El hermano de Pedro Sánchez recurrirá su procesamiento por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación, que la jueza de Badajoz acordó este lunes. En el escrito que la defensa de David Sánchez ha enviado a la jueza señala que "hasta tanto se verifiquen estas demandas, procede suspender los plazos dispuestos para la formalización de los recursos a los que se refiere el artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reanudándose una vez cumplimentadas". Además, ha solicitado por escrito a la instructora que le dé acceso a la última ronda de declaraciones celebrada en el procedimiento la semana pasada, entre las cuales también está la suya. En concreto, David Sánchez reclama el acceso a los vídeos de su segundo interrogatorio, que se celebró el pasado 25 de abril.

"Para no comprometer el derecho fundamental a la defensa que nos asiste, habiéndose restringido el acceso a las declaraciones prestadas en el curso de la instrucción en virtud de otro auto del 13 de marzo de este año, solicitamos que se nos confiera traslado de las transcripciones de estas diligencias y se habilite un día para el visionado de estas", señala la defensa. Ahora, los abogados solicitan que hasta que no tengan acceso a las declaraciones del resto de testimonios, se suspendan los plazos previstos para presentar el recurso, que en este caso es de cinco días.

Procesamiento de David Sánchez

La jueza, Beatriz Biedma, ha propuesto juzgar al hermano del presidente del Gobierno por la plaza pública que se le adjudicó en 2017 a la Diputación de Badajoz como coordinador de los conservatorios de la ciudad. Aparte de Sánchez, la magistrada también propone juzgar a un exasesor de la Moncloa y a nueve cargos de la Diputación, incluido su presidente y líder del PSOE, Miguel Ángel Gallardo. La jueza considera que Sánchez accedió a esta plaza únicamente para ser el hermano del presidente del Gobierno y que en medida pasaron los años se fue adaptando a sus necesidades personales para que así se pudiera centrar en las tareas que más le gustaban.

Después de una amplia instrucción basada en la toma de más de una decena de declaraciones a testimonios e investigados, así como la información recopilada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la jueza ha destacado que "existen indicios" que David Sánchez "habría utilizado influencia en la Diputación de Badajoz para obtener un beneficio propio" en dos momentos. En primer lugar, para conseguir que "se adaptaran las condiciones de su cargo —como coordinador de los conservatorios de la provincia— a sus preferencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y él dedicarse a la Ópera". El segundo es para "conseguir que la persona que extraoficialmente ya lo ayudaba activamente en el proyecto Ópera Joven —Luis Carrero— fuera contratado por la Diputación y pasara a auxiliarle directamente trabajando con él en su mismo despacho". Carrero era un extrabajador de la Moncloa y con quien tenía una amistad de 20 años. Además, la magistrada ha señalado que ha conseguido recaudar "diferentes indicios de la comisión de los delitos" mencionados. Y también hace referencia a la "falta de explicación racional y mínimamente verosímil de los hechos por parte de los investigados".