso de la asunción indebida de obligaciones”, dejaba por escrito el juez del Procés.
Y ahora Peinado apunta que “el Supremo nos enseña que la deslealtad en la administración de fondos públicos es el eje en el que pivota el delito de malversación". Es decir, es según él constitutivo de delito "destinar fondos públicos para el pago de una persona a la que se le asignan funciones públicas, pero que, además de ejercer estas funciones públicas, ejerce en su jornada laboral otras de carácter claramente privado", en referencia a la relación entre Álvarez y Gómez.
Peinado impulsa la causa contra Begoña Gómez e imputa a otro alto cargo de Moncloa
En el auto de este miércoles, Peinado ha rechazado archivar la causa contra Gómez y ha decidido unificar en un único jurado popular su investigación por cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación de fondos públicos. De hecho, el magistrado ha impulsado el caso echando más leña al fuego y ha decidido investigar a un nuevo alto cargo de la Moncloa. Imputa un delito de malversación de fondos públicos a la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judith Alexandra González Pedraz. La ha citado a declarar el miércoles 12 de noviembre a las nueve y media de la mañana.
De esta manera, Peinado acata la decisión de la Audiencia de Madrid, que le ordenó que enviara a Gómez a juicio, pero de forma unificada en un único tribunal popular, no en dos juicios con jurado, como había acordado previamente. Ahora bien, rechaza el posicionamiento que solicitaron las defensas y la Fiscalía, que pedían el sobreseimiento del caso.