Carles Puigdemont ha estallado contra la sentencia que ha condenado al Ayuntamiento de Vic por pedir un nivel B2 de catalán para una convocatoria de trabajo público. El expresidente de la Generalitat y líder de Junts per Catalunya ha denunciado que "a base de sentencias se va retornando al régimen monolingüe que impuso Franco". La sentencia, conocida este jueves, declara nulas las bases de un concurso para optar a una plaza de operario de cementerio y mantenimiento, y ordena al consistorio osonense que rebaje el requisito a un A2, es decir, del nivel medio a un nivel básico.

En un tuit este jueves, Puigdemont ha tildado el caso de un ejemplo de lo que llama "la falacia del bilingüismo". El dirigente de Junts ha valorado que las sentencias judiciales devuelven la situación del catalán a la de la dictadura franquista: "Con la ligera diferencia de que ahora el uso del catalán es tolerado y tienes un cierto derecho a usarlo, pero nunca en igualdad de condiciones con el castellano". En este sentido, Puigdemont ha lamentado que "en caso de conflicto, un juez siempre resolverá en tu contra".

Un juez condena a Vic por pedir un B2 de catalán para trabajar en el cementerio

Este jueves se ha conocido que Vic es el primer ayuntamiento de Catalunya condenado por exigir un nivel de catalán considerado desproporcionado para acceder a una plaza de trabajo pública en el consistorio. El municipio, gobernado por Junts, había pedido un nivel B2 de catalán para optar a una plaza de operario de cementerio y mantenimiento, pero ahora el Juzgado Contencioso Administrativo número 15 de Barcelona ha declarado nulas las bases del concurso público y ha ordenado al Ayuntamiento rebajar el requisito a un A2.

El juez considera que la elevación del requisito al nivel B2 "genera una barrera de acceso con efecto excluyente para las personas que no pueden acreditar este nivel". Y añade que esto constituye una "discriminación directa por razón de lengua". La sentencia, a la que ha tenido acceso El Mundo, justifica la decisión y subraya que el puesto de trabajo es para tareas eminentemente manuales, sin ninguna necesidad de interacción lingüística compleja. Así las cosas, el juez ha condenado al Ayuntamiento de Vic a rectificar y a pagar 1.000 euros en gastos judiciales.

El alcalde de Vic denuncia discriminación a los catalanohablantes: "No nos dejaremos intimidar"

El alcalde de Vic, Albert Castells, ya ha reaccionado también a la sentencia y ha mostrado su indignación por lo que considera una pieza más de la ofensiva judicial contra el catalán. “No nos dejaremos intimidar”, ha sentenciado el alcalde en declaraciones a RAC1. Asimismo, Castells ha invitado al juez a ir a Vic y dar un paseo para ver que todo el mundo domina el castellano. También ha explicado que el Ayuntamiento tiene el deber de garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos, de manera que los trabajadores públicos deben dominar el catalán para poder interactuar sin problemas. “Aquí la discriminación que existe es la de los catalanohablantes”, ha subrayado.

También ha reaccionado el secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha aprovechado el caso para emplear la expresión habitual que suele usar contra los jueces: "Continúa la cruzada de la toga nostra contra el catalán", ha denunciado en un tuit. Para añadir que "pedir el conocimiento de la lengua propia del país para acceder a un puesto de trabajo público no es excluyente, es garantizar un derecho y nunca es mucho". "Quién excluye son aquellos que atacan y persiguen nuestra lengua", ha concluido.

El diputado juntaire Francesc de Dalmases ha disparado en el Gobierno a raíz de la sentencia: "Espero sentado la reacción airada del Pacte Nacional per la Llengua con el president Illa al frente", para añadir que es "inútil" y que este caso lo "demuestra" como tal. "Enésima vez que España nos recuerda que el catalán no solo no tiene estado, sino que tiene un estado en contra. Sin independencia no hay futuro por la lengua", ha valorado en una piada. "El catalán es lengua propia y de uso normal en Catalunya. Exigir el conocimiento no es excluir, es garantizar derechos y cohesión. Todo el apoyo a Vic y al alcalde Albert Castells para defender nuestra lengua", ha expresado, a su vez, la alcaldesa de la Garriga Meritxell Budó.

Plataforma per la Llengua y Òmnium denuncian la sentencia "inaceptable" 

Desde la sociedad civil, Plataforma per la Llengua ha condenado una sentencia que tilda de "sencillamente inaceptable". En este sentido, han puesto sus servicios jurídicos a disposición del Ayuntamiento para asesorarlos en la gestión de la política lingüística y para "hacer respetar los derechos de los ciudadanos". Desde Òmnium han criticado la condena al consistorio osonense y han denunciado que los jueces quieren convertir la lengua en "marginal". "Que un juez afirme que el nivel B2 es demasiado alto es un desconocimiento insultante del tema", han valorado en un tuit.