La reunión, este lunes, de la comisión bilateral entre el gobierno español y el catalán sobre la financiación singular acordada entre el PSC y Esquerra para la investidura de Salvador Illa, y la cumbre del Consejo de Asuntos Generales de la UE que se celebrará el viernes, en Bruselas, sobre la oficialidad del catalán en las instituciones comunitarias, van a marcar los apoyos parlamentarios de Pedro Sánchez en este final del curso político en que llega casi sin aliento y con numerosos problemas de corrupción. Pero llega, algo que parecía ciertamente difícil cuando el secretario de organización del PSOE hasta hace muy pocas semanas, Santos Cerdán, ingresaba en la prisión de Soto del Real después de que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente le atribuyera en un auto los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

La primera partida se jugará este lunes y en ella el gobierno español debe dar satisfacción a Esquerra Republicana, que empezó en la época de Pere Aragonès y Marta Rovira presentando la financiación singular como un sistema parecido al concierto, y a expensas de las pocas explicaciones que se han ido vertiendo hasta la fecha estamos hablando, como máximo, de que la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) recaude el IRPF a partir del próximo año, 2026, y progresivamente vaya sumando nuevos tributos. Oriol Junqueras exige que la ATC no quede subordinada a la agencia tributaria española y reclama que pueda ejercer en plenitud las competencias que le correspondan.

La primera partida se jugará este lunes y en ella el gobierno español debe dar satisfacción a Esquerra Republicana

Veremos en qué queda el desencuentro, pero como ya pasó en el tema de Rodalies los consorcios o las gestiones compartidas dan un terreno de juego lo suficientemente cómodo para tirar la pelota hacia adelante. En cualquier caso, aquellas declaraciones de la entonces portavoz de Esquerra, Raquel Sans, el pasado 30 de julio, en las que aseguraba que había pactado con el PSC un concierto económico que suponía la salida de Catalunya del régimen común y la liquidación del 100% de sus impuestos y entraría en un sistema fiscal como Euskadi o Navarra, se las ha llevado el viento.

El viernes llegará el momento del catalán en las instituciones europeas, después de dos intentos fallidos del gobierno español para cumplir con el acuerdo alcanzado con Carles Puigdemont para la investidura de Pedro Sánchez el pasado octubre. Aunque el ministerio de Exteriores ha ido poniendo sordina a la propuesta para superar los recelos de un grupo de Estados, aún no hay acuerdo. El pasado viernes remitió un último documento para lograr la oficialidad del catalán, reafirmando el compromiso del gobierno español para asumir los costes por la implementación de la oficialidad del catalán, gallego y vasco y en la que propone algunos criterios para evitar que sea una ventana que genere precedentes. El Gobierno confía en que esta cautela y un procedimiento a iniciar en 2027 actúen como bálsamo para eliminar recelos.

No hay gestos, sin embargo, de que eso vaya a ser así. El presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, político bávaro de la CSU, a buen seguro analizó la posición de los conservadores europeos durante el congreso del PP en Madrid, donde tuvo oportunidad de conversar con Feijóo. Desde las filas de Junts o sus aledaños se le han pedido gestos a Feijóo sobre la oficialidad del catalán si desea mantener los canales de diálogo abiertos. En ese aspecto, Weber es importante, ya que podría decantar la posición alemana y actuar como arrastre de muchos países.