España lleva 119 días sin gobierno, el periodo más largo que el Estado Español recuerda desde que el expresidente José María Aznar invirtió 62 noches para alcanzar los apoyos para ser investido en 1996. Sin embargo, a dos semanas de la disolución de las Cortes, las posiciones de los partidos siguen enrocadas, todo apunta que habrá nuevas elecions el 26 de junio, y la formación de gobierno no se acabará produciendo hasta otoño. En este escenario, el interinato del ejecutivo empieza a ser asfixiante, ante la incapacidad de responder a determinados desafíos, poniendo en evidencia las debilidades de un Estado que no ha conocido en casi 40 años de democracia precedentes similares.

1.Conflicto de atribuciones

El miércoles se podría haber celebrado la primera sesión de control de la legislatura, pero esta no se producirá para evitar el desgaste institucional de un Congreso con los bancos azules del gobierno vacíos. A cambio, los grupos podrán tener un turno de protesta formal el martes para evitar el "espectáculo", en palabras del presidente de la institución, Patxi López, que interpelen a unos asientos sin nadie. El conflicto competencial colea ya hace cuatro meses.

El equipo de Mariano Rajoy alegaba que en virtud de la Ley del gobierno, si no hay actividad política el ejecutivo no tenía que comparecer. Además, consideraba que el ejecutivo de la X legislatura no tiene la confianza de la cámara de la XI, como apuntaba el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luís Ayllón. López se mostró proclive a llegar a un entendimiento dialogado, después de encontrarse con Ayllón, a quien habría mostrado las preguntas que los parlamentarios le querían dirigir. "No preguntaremos sobre la actividad anterior al 20 de diciembre [las elecciones], ni tampoco sobre las intenciones futuras". Lo aseguró, como muestra que no querían que la cámara baja se extralimitara en las prerrogativas legales. 

López también lo había intentado previamente dirigiendo una carta a la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, de la cual recibió la misma respuesta. Después de que la oposición tachara al gobierno de "rebelde", la situación acabó con la aprobación de una proposición para redimir la cuestión ante el Tribunal Constitucional. Ahora bien, una vez aprobada esta la semana anterior, el gobierno en funciones dispone de 30 días para presentar alegaciones.

Las Cortes serán disueltas antes de que el Tribunal pueda resolver nada, por lo que el gesto no tendrá aplicación inmediata, a pesar de que el presidente de la Cámara insistió en que así se marcaría precedente "para futuras generaciones". "El TC es una institución que también está para eso" dijo.

Patxi López / EFE

2. Congreso virtual

En este escenario, y por primera vez a la historia del Estado el Congreso convoca llenos sin que haya presidente, se trabaja en comisiones y se presentan iniciativas legislativas. Pero estas sumergidas en un callejón sin salida, ahora que las elecciones están más cerca.

Ejemplo es la paradigmática 'Ley 25' de emergencia social de Podemos, que la semana anterior pasó con una mayoría de votos afirmativos, entre ellos, los del PSOE. Si las Cortes se acaban disolviendo el 3 de mayo, esta quedará sin efecto, y en todo caso tendrá que ser implementada la legislatura siguiente, si se vuelve a aprobar por la cámara. El gobierno en funciones no tiene potestad para ejecutarla, ni tampoco para dar su opinión, como se hace en el proceso legislativo ordinario.

López ha explicado en reiteradas ocasiones que hay dudas legales sobre cómo proceder, de manera que se piden algunos informes a los servicios jurídicos, que ayudan a orientar la actividad. Por lo tanto, España se encuentra a estas alturas operando con un Congreso virtual, cuya actividad sólo servirá para cumplir compromisos electorales y posicionar las diversas fuerzas políticas para un escenario de elecciones. 

3. Educación y LOMCE

Otro ejemplo es la derogación de la LOMCE hace dos semanas. El calendario juega en contra que la ley se derogue en esta legislatura, si no hay acuerdo para gobernar. Primero, los diferentes grupos parlamentarios tendrán que hacer enmiendas a la proposición. Segundo, una vez se hubiera aprobado en el Congreso, la iniciativa tendría que pasar en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y puede moderar la tramitación al máximo.

Las comunidades también han hecho evidente la debilidad del ejecutivo. El jueves pasado, la consellera de Ensenyament, Meritxell Ruiz, dijo al ministro de Educación y Cultura en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, en una reunión en el ministerio, que la Generalitat no aplicará las pruebas de la LOMCE. Según Ruiz, Méndez de Vigo está abierto a “hablar el tema con otras comunidades autónomas”, pero no comunicó a la consellera si habría medidas coercitivas para que se implementara. La tarea del gobierno se ve limitada y atada de manos.

Congreso de los diputados / EFE

4. Sillas vacías

Apelando al interinato del gobierno, es frecuente ver sillas vacías de los ministros en funciones a las comisiones que tendrían que presidir. El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro asistió de mutuo propio para informar ante situaciones excepcionales, como indica la ley, no así el titular en funciones de Defensa, Pedro Morenés, o la de fomento, Ana Pastor. La indignación de los diputados es creciente, y no es extraño verlos dirigir preguntas a sillas donde no hay nadie. El ejecutivo en funciones repite que no tienen que rendir cuentas a la cámara, porque estar en funciones implica que no hay actividad política.

A partir de esta lógica, los diversos grupos ha pedido en Rajoy su comparecencia para informar sobre el caso Soria, así como al mismo exministro. Este indicó que había pedido ir, pero Moncloa dejó entrever que finalmente la asistencia no se produciría porque ya no es diputado. Tampoco asistirá el jefe del gobierno, confirmaron.  

Silla vacía del ministro de defensa en funciones, Pedro Morenés / Estefania Molina

5. Nombrar ministros

El caso Soria de los papeles de Panamá ha puesto en evidencia otra situación desconocida: el Gobierno en funciones no puede nombrar ni cesar altos cargos. El exministro en funciones de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, no estaba ejerciendo actividad política, pero sí que le corresponde "el despacho ordinario de asuntos" relativos a su ministerio, y elevar cuestiones en el Consejo de Ministros los viernes. Lo explicó la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, indicando que no se haría una "suplencia" como la que se produciría si el gobierno estuviera a pleno rendimiento. Estas funciones ahora serán traspasadas al titular de Economía en funciones, Luis de Guindos.

6. Rajoy y cumbres

El papel del Estado en el exterior, sobre todo en asuntos europeos, también se ve salpicado por el interinato. Antes de la asistencia a los encuentros de la UE, el secretario de Estado tiene la obligación de comparecer en el Congreso para consensuar posiciones comunes con la cámara. Así se hizo antes de la cumbre europea sobre refugiados donde se trató la salida del Reino Unido del espacio comunitario. Ahora bien, después del encuentro en Bruselas, los grupos parlamentarios de la oposición se quejaban de que España hubiera cambiado su posicionamiento de rechazar el acuerdo que la UE quería suscribir con Turquía sobre refugiados.

La asistencia posterior de Rajoy al Parlamento español fue informativa, no una sesión de control sobre el tema, aunque la oposición la utilizó de esta forma, como el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, lo manifestó abiertamente. Durante su discurso, Rajoy se defendió que durante este tipo de cumbres se negocia en tiempo real con el resto de países, y se toman varias decisiones que no pueden ser consultadas en el Congreso.

7. Déficit y comunidades

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, acostumbra a decir que la política doméstica no se detiene como consecuencia "del reloj electoral". Precisamente, España se encuentra en una situación de incumplimiento del objetivo de déficit a que se había comprometido con la Unión Europea. El escenario requiere de ajustes y la aplicación de medidas, como le recuerdan grupos como el PSOE y Ciudadanos. Estos reiteran que España no puede estar en funciones ante estos retos. Por su parte, el Banco de España advirtió también que la situación de inestabilidad política podría afectar a las previsiones de crecimiento.

Montoro aportó la semana pasada, en comisión parlamentaria, las cifras exactas de las finanzas estatales. El titular de Hacienda culpó a las comunidades del desajuste, y las convocó el viernes al Consejo de Política Fiscal y Financiera para informarles con más profundidad. Durante el encuentro aseguró que todas las autonomías están de acuerdo en cumplir los objetivos de déficit, aunque estas coinciden en la voluntad en "no poner en peligro los derechos sociales" de los ciudadanos.  

La inacción por el interinato del gobierno se hace evidente, y algunos consejeros pidieron "un liderazgo efectivo" en el Estado. Este ha decidido recortarse 2000 millones de sus propios presupuestos, y todavía tendrá que volver a convocar las autonomías a otro Consejo, seguramente para cuando haya gobierno. El gobierno tiene las manos atadas por el momento, mientras los presidentes autonómicos piden reformas en el modelo de financiación.

Raül Romeva y Cristóbal Montoro en el Consejo de Política Fiscal y Financiera / EFE

8. Rey, excepcionalidad

Felipe VI ha tenido que enfrentar varias situaciones excepcionales que su padre, Joan Carlos, nunca antes. La fragmentación del parlamento español comportó dificultades para la formación de gobierno, llevando al monarca a celebrar hasta dos rondas de consultas antes de la investidura de Pedro Sánchez.

En los artículos 98 y 99 de la Constitución se detalla el proceso para la elección de presidente, pero con cierta ambigüedad. La carta magna no precisa el tiempo que tiene que pasar des de las elecciones, hasta la primera sesión de investidura. Con el rechazo de Rajoy al encargo, Felipe VI tuvo que nombrar al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para desencallar la situación. Parece que la estrategia del PP habría sido reinterpretar la Constitución para convocar nuevas elecciones con rapidez. 

Con el gesto de la semana anterior de convocar una una ronda, el Rey vuelve a mover ficha para limitar los plazos. Constitucionalmente no estaba obligado a una última consulta, pero la imagen de una no investidura que perece sin que nadie se pronuncie queda disipada.  

9. Campaña

A pocas semanas de la disolución de las Cortes, la ley no prevé la posibilidad de hacer una campaña más breve. El plazo de dos semanas previsto legalmente a estos efectos está regulado por el artículo 51 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Para reformarla habría que presentar una iniciativa ante el pleno del Congreso, que tendría que contar, al menos, con el apoyo de una mayoría calificada de tres cuartos de votos positivos de la cámara. En el plazo en que se tramitara la iniciativa, ya se habrían disuelto las cámaras. Por lo tanto, es una vía que ahora mismo no es posible de salir adelante, aunque se podría llegar a un acuerdo entre las diversas formaciones, para limitar la duración de la campaña. 

Así las cosas, el periodo de interinato ha servido para detectar las debilidades y legales en la interrelación entre el legislativo y el ejecutivo, de manera que haya un nuevo precedente para futuras situaciones, y repensar también hasta qué punto la Constitución no requiere cierta revisión a su respeto.