El gerente y administrador de la empresa que prestaba los servicios de seguridad en la Embajada del Ecuador en Londres, David Morales Guillén, será juzgado por haber espiado al activista y periodista Julian Assange y haber entregado a terceras personas información "ilícitamente obtenida" sobre él, como sus conversaciones con personalidades, entre ellos varios presidentes de América Latina. Así lo ha acordado el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en un auto comunicado este jueves, en la cual dicta el procedimiento abreviado contra Morales, responsable de la empresa española Undercover Global (UC Global), por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, soborno, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. El magistrado también envía a juicio al responsable de operaciones de UC Global, Michel Wallemacq, por el delito de descubrimiento y revelación de secretos. Ahora, la Fiscalía y las acusaciones tienen que decidir si piden que los dos procesados sean enjuiciados y las penas que les solicitan.

El titular del juzgado central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional, en su escrito, explica que entre los años 2015 y mediatos de 2018 la seguridad de la Embajada del Ecuador en Londres fue confiada a una empresa española, con sede social en Puerto Real (Cádiz) y oficinas en Jerez de la Frontera (Cádiz), denominada UNDERCOVER GLOBAL (UC GLOBAL). Añade que esta empresa dirigida por David Morales, gerente y máxima autoridad, fue contratada por Ecuador como consecuencia de la “sensible situación” que se vivía con el asilo concedido a Assange. Estos servicios consistieron en garantizar todo el perímetro de seguridad del inmueble, estableciendo personal físico que se desplazó a las dependencias para cumplir con turnos de vigilancia diaria y permanente, así como a la vigilancia a través de las cámaras instaladas en la delegación.   Y, en la resolución, el juez concluye que hay indicios para juzgar a Morales por haber espiado al periodista.

 

En libertad hace un año

Assange obtuvo su libertad ahora hace un año, después de un periplo judicial por haber descubierto documentos secretos de los Estados Unidos. El periodista salió de la prisión británica de alta seguridad en la cual hacía cinco años que estaba recluido, el 24 de junio de 2024. "Dejó la prisión de máxima seguridad de Belmarsh la mañana del 24 de junio, después de haber pasado allí 1.901 días," publicó WikiLeaks en Twitter (ahora, X), donde han narrado cómo su fundador ya ha abandonado el Reino Unido.

Assange, de 53 años y nacionalidad australiana, pudo salir en libertad después de llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que pone fin a más de una década de conflicto judicial. A través del acuerdo, Assange evita los 18 delitos que se le querían imputar y, a cambio, reconoce uno con una pena más baja.

Conversaciones confidenciales

En concreto, el juez señala que en 2017, por orden de Morales, se instalaron nuevas cámaras de seguridad que, a diferencia de las anteriores, registraban el audio de las conversaciones confidenciales que mantenía el activista con su defensa y sus familiares, así como con personalidades como el abogado Baltasar Garzón; el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias o los exmandatarios de Bolivia, Evo Morales; Ecuador, Rafael Correa; Argentina, Cristina Fernández de Kirchner; Brasil, Dilma Rousseff, y Uruguay, José Múgica.

Durante el proceso de instalación de las cámaras, Morales exigió a los técnicos -apunta el juez- que habilitaran un sistema de acceso externo (streaming) para que se pudiera acceder en tiempo real a controlar todo lo que sucedía en el interior de la Embajada. Según el instructor, Morales “pretendía abrir dos canales de streaming para el acceso online, uno oficial para Ecuador y otro para 'los amigos de Estados Unidos' ".

La investigación, según Pedraz, ha acreditado que Morales efectuó pagos periódicos y de cuantía elevada a funcionarios ecuatorianos, canalizados a través de intermediarios y estructuras opacas, con el fin de asegurarse la continuidad de la adjudicación de los servicios de seguridad en la legación diplomática.