Nuevo caso de coto al catalán en la administración pública como el conocido la semana pasada en Vic. Ahora, la Fiscalía Superior de Catalunya apoya una demanda contra el Parlament por exigir a los chóferes que se encargan de trasladar a los miembros de la Mesa un nivel de catalán, el B2 (intermedio), que considera desproporcionado. La demanda, que pide impugnar las bases del concurso público para contratar chóferes, surge de la entidad unionista Convivencia Cívica Catalana. La Fiscalía pide "estimar parcialmente" este texto y declara en un escrito avanzado este miércoles por El Mundo que el nivel requerido debería ser el B1 (elemental).
El recurso de Convivencia Cívica Catalana sostiene que el Parlament requiere acreditar un nivel de catalán "que no guarda relación práctica alguna con el puesto de trabajo a cubrir, y que es superior al que la propia legislación autonómica establece". Así, la entidad acusa al Parlament de "establecer una barrera de entrada y un requisito excluyente que impide de manera desproporcionada y generalizada el acceso a la función pública de aquellos españoles que no puedan acreditar un nivel determinado de conocimiento en catalán sin que exista justificación para ello y sin que sea proporcional a las exigencias del puesto ofertado, toda vez que el requisito normativamente existente es inferior".
Por su parte, el Parlament rebate la demanda y replica que los chóferes que trabajan para la institución deben tener un conocimiento suficiente de catalán porque entre sus funciones figuran "interaccionar con cargos representativos", según el citado diario.
Un juez condena a Vic por pedir el B2 de catalán para trabajar en el cementerio municipal
Este nuevo caso remite a otro reciente. La semana pasada Vic se convirtió en el primer ayuntamiento de Catalunya condenado por exigir un nivel de catalán considerado desproporcionado para acceder a una plaza de trabajo en el consistorio. El municipio, gobernado por Junts, había pedido un nivel B2 de catalán para optar a una plaza de operario de cementerio y mantenimiento, pero el Juzgado Contencioso Administrativo número 15 de Barcelona ha declarado nulas las bases del concurso público y ha ordenado al Ayuntamiento que rebaje el requisito al nivel A2, es decir, el nivel básico.
El juez considera que la elevación del requisito al nivel B2 "genera una barrera de acceso con efecto excluyente para las personas que no pueden acreditar este nivel". Añade también que esto constituye una "discriminación directa por razón de lengua". La sentencia subraya que el puesto de operario de cementerio es eminentemente manual, sin ninguna necesidad de interacción lingüística compleja. Así, el Ayuntamiento de Vic ha acabado condenado a rectificar y a pagar 1.000 euros en gastos judiciales.