Horas antes de que España se quedara a oscuras y se produjera el gran apagón del que aún no tenemos un responsable inequívoco, aunque cada vez más los focos se van depositando en Red Eléctrica, la juez de Badajoz que investigaba al hermano de Pedro Sánchez decidía su procesamiento por prevaricación y tráfico de influencias. La jueza de instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, le dejaba a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados y, junto a David Sánchez, la magistrada proponía juzgar a once personas, entre las que están el presidente de la Diputación de Badajoz, el socialista Miguel Ángel Gallardo, y Luis Carrero, el exasesor de Moncloa que trabajaba allí con Sánchez. Para todos ellos, la causa del procesamiento es la misma, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. En el auto emitido, Beatriz Biedma considera que hay indicios de que habría utilizado su influencia en la Diputación de Badajoz para obtener un beneficio propio y también para beneficiar a Carrero, amigo suyo desde hace años y a quien llamaba coloquialmente "hermanito".

El gran apagón que dejó España a oscuras prácticamente todo el lunes y la evaluación de las responsabilidades de todo tipo que aún se están investigando mitigó, sin duda, el impacto de la noticia de David Sánchez que, sin duda, habría abierto diarios al día siguiente. En primer lugar, porque desde el caso de Juan Guerra, el hermano de Alfonso Guerra, a final de los años 80, no estaba en el ojo del huracán el hermano de un máximo responsable del gobierno y, en este caso, un escalón más que con Guerra. El hermano del exvicepresidente fue acusado y juzgado por los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho, fraude fiscal y usurpación de funciones. De todas estas causas fue absuelto en siete juicios, excepto del fraude fiscal. Pero esa circunstancia se llevó por delante la carrera política de Alfonso Guerra, que dimitiría del cargo en enero de 1991. El procesamiento de David Sánchez llega después de que el juez Juan Carlos Peinado haya imputado a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, por los delitos de corrupción, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional.

La situación de Sánchez, con su hermano y su esposa envueltos en procesos judiciales, ya no es solo excepcional en los anales de la política española, sino que no he sabido encontrar a un gobernante en activo en idénticas circunstancias

En el caso de un cónyuge del inquilino de la Moncloa imputada por varios delitos —en total, cuatro— no hay precedente judicial alguno. Si a ello añadimos el procesamiento de un hermano por prevaricación y tráfico de influencias, la situación ya no solo es excepcional en los anales de la política española, sino que no he sabido encontrar un caso de un gobernante en activo en idénticas circunstancias. Aunque el hermano del presidente ha declarado que recurrirá su procesamiento y llegado el caso su esposa hará lo mismo, no basta con que desde el entorno de Pedro Sánchez se inicie una caza de brujas contra la justicia, como la manera para protegerse y no tener que afrontar responsabilidades. No es, ni mucho menos, una situación edificante para la política en general, ya que, al margen de estas situaciones judiciales, están las que afectan propiamente a la organización política a la que pertenece Sánchez, el PSOE, involucrado en varios procesos judiciales que han llegado hasta la fecha hasta el ministro de Transportes y número dos del PSOE no hace tanto tiempo, José Luis Ábalos.

Hasta la fecha, esta situación judicial no ha amplificado la debilidad política de Sánchez. Siguen clamando contra los populares y Vox, reclamando una y otra vez su dimisión, pero este grupo de críticos no ha ido a más por el tema judicial. Es evidente que la partida del aliado más díscolo, Junts per Catalunya, se juega en otros terrenos de juego como son la amnistía, la inmigración, el catalán o la opa del BBVA sobre el Sabadell. Todas ellas, con el vaso medio lleno o medio vacío según se mire, pero en ningún momento con el vaso colmado. En algún caso, incluso, con este incomprensible voto del representante de Junts, Pere Soler, en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que ha levantado un enorme disgusto en sectores de la formación —no es difícil encontrar dirigentes que, en privado, han señalado que Soler tendría que dimitir— y en una parte amplia del empresariado catalán. Dicho eso, respecto a la opa del BBVA sobre el Sabadell, sigo pensando que, al ser una cuestión política, el gobierno hará imposible la fusión.