No deja de sorprenderme la tremenda ingenuidad con la que se abordan los casos de corrupción que afectan a los partidos españoles desde Barcelona. El candor catalán es directamente proporcional a la aversión que hay en Madrid por todo lo catalán. En el fondo, somos dos mundos completamente diferentes y por eso aquí no se entiende lo de allí y allí no se comprende lo de aquí. Esta digresión tiene mucho que ver con la simpleza de muchos análisis u opiniones tras el ingreso del último secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en la prisión de Soto del Real. Algo que ha sucedido después de que, la semana anterior, el mismo magistrado del Supremo hubiera dejado libres y con unas mínimas medidas cautelares —prohibición de salir de España, entrega del pasaporte y personación en el juzgado cada quince días— a Koldo García y al exministro de Transportes y antecesor de Cerdán en organización del PSOE, José Luis Ábalos. En la resolución, el magistrado Leopoldo Puente deja establecida la diferencia entre los tres imputados y señala que Cerdán dispondría de un conocimiento privilegiado del funcionamiento de la trama, ya que en su condición de hasta hace dos semanas número 3 del PSOE, se encargaba de realizar los cobros indebidos a las empresas favorecidas y de distribuirlos.
O sea, Cerdán está, según el juez, en el vértice de la trama si no aparecen personas físicas o jurídicas que se hubieran podido lucrar con las indemnizaciones. Por físicas se entiende compañeros de su expartido, ya que entregó el acta de diputado socialista y renunció a la militancia; y por jurídicas la financiación del propio PSOE. Pero, seguramente, Leopoldo Puente también va a tratar de llegar hasta el fondo de las cloacas de Santos Cerdán y que tienen la fontanera jefe en Leire Díez, cuya existencia conocimos a principios del pasado mes de junio después de que apareciera en diversos audios haciendo gestiones contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigaban al entorno de Pedro Sánchez. Díez apareció fugazmente y desapareció de los medios en cuestión de horas o más bien de algún día. Otra cosa fue que también lo hizo de alguno de los despachos del palacio de las Salesas de Madrid, donde tiene su sede el Tribunal Supremo, o de las dependencias de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en la calle Manuel Silvela, número 4.
¿Pero quién es Leire Díez? La denominada cloaca de Leire Díez no se entiende sin el conjunto de relaciones que vinculan a asesores del PSOE, empresarios afines, periodistas funcionales y operadores jurídicos que, lejos de actuar en defensa de los intereses generales, parecen haber trabajado al margen del Estado de Derecho para proteger intereses partidistas o personales. Leire Díez, asesora clave del entorno de Pedro Sánchez —no se sabe con certeza si con acceso directo a él o no— y figura de confianza de Santos Cerdán, ha actuado como engranaje central en esta estructura. Su rol ha sido coordinar acciones policiales, judiciales, comunicativas, mediáticas y estratégicas para blindar al núcleo duro de Pedro Sánchez y promover operaciones de desgaste contra adversarios, ya fueran internos (críticos del partido) o externos (independentistas catalanes, fiscales, jueces). Uno de los operadores de campo en esta trama ha sido Jacobo Teijelo, abogado con vínculos en entornos cercanos al PSOE, y que, para sorpresa de muchos, periodistas incluidos, ya ha visitado a Santos Cerdán en Soto del Real.
El Supremo quiere ablandar a Cerdán en prisión, porque, sin duda, es poseedor de información muy comprometida
Una de esas acciones que apuntan a esta red es el intento de soborno al fiscal José Grinda, uno de los principales investigadores contra el crimen organizado internacional y muy activo en causas como las de la mafia rusa, algunos oligarcas y redes de blanqueo, aunque los más conocidos, al menos en Catalunya, son el caso 3%, que vincula a la extinta Convergència y pendiente de juicio; el caso Zed, donde está pendiente de juzgar a Pérez Dolset; la operación Catalunya en Andorra, o la investigación del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, que después de pasar dos años en prisión preventiva fue absuelto por la Audiencia Nacional. La denuncia formal del fiscal Grinda —que previamente puso en conocimiento de su superior— ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ante la propia Fiscalía General del Estado, en la que expone un intento de soborno del que habría sido objeto, es un hecho gravísimo que afecta directamente a la trama. Grinda identificó a los emisarios como actores relacionados con intereses económico-empresariales con ramificaciones políticas, e incluyó entre los implicados indirectos a periodistas que —presuntamente— participarían en maniobras de presión, encubrimiento o manipulación del relato. Entre ellos, destaca el nombre de Pere Rusiñol, quien habría tenido un papel activo o, como mínimo, funcional en esta operación.
En todo eso radica la gran diferencia entre Koldo y Ábalos, por un lado, y Santos Cerdán por el otro. Es al último al que el Supremo quiere ablandar con su ingreso en prisión, porque, sin duda, es poseedor de información muy comprometida y en esferas y ámbitos muy diferentes, dado que actuaba como plenipotenciario de Pedro Sánchez en muchos ámbitos de la vida pública. Con el auto del lunes, Leopoldo Puente puede llegar a tenerlo en teoría hasta seis meses en prisión, si no hay nuevos hechos, ni nuevas causas que amplíen este período. O bien, que la situación política haya dado un vuelco absoluto.