La jueza de Badajoz, Beatriz Biedma, que investiga al hermano de Pedro Sánchez por su contratación a la Diputación de Badajoz, ha dado el primer paso para sentar a David Sánchez en el banquillo de los acusados y lo procesa por prevaricación y tráfico de influencias. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz atribuye al hermano del presidente del Gobierno y a otros 10 imputados, entre ellos altos cargos de la Diputación de Badajoz, la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, entre los cuales se encuentra el presidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y el exasesor de la Moncloa, Luis Carrero, y al presidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, por los mismos delitos por la creación y adjudicación de la plaza de coordinador de conservatorios de Badajoz que se adjudicó el músico a mediados del 2017. La resolución, que no es firme y se puede recorrer, descarta la existencia de delitos contra la Hacienda Pública o de enriquecimiento ilícito, que se investigaban inicialmente.

Así consta en un auto de 71 páginas que se ha hecho pública este lunes en el que la instructora establece que se traslade al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas en este caso porque "en el plazo común de 10 días soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o sobreseimiento de la causa, o excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias".

"Influencia" de David Sánchez

La jueza ha destacado que "existen indicios" que David Sánchez "habría utilizado influencia en la Diputación de Badajoz para obtener un beneficio propio" en dos momentos. En primer lugar, para conseguir que "se adaptaran las condiciones de su cargo —como coordinador de los conservatorios de la provincia— a sus preferencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y él dedicarse a la Ópera". El segundo es por "conseguir que la persona que extraoficialmente ya lo ayudaba activamente lo proyecte Ópera Joven —Luis Carrero— fuera contratado por la Diputación y pasara a auxiliarle directamente trabajando con él en su mismo despacho". Carrero era un extrabajador de la Moncloa y con quien tenía una amistad de 20 años.

Además, la magistrada ha señalado que ha conseguido recaudar "diferentes indicios de la comisión de los delitos" mencionados. Y también hace referencia a la "falta de explicación racional y mínimamente verosímil de los hechos por parte de los investigados". Y añade que "cabe aquí destacar la forma en que el señor Sánchez describió haber conocido la publicación de las bases —para la plaza de coordinador de los conservatorios— o su incapacidad para explicar con claridad, a pesar de ser jefe de esta, el concepto y ubicación de la Oficina de Artes Escénicas".

En la resolución, la jueza señala que para la prevaricación administrativa "es fundamental la prueba indiciaria, puesto que son delitos 'de despacho', porque van precedidos de conversaciones y actos preparatorios que es muy difícil que estén documentados". Por esta razón, apunta la importancia de los correos electrónicos requisados en la causa destacando que lo que se ha extraído de allí "solo sería la punta del iceberg del verdaderamente comentado y preparado, porque normalmente, estas conversaciones delicadas no se mantienen a través de medios que dejen rastro y siempre, por el mismo conocimiento que se tiene que lo que se está haciendo no es lícito, se suele actuar de espaldas a cualquier testigo que pueda denunciar los hechos".