En un veredicto con profundas implicaciones legales y políticas, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos ha dictaminado que los aranceles "recíprocos" impuestos durante el mandato de Donald Trump, incluidos los gravámenes específicos contra México, el Canadá y China, fueron ilegales. La decisión, de que no fue unánime, valida una sentencia previa de un tribunal inferior y marca un revés significativo para la visión expansiva del poder ejecutivo que caracterizó la administración Trump.
El núcleo de la sentencia radica en la cuestión constitucional de la separación de poderes. El tribunal afirmó de manera rotunda que el Congreso "en ningún caso" otorgó al presidente "poderes amplios para imponer aranceles de la naturaleza" de los que Trump promulgó mediante órdenes ejecutivas. Los magistrados argumentaron que estas órdenes "exceden" las facultades que el Congreso le concedió para "regular" las importaciones, declarándolas "inválidas, al ser contrarias a la ley".
Esta decisión cuestiona directamente la estrategia legal utilizada por Trump, quien utilizó declaraciones de emergencias nacionales para justificar la imposición de los gravámenes bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). El tribunal consideró "poco probable" que el Congreso, al aprobar esta ley, quiere "otorgar al presidente una autoridad ilimitada para imponer aranceles". La sentencia recalca que, según la Constitución, es el poder legislativo –y no el ejecutivo– quien tiene la autoridad primordial para establecer aranceles, y que cuando el Congreso delega este poder, lo hace "de manera explícita".
La reacción de Trump
La respuesta del expresidente no se hizo esperar. Desde sus redes sociales, Trump calificó la sentencia como producto de un juzgado "altamente partidista" y lanzó una severa advertencia: retirar los aranceles, aseguró, "destruiría los Estados Unidos" y sería un "desastre total" que debilitaría el país financiera e industrialmente.
"Con la ayuda del Tribunal Supremo, utilizaremos los aranceles para beneficiar nuestra nación", anunció Trump, confirmando que su equipo legal elevará el caso a la más alta instancia judicial del país. Esta apelación detiene automáticamente la aplicación de la sentencia del tribunal de apelaciones, lo cual significa que todos los aranceles controvertidos siguen vigentes de momento.
Trump defendió con dureza su política comercial, diciendo: "Los aranceles son la mejor herramienta para ayudar a nuestros trabajadores y dar apoyo a las empresas para fabricar fantásticos productos hechos en América". También se quejó de que "durante demasiados años", estos gravámenes fueron utilizados "contra" los Estados Unidos por parte de políticos "insensibles e imprudentes".
Más allá del debate inmediato sobre estos aranceles concretos, la sentencia sienta un precedente crítico que limita la capacidad de los futuros presidentes para imponer medidas comerciales agresivas sin la autorización explícita del Congreso. La batalla legal, que ahora se traslada al Tribunal Supremo, promete ser una disputa histórica sobre el equilibrio de poderes entre las ramas ejecutivas y legislativas del gobierno norteamericano en materia de política comercial internacional.