En un artículo mío de la semana pasada en este diario me hacía eco del trabajo coordinado por Antoni Castells relativo a las consecuencias económicas y financieras de diferentes escenarios de relación entre Catalunya y España. En aquel estudio, en el que han colaborado un grupo de expertos de la máxima solvencia, también ha participado uno de los mejores hacendistas del país, el catedrático Guillem López Casasnovas.

Su contribución al trabajo consiste en un capítulo dedicado al federalismo fiscal, sobre el que el autor ha hecho una reflexión en www.5centims.cat titulado "El mito del federalismo fiscal español y una independencia que no llega". Me ha parecido oportuno recoger sus mensajes principales.

España se hace pasar ante la comunidad internacional como uno de los Estados más descentralizados del mundo. Eso choca con la realidad, tal como con palabras suaves lo recuerda la OCDE cuando, al tratar la descentralización, pone sobre la mesa que la capacidad tributaria de los territorios (o comunidades autónomas) no está ligada a los poderes de gasto.

Guillem López nos lo traduce: el Estado español es una especie de federación de gasto (en cantidad de recursos puestos en manos de las comunidades autónomas) y es, al mismo tiempo, un Estado unitario en materia de ingresos, de acuerdo con el poco peso que tienen los impuestos propios. Así, los recursos de las comunidades dependen en su mayor parte de las transferencias del Estado. Este es un territorio en el cual las comunidades tienen pocas cosas que decir y hacer y, en cambio, el Estado (añado yo) puede repartir bajo presiones políticas de diferentes tipos. Resolver el problema de base requeriría una mayor autonomía tributaria y una responsabilidad fiscal mayor en la utilización de los recursos.

Una segunda consideración que hace López Casasnovas se refiere a la necesidad de revisar en profundidad lo que se denomina nivelación, aquel mecanismo que permite que las comunidades tengan una misma financiación para algunos servicios públicos, independientemente de su capacidad para generar recursos. Aquí, nos recuerda el autor, pacto y transparencia son factores clave. Sin transparencia, la cosa no funciona. Y sin fórmulas sencillas tampoco. Digo yo que es un campo aderezado a la discrecionalidad, lo que quiere decir tratar bien a los amigos, dar la lata a los que no lo son tanto y barrer, siempre, hacia casa, que es Madrid.

López hace una referencia específica a un aspecto ilustrativo de la redistribución que liga con los movimientos. Cogiendo patrimonios de más de 30 millones de euros pasados y futuros en materia de patrimonio y sucesiones. En 2019, Catalunya cuenta con el 18,7% de los declarantes de todo el Estado, el 13,4% de las bases imponibles y un 46% de las cuotas ingresadas; en Andalucía los porcentajes son del 1,8% de los declarantes, 1,2% de las bases y 4% de las cuotas; Madrid, por su parte, concentra al 65% de los afectados, un 74% de las bases imponibles y un cero por ciento de cuotas ingresadas a todo el Estado. ¿Y sucesiones y donaciones? Madrid cuenta con el 32% de los contribuyentes potenciales, el 50% de las bases y un 15% de la recaudación; Andalucía, el 7,8% de los declarantes, un 3,1% de las bases imponibles y cero en recaudación.

Los escenarios trabajados en el libro de base en que ha participado Guillem López sirven para posicionar la parte catalana ante una eventual negociación de carácter económico-fiscal; el problema es que la parte española todavía no ha comparecido, aunque él cree que, tarde o temprano, tendrá que aparecer. La situación es escandalosa para muchos catalanes (mala financiación, déficit fiscal, inversiones del Estado irrisorias…) y, por lo tanto, peligrosa para la generación de nuevos conflictos sin ningún rastro de solución. Y de rebote, perdiendo oportunidades de generar una política económica ajustada a las necesidades del país.

Recordemos que los diferentes escenarios de federalismo fiscal que dibujan Núria Bosch y Marta Espasa en el mismo libro referenciado comportarían para Catalunya un aumento anual de ingresos de entre 4.000 millones (federalismo débil) y 10.000 millones de euros (federalismo potente).

Un panorama. O mejor dicho, una falta de panorama, ni siquiera federalista en el horizonte.