“¿Va a derogar la ley de amnistía cuando gobierne? Díganlo más veces. ¿Sí? ¿La van a derogar? No van a derogar la ley de amnistía, se van a beneficiar de ella”. La pregunta y el pronóstico los ha planteado Gabriel Rufián durante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones por el escándalo de Santos Cerdán. El líder de ERC en Madrid interpelaba directamente a Alberto Núñez Feijóo y volvía a vaticinar que el PP pactará con Junts en el futuro. Por lo que se ha visto en las imágenes, desde el escaño, el líder de los populares y la nueva portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, lo observaban con pasividad e indiferencia. Más tarde, en X, ella misma ha reconocido abiertamente que los populares no podrán revertir los efectos de la norma del olvido penal si llegan a la Moncloa: “Es de facto inderogable, pues en la jurisdicción penal opera el principio de irretroactividad de las leyes desfavorables al reo”, ha esgrimido. “Es de primero de derecho penal. Pero Rufián no tiene ni una hora de licenciatura”, le ha lanzado.

Es el artículo 9.3 de la Constitución el que establece la “irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”. Esto significa que una ley que anule los beneficios de la amnistía (derogándola) para volver a sancionar los actos que están incluidos en el perímetro de la norma del olvido penal no puede tener efectos a posteriori porque es perjudicial para los investigados o condenados que hayan sido amnistiados o que estuvieran contemplados en los supuestos de la ley.

Feijóo, en marzo de 2024: “No creo que pueda quedar invalidada la amnistía una vez que ha sido concedida”

Este reconocimiento explícito que ha expresado hoy Ester Muñoz contrasta con declaraciones públicas que han hecho otros dirigentes del PP en los últimos meses, aunque Alberto Núñez Feijóo sí dudó de los efectos que podría tener. “Sí, cuando lleguemos al Gobierno derogaremos la ley de amnistía, por supuesto”, aseguró el portavoz de los populares, Borja Sémper, en enero de 2024. “Se lo diré con toda claridad, vamos a frenar y revertir todos sus desmanes, incluida la amnistía”, había advertido la diputada Cayetana Álvarez de Toledo veinte días antes. E incluso Alberto Núñez Feijóo se comprometió a ello, aunque también verbalizó una dosis de realidad. “¿Usted derogará la ley de amnistía?”, le preguntó Carlos Alsina en una entrevista en Onda Cero en marzo de 2024. “La respuesta es sí”, contestó él.

Ahora bien, posteriormente, dudó de los efectos que esto tendría: “Si alguien ha sido amnistiado, probablemente, y digo probablemente porque no lo he estudiado y no me corresponde a mí informar en Derecho sobre una pregunta tan compleja, no creo que pueda quedar invalidada su amnistía una vez que ha sido concedida”, justificó. Además, el líder del PP alegó que el sistema penal español es “muy garantista” y recordó que la “irretroactividad de las leyes” es un “principio constitucional”.

La Comisión de Venecia avisó que la “revocación retroactiva” de las amnistías “no está permitida”

No es la primera vez que alguien pone encima de la mesa la imposibilidad de derogar la ley de amnistía. En marzo de 2024, la Comisión de Venecia, contestando a una de las preguntas que le formuló el Senado (a través de la mayoría absoluta del PP), advirtió de lo mismo. “Cabe distinguir entre una posible declaración de disconformidad de una ley de amnistía con el derecho superior (constitucional, de la Unión Europea o internacional) y su revocación”, señaló. Y se remitió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que aclaró que, “en lo que respecta a las amnistías, su revocación retroactiva generalmente no está permitida, ya que son adoptadas por el legislador y su revocación sería contraria al principio de seguridad jurídica y al principio de irretroactividad del derecho penal”. Era una sentencia relativa a una amnistía que se aprobó en Eslovaquia en 1998 y que se revocó unos meses después.