La presidenta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha confirmado este martes que ya han iniciado la tramitación de un expediente informativo para aclarar qué pasó en el apagón general del 28 de abril. En una comparecencia en el Congreso de los Diputados en la comisión de Economía, ha informado que si se encuentran infracciones graves o muy graves por parte de alguno de los actores que operan en el suministro eléctrico español, las sanciones podrían llegar hasta los 60 millones de euros. "Estamos analizando cuestiones muy complejas, con millones de datos" con el fin de "reconstruir el evento con una precisión técnica suficiente", ha señalado Fernández para justificar cualquier demora en el resultado de esta investigación. De hecho, ha explicado que se acabará enviando un informe a Europa y que el documento final no se emitirá hasta el mes de septiembre del 2026. Fuentes del Gobierno han aclarado siempre que eso no significa que haya que esperar hasta entonces la razón del apagón; se puede encontrar antes cualquier certeza e informarla.
La presidenta del ente ha explicado que un expediente informativo permite requerir información a cualquier actor, pedir información a las administraciones competentes, realizar inspecciones y obtener los primeros elementos del análisis que les permitirán proceder en estos momentos en relación con el incidente. También ha añadido que aparte de la sanción económica, pueden imponerse sanciones accesorias, como la inhabilitación o la pérdida de la autorización administrativa.
La opa del BBVA al Banc Sabadell
En su comparecencia en esta comisión, Fernández también ha hablado sobre la opa al Sabadell, después de que la CNMC avalara la operación si se cumplen una serie de condiciones. Ahora la pelota se encuentra sobre el tejado del Gobierno, aunque Pedro Sánchez se ha querido lavar las manos y presentar una consulta pública para saber cuál es la opinión de la ciudadanía y del sector. La presidenta del ente ha indicado que, aunque hubo entidades que no fueron admitidas como parte interesada en el procedimiento para autorizar la opa del BBVA al Banc Sabadell, sí que fueron escuchadas en el proceso.
Después de las denuncias de algunas entidades para que no se les permitiera personarse, entre ellas la patronal catalana Foment del Treball, Fernández ha señalado que en estas operaciones las empresas proporcionan información sensible y por eso para participar como interesado se adoptan precauciones para no dañar la confidencialidad. En todo caso, Cani Fernández ha asegurado que la comisión de la Competencia que ella misma preside ha hecho un buen análisis y exhaustivo para acabar avalando la opa hostil al Banc Sabadell.