Vic se ha convertido en el primer ayuntamiento de Catalunya condenado por exigir un nivel de catalán considerado desproporcionado para acceder a una plaza de trabajo en el consistorio. El municipio, gobernado por Junts, había pedido un nivel B2 de catalán para optar a una plaza de operario de cementerio y mantenimiento, pero ahora el Juzgado Contencioso Administrativo número 15 de Barcelona ha declarado nulas las bases del concurso público y ha ordenado al Ayuntamiento que rebaje el requisito al nivel A2, es decir, el nivel básico.
El juez considera que la elevación del requisito al nivel B2 "genera una barrera de acceso con efecto excluyente para las personas que no pueden acreditar este nivel". Añade también que esto constituye una "discriminación directa por razón de lengua". La sentencia, a la que ha tenido acceso El Mundo, subraya que el puesto es eminentemente manual, sin ninguna necesidad de interacción lingüística compleja.
El nivel de idioma debe estar relacionado con las funciones del puesto de trabajo
La resolución recuerda que el decreto 161/2002, relativo a la acreditación del conocimiento de catalán en los procesos de selección de personal de las administraciones públicas de Catalunya, establece que se debe acreditar el conocimiento de este idioma “en el grado adecuado a las funciones de las plazas de que se trate”. Es a partir de este argumento que el juez carga contra el consistorio de Vic y su petición de conocimiento del catalán a sus operarios.
El abogado y presidente de Convivencia Cívica, Ángel Escolano, que presentó el recurso contra la demanda de catalán por parte del ayuntamiento, ha afirmado que esta nueva sentencia "refuerza la obligación de los ayuntamientos de exigir un nivel razonable y coherente con las funciones del puesto de trabajo". “No tiene ninguna justificación hacer un examen de gramática o literatura catalanas en una oposición para cubrir un puesto de peón albañil en un cementerio, a menos que lo que se quiera realmente sea evitar que ciudadanos no catalanohablantes del resto de España puedan optar a esta plaza”, ha protestado el letrado.
El Ayuntamiento de Vic, por su parte, ha defendido su postura lingüística. A pesar de ello, ha acabado condenado a rectificar y a pagar 1.000 euros en gastos judiciales.
Ya el pasado mes de mayo, El Mundo reveló un caso similar en ayuntamientos socialistas como el de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) y Roses (Girona), que tuvieron que rectificar después de haber exigido un nivel B1 de catalán (intermedio) para optar a una plaza como operario de la brigada municipal de mantenimiento. Lo mismo habría pasado, según apunta el diario, en Sant Andreu de la Barca, gobernado por ERC, y en La Roca del Vallès, gobernado por Junts.
"Una pieza más de la ofensiva judicial contra el catalán"
El alcalde Albert Castells ha mostrado su indignación por esta sentencia y lo ha considerado una pieza más de la ofensiva judicial contra el catalán y de la represión política. “No nos dejaremos intimidar”, ha sentenciado en declaraciones a RAC1. Seguidamente, el alcalde ha invitado el juez a ir a Vic y dar un paseo para ver que todo el mundo domina el castellano: "En este paseo verá que por primera vez en años se encontrará que hay gente que no habla catalán”, ha declarado.
Castells ha explicado que el Ayuntamiento tiene el deber de garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos, de forma que los trabajadores públicos tienen que dominar el catalán para poder interactuar sin problemas. “Aquí la discriminación que existe es la de los catalanoparlantes”, ha insistido. “Mientras nos encallamos en estos pequeños obstáculos, que son las trabas judiciales, no nos focalizamos en los grandes retos que tiene la lengua”, ha concluido.