Tal día como hoy del año 1995, hace treinta años, en el edificio de la Audiencia Provincial de las Illes Balears, en Palma (Mallorca), se iniciaba el primer juicio con jurado popular de la historia judicial del Estado español. Aquel juicio, que empezó a las 11.00 h de la mañana, fue el primero que se celebró después de la aprobación de la Ley del Jurado (mayo, 1995). El jurado popular estuvo formado por nueve personas, de edades comprendidas entre los 18 y los 84 años, seleccionadas de una lista de treinta y seis voluntarios, a las que se exigía unos conocimientos mínimos, como saber leer y escribir. Según el Tribunal Superior de Justicia de las Balears, la mayoría de los miembros de ese jurado tenían un nivel de estudios "razonable", sin detallar qué significaba dicho término.
En aquel primer juicio con jurado popular, se juzgó un caso de asesinato. Según la prensa de la época, dos años y medio antes —el 28 de marzo de 1993—, el acusado, Joan Torres Ferrer, natural de Eivissa y de 22 años, había coincidido en una zona de ocio de la villa de Eivissa con la víctima, Jordi Cardona, empresario y natural también de Eivissa y de 59 años. Según la misma prensa, acusado y víctima se habían subido a un coche para trasladarse a la playa de S’Estanca, con el propósito de mantener relaciones sexuales. Una vez allí, el acusado —bajo los efectos del alcohol y las drogas— habría discutido con la víctima, la habría golpeado y expulsado del vehículo y la habría atropellado deliberadamente hasta causarle la muerte.
Vista la causa, se produjo un desacuerdo importante entre el tribunal popular —era partidario de aplicar una atenuante, porque el acusado había actuado bajo los efectos del alcohol y las drogas— y los jueces —que opinaban que no era posible tal beneficio, porque entendían que aquel crimen se había cometido con alevosía y ensañamiento—. No obstante, el 23 de octubre de 1995, una semana después del inicio de la celebración del juicio, el jurado popular emitía su veredicto y la sala del tribunal condenaba al acusado Joan Torres Ferrer a doce años de cárcel —muy por debajo de los veintiocho años que pedía la Fiscalía— por el asesinato de Jordi Cardona.