El juez del Tribunal Supremo justifica que haya dictado la prisión provisional de Santos Cerdán este lunes porque considera que hay bastantes indicios para calificarlo como el líder de la trama corrupta, que reclamaba comisiones a constructoras a cambio de obra pública, y actualmente podría "ocultar o alterar pruebas" por su "conocimiento privilegiado" de la operativa que se investiga. En la resolución, de 20 páginas a la que ha tenido acceso ElNacional.cat, el magistrado Leopoldo Puente afirma que había "una relación vertical" entre el exsecretario de Organización del PSOE y los otros dos imputados de la trama, el exministro de Transportes y antecesor de Cerdán en el PSOE, José Luís Ábalos, y su exasesor, Koldo García, a los que —según el instructor— informaba de sus contactos con las empresas y de los cobros.
Hacia Soto del Real
En el interrogatorio previo, Cerdán solo ha contestado las preguntas de su abogado, Benet Salellas, y el fiscal Anticorrupción ha pedido su ingreso en la prisión, cosa que no hizo con Ábalos y García. El juez le ha hecho caso y se espera que Cerdán —investigado por los delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias— ingrese en la prisión de Soto del Real en las próximas horas. Por ahora, el juez no le imputa el delito de malversación de fondos, como reclamaba la Fiscalía.
Más implicados
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado que se podrían haber cobrado comisiones ilegales en al menos cinco adjudicaciones de obra pública bajo sospecha entre los años 2019 y 2023, básicamente en Acciona, por un valor de unos 550 millones de euros. En este sentido, el instructor del Supremo precisa que el "botín" obtenido de los tres sería en torno a un millón de euros, lo que en palabras del juez "representa un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas" y por eso añade que "indiciariamente se refuerza la idea de que más personas, físicas o jurídicas, además de Ábalos, García y Cerdán se podrían haber lucrado con las adjudicaciones, que no se puede descartar en este momento". Todo apunta a una posible financiación ilegal del PSOE.
Precisamente, el juez Puente desestimó el viernes que el abogado del partido se persone, por ahora, en la causa.
Ni conspiración, ni Koldo es agente encubierto
Los indicios criminales sólidos para el juez Puente son las grabaciones que la policía judicial encontró a Koldo García (en tres móviles y una grabadora), quien registró conversaciones con Cerdán en 2019 y son "bastante explícitas", según el instructor. Precisa que en su declaración de este lunes Cerdán "no cuestiona su contenido", sino que no las recuerda y su defensa indica que pueden estar manipuladas.
No obstante, el instructor del Supremo también expone que no hay ningún elemento de "mínima seriedad" para asegurar que haya esta manipulación de las grabaciones y descarta el argumento de Cerdán, de que las grabaciones son fruto de su impulso "del Gobierno progresista" y las negociaciones con partidos nacionalistas, refiriéndose a Junts, ERC y EH Bildu.
Incluso el juez Puente declara que "no hay ninguna mínima prueba" para considerar Koldo García "agente encubierto o provocador". Son conversaciones "que se hicieron mucho antes" que las negociaciones con los independentistas, afirma el juez, y concluye que tienen un sonido de mala calidad y que fueron encontradas por la policía en los registros, con el nombre de Ferraz, el nombre de la calle donde está la sede del PSOE.
En la resolución, el juez precisa que no solo hay las grabaciones como indicios, sino también la participación de Cerdán en la empresa Servinabar, a pesar de que fue negada por su titular, ahora imputado. Y añade que hay mensajes en los que la ex mano derecha de Pedro Sánchez se interesaba por obras públicas en 2018 (en referencia a Navarra), y que su defensa lo ha atribuido al interés del partido porque había procesos electorales en esos territorios.
Finalmente, el juez justifica la prisión provisional de Santos Cerdán, frente a la de los otros dos imputados de la trama, asegurando que es para que no destruya pruebas, porque "todavía no se ha investigado su patrimonio ni se ha registrado su domicilio", porque hasta hace poco era diputado del PSOE y había que pedir permiso en el Congreso. No obstante, cuando el magistrado autorizó a la Guardia Civil a entrar en la sede del PSOE a copiar unos correos electrónicos, descartó el registro del domicilio de Cerdán, quien ya se había dado de baja de toda actividad política.
El juez insiste que Cerdán, de forma indiciaria, era quien reclamaba las comisiones ilegales a las empresas y, por tanto, es el conocedor de los implicados en esta trama, mientras García y Ábalos lo obedecían. Es decir, el juez espera saber la implicación de las "empresas indiciariamente corruptoras" y poder recuperar una parte de lo que se pagó fraudulentamente con dinero público.