Nueva fumata negra a la oficialidad del catalán en las instituciones europeas. Las expectativas levantadas para que este martes el catalán consiguiera, finalmente, el plácet de los 27 países del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europa reunidos en Bruselas no se han revelado ciertas. España ha encajado un serio traspié en un asunto que, obviamente, para sus responsables políticos no tiene el mismo interés que para los catalanes. Aunque el número de países que expresaron resistencias a la oficialidad del catalán varía según las fuentes, que lo sitúan entre siete y diez, es evidente que los deberes diplomáticos estaban muy lejos de ofrecer el resultado que, decían, se esperaba. Dicho en plata, España ha vendido la piel del oso antes de cazarlo y, seguramente, lo ha hecho por muchos motivos, empezando porque el crédito político de Junts per Catalunya empezaba a agotarse. Y fue entonces, como por arte de magia, que la carpeta del catalán en la UE, que se acordó para la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023, fue rescatada del cajón en que permanecía abandonada.

No seré yo quien rebaje un milímetro la crítica al Partido Popular por su oposición a la oficialidad del catalán. Ha actuado con mezquindad y con una visión claramente alejada de la realidad lingüística en España. Pero tampoco es una novedad esa actitud de los populares y es de una gran ingenuidad pensar que iban a hacer lo contrario. En todo caso, si la posición del PP era tan desequilibradora e influyente, alguien hubiera tenido que hacer alguno de los deberes que no se han hecho. La cuestión de fondo, sin embargo, no es esa. O no es solamente esa. En el club privado de estados de la Unión Europea, se mueven en paralelo dos vectores: la afinidad ideológica entre jefes de gobierno y los intereses que cada país pueda tener y que actúan como moneda de cambio en los acuerdos. Se vio, sin ir más lejos, en la designación de la exvicepresidenta tercera y exminista de Transición Ecológica Teresa Ribera como número dos de la Comisión Europea para asuntos ecológicos, energéticos y de competitividad y comisaria de la Competencia el pasado mes de noviembre. 

Si la posición del PP era tan desequilibradora e influyente con el catalán, alguien hubiera tenido que hacer los deberes que no se han hecho

Dos diarios españoles ideológicamente tan dispares titulaban así sus crónicas en las horas previas: "La guerra del PP contra Teresa Ribera sume la formación de la nueva Comisión Europea en la incertidumbre" (El País) y "El PP multiplica su 'lobby' contra Teresa Ribera y ya ve opciones reales de tumbarla: 'Somos muy optimistas'" (El Mundo). ¿Qué pasaba horas después? Pues que, con matices, los diarios titulaban así: "Pacto en la UE: Ribera será comisaria pese a las maniobras de Feijóo". El resultado fue meridiano: pasó la candidatura del gobierno español, y, a cambio, Pedro Sánchez tuvo que hacer concesiones aceptando los candidatos de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. La política hace extraños compañeros de viaje en función del objetivo que se persiga y para el primer ministro español la pieza de Ribera en Europa como vicepresidenta primera era fundamental y no podía perder la batalla y no la perdió. La influencia de Feijóo sirvió para lo que sirvió, que fue muy poco, y Ursula von der Leyen tuvo su colegio de comisarios y el número de países gobernados por el Partido Popular Europeo no era sustancialmente muy diferente al actual.

Según se ha filtrado al acabar la reunión de Consejo General de Asuntos de la Unión Europea, el primer país en expresar reticencias fue Alemania, a la que siguió Italia, Suecia y Finlandia. En ese momento la partida ya se había acabado, al menos en lo que se refiera a esta reunión, y posiciones también distantes de Francia, República Checa, Croacia y Austria ya tenían menos importancia. Igual que las de los países bálticos —Estonia, Letonia y Lituania— que, según el Financial Times, se han sentido amenazados por el ministro de Asuntos Exteriores español, que habría llegado a cuestionar el despliegue de sus tropas en esos estados fronterizos con Rusia. Sea eso del todo verdad o no, lo cierto es que habrá que esperar, en todo caso, otro mes más para volverlo a plantear en la última presidencia de Polonia, que la cederá en el segundo semestre a Dinamarca y en 2026 a Chipre, países ambos que no han expresado reticencias. Al ministro Albares se le agradece la contundencia sobre la oficialidad del catalán en la UE, señalando que es irreversible y su apuesta por llevar el tema al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si se sigue impidiendo la medida y obstaculizándose.