El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado este miércoles archivar la causa contra Begoña Gómez y ha decidido unificar en un único jurado popular su investigación por cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación de fondos públicos. De hecho, el magistrado ha impulsado el caso echando más leña al fuego y ha decidido investigar a un nuevo alto cargo de la Moncloa. En un auto al que ha tenido acceso este periódico, imputa un delito de malversación de fondos públicos a la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judith Alexandra González Pedraz. La ha citado a declarar el miércoles 12 de noviembre a las nueve y media de la mañana.
En este auto, Peinado acata la decisión de la Audiencia de Madrid, que le ordenó enviar a Gómez a juicio, pero de forma unificada en un único tribunal popular, no en dos juicios con jurado, como había acordado previamente. Ahora bien, rechaza el posicionamiento que solicitaron las defensas y la Fiscalía, que pedían el sobreseimiento del caso.
Peinado también mantiene viva la investigación a Cristina Álvarez Rodríguez —la asesora de Gómez en la Moncloa que la ayudó en cuestiones relacionadas con su vida privada y no solo en sus tareas de esposa del presidente del Gobierno— por los delitos de tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de fondos públicos. También mantiene viva la investigación al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, por el delito de malversación; y al empresario Juan Carlos Barrabés por tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.
Peinado se inspira en la sentencia del 'Procés'
El magistrado también recoge en este auto la sentencia con la que el juez Manuel Marchena encarceló a los presos políticos del Procés. Peinado se inspira en el Tribunal Supremo, que "nos enseña que la deslealtad en la administración de fondos públicos es el eje en el que pivota el delito de malversación". Es decir, es según él constitutivo de delito "destinar fondos públicos para el pago de una persona a la que se le asignan funciones públicas, pero que, aparte de ejercer estas funciones públicas, ejerce en su jornada laboral otras de carácter claramente privado", en referencia a la ayuda de Álvarez a Gómez.
Marchena apuntaba en aquella sentencia que el delito de malversación no supone solo embolsarse dinero del erario público, sino también gastarlo para causas ilegítimas e ilegales como, según él, era la celebración del referéndum de autodeterminación del 1-O del 2017.