La fiscalía de Escocia, que actúa en nombre del estado español, acusará a la consellera Clara Ponsatí de "conspiración por alterar la Constitución con medios criminales" y "traición" para ejecutar la euroorden contra ella, según han confirmado fuentes de la defensa a la ACN. Los dos crímenes son los que la Crown Office escocesa considera equiparables al delito español de "rebelión", y los que defenderá durante el juicio por la extradición, que está previsto que empiece el 30 de julio.
Este jueves, la defensa de Ponsatí y la fiscalía irán a los juzgados de Edimburgo por una última vista preliminar del caso. Según han indicado desde la defensa, Ponsatí considera "surrealista" la acusación de traición y sus abogados defenderán que no se la tiene que extraditar porque la justicia española "criminaliza las opiniones y los votos de los diputados".
La fiscalía escocesa notificó el lunes a los abogados de Ponsatí que utilizaría los cargos de conspiración y traición para intentar extraditar a la consellera. Unos cargos que, según indican desde la defensa, implican prevaricación, una desobediencia constante e "imprudente" de las órdenes judiciales y una movilización masiva de la ciudadanía.
Según sus abogados, Ponsatí no tiene que ser extraditada al estado español porque las autoridades judiciales "criminalizan las opiniones y los votos de los diputados y los ministros en el ejercicio de su deber" y ponen en peligro "el estado de derecho". Para la defensa, la doble criminalidad no se cumple en Escocia y equiparar la rebelión española a la traición o conspiración británicas es "surrealista".
De acuerdo con la defensa, la euroorden contra Ponsatí viola también el "principio de proporcionalidad" porque la consellera podría pasar 33 años en la prisión si fuera condenada. Los abogados argumentarán que Ponsatí no tuvo ningún papel en las "manifestaciones espontáneas" del 1-O, que defenderán que fueron un ejercicio del derecho a la libre asociación que no se puede considerar violencia.