Jornada política en Madrid marcada por las reacciones al auto del Tribunal Supremo que deja a Álvaro García Ortiz a un paso de convertirse en el primer fiscal general del Estado de la historia en sentarse en el banquillo de los acusados. 24 horas después de la decisión de la Sala de Apelación del Supremo de confirmar su procesamiento, el Gobierno le mantiene el apoyo, pero aparecen las primeras fisuras en las filas socialistas. La ministra Margarita Robles ha defendido que la decisión de dimitir la tiene que “tomar” él y Josep Borrell ha esgrimido que el hecho de que continúe en el cargo “no es la mejor de las cosas estéticamente” y que cuando alguien es imputado “normalmente se pone en cuestión la continuidad en sus responsabilidades”. Mientras tanto, el PP se lanza en tromba contra el Gobierno y exige que el ministro Félix Bolaños dé explicaciones durante el mes de agosto en el Congreso y en el Senado. Fuera de la arena política, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que es una de las siete acusaciones populares, ha solicitado al juez instructor que suspenda al fiscal general del Estado cuando lo envíe a juicio.
“El partido popular siempre hace oposición de todo, que deje trabajar tranquilamente al Tribunal Supremo, que dictará las resoluciones oportunas”, ha lamentado la ministra de Defensa, Margarita Robles. “En un supuesto de procesamiento, el fiscal general del Estado no está obligado a dimitir. Es él el que tiene que tomar las decisiones”, ha reconocido en unas declaraciones a los medios de comunicación desde Paracuellos de Jarama (Madrid). “No vale todo en política. Al Partido Popular no le interesa el fiscal general del Estado ni la justicia, sino que quiere utilizar esto como un instrumento más contra el Gobierno”, ha remachado.
Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha mantenido la línea argumental de la Moncloa: “Respaldamos al fiscal general del Estado y no podemos poner al mismo nivel a quien persigue al delito que un presunto defraudador fiscal”, ha argüido. “Cuando se atenta contra la Hacienda Pública, se atenta contra todos”, ha añadido. Quien todavía no se ha pronunciado públicamente sobre esta cuestión es el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Eso sí, desde que se le abrió la causa, Bolaños siempre ha cerrado filas con Álvaro García Ortiz: “Como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, mantenemos por completo nuestra confianza en el fiscal general del Estado. Entre los fiscales y los defraudadores confesos, el Gobierno está con los fiscales que persiguen el delito, sin ninguna duda”, manifestó el día que el juez lo procesó.
“Estéticamente, no es la mejor de las cosas”
La voz socialista más discordante ha llegado de fuera del Gobierno. Ha sido Josep Borrell, que actualmente es presidente del CIDOB, que entre 2019 y 2024 fue alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y que fue ministro de Asuntos Exteriores el primer año y medio de Pedro Sánchez en la Moncloa. “Normalmente, cuando alguien es imputado se pone en cuestión la continuidad en sus responsabilidades”, ha expresado en una entrevista en Antena 3. “Estéticamente, un fiscal general imputado no es la mejor de las cosas”, ha subrayado, aunque ha reconocido que hay que tener “mucho cuidado” con la “presión para que alguien dimita si los argumentos no son fundados”. “En este caso concreto, el Gobierno cree en la inocencia del fiscal general. Si el Gobierno cree que el fiscal no ha hecho nada punible, y de momento no se ha probado que lo haya hecho, está en su derecho de mantenerlo en sus funciones”, ha admitido.
El PP pide explicaciones a Félix Bolaños en el Congreso y en el Senado
En paralelo, el PP pone a Félix Bolaños en la diana. Los populares quieren pedir explicaciones al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que se ha mantenido en silencio en las últimas 36 horas. Frente a la “grave anomalía democrática sin precedentes” que supone que el fiscal general del Estado esté a un paso del banquillo, los populares han registrado dos iniciativas. Por un lado, en la Cámara Baja, solicitan a Francina Armengol que convoque la Diputación Permanente (dado que julio y agosto son meses inhábiles parlamentariamente) para poder debatir y votar la solicitud de comparecencia urgente de Bolaños en un pleno extraordinario. Por otro lado, aprovechando su mayoría absoluta en la Cámara Alta, el PP quiere convocar a Bolaños en la Comisión de Justicia a lo largo del mes de agosto.
Asimismo, los populares han registrado una batería de 18 preguntas al Senado. Entre otras cosas, preguntan a Félix Bolaños si Álvaro García Ortiz es “idóneo” para el cargo de fiscal general del Estado y si es “sostenible” que lo siga siendo, si el Gobierno es “consciente” del “daño reputacional” que esto supone para el Ministerio Público, qué “medidas va a adoptar” para “reponer la imagen” de la Fiscalía, si el hecho de que esté procesado es “acorde a los principios democráticos”, si considera que “vale todo para destruir a un rival político” y si el “borrado de datos” por parte del fiscal general del Estado es “acorde con la posición institucional que ostenta”. “¿Cuál es el verdadero motivo por el que el Gobierno no exige el cese del fiscal general del Estado?”, plantean.
Y este último interrogante va en la línea de lo que ha expuesto esta mañana la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. “Tengo la impresión de que es el Gobierno el que está pidiendo que se quede, porque es un puente más y un pilar más en esa defensa numantina que tiene Pedro Sánchez ante todos los casos de corrupción que la asolan”, ha sostenido en una entrevista en la COPE. Desde Antena 3, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha añadido otro argumento: “Los presuntos delitos cometidos por García Ortiz han sido ordenados desde el Palacio de la Moncloa y por eso Sánchez apoya y abraza al fiscal general del Estado”. “¿Qué sabe el fiscal general del Estado para que Sánchez no pida su dimisión y lo apuntale? ¿Qué sabrá de Sánchez, de su Gobierno y de su partido? Algo temerá”, ha añadido Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, en un acto desde Murcia.