Con todos los frentes judiciales abiertos y las iniciativas legislativas de mayor calado sin mayoría parlamentaria para sacarlas adelante, Pedro Sánchez intenta un golpe de efecto que le dé oxígeno a la legislatura. Con este objetivo facilitó la aprobación en el Consejo de Ministros del proyecto de ley de reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas, que impulsa su vicepresidenta Yolanda Díaz. En el relato político actual, tan centrado en temas judiciales, Sánchez necesita una cuña social porque, aunque su capacidad de resistencia es a prueba de cualquier noticia negativa que pueda surgir, resistir así dos años es más que difícil. Sobre todo, porque el relato socialista de gobierno decae cada mañana cuando se conocen los famosos wasaps entre el presidente y su antigua mano derecha, José Luis Ábalos, o los casos judiciales de su esposa Begoña Gómez o su hermano David Sánchez.

Esta semana, si la implacable maquinaria político-judicial mantiene su calendario, la UCO —Unidad Central Operativa— de la Guardia Civil entregará el llamado informe Santos Cerdán, que contiene, según ya se ha filtrado, graves acusaciones contra el secretario de organización del PSOE. Se dice que la petición del suplicatorio al Congreso de los Diputados, dada su condición de aforado, será el siguiente paso. Mal asunto tener a dos secretarios de organización imputados, si llega el caso, por temas de corrupción. No hay que olvidar que Santos es, además, la cara visible de los socialistas en la llamada mesa de Suiza con los independentistas de Junts. Una situación que no le servirá para revertir el voto de los de Puigdemont sobre el suplicatorio cuando llegue el caso, ya que la memoria de la agresividad con la que se comportaron los socialistas con el suplicatorio de Puigdemont en el Parlamento Europeo —nada diferente a la de los eurodiputados de PP o de Vox— está demasiado reciente.

Desde la Moncloa se intenta mantener vivo este debate ante la ausencia de cartas mejores, aun a sabiendas de que la posición de Junts va a ser inamovible

Pero volvamos a la reforma de la ley de reducción de jornada laboral. El gobierno español ha iniciado el proceso de seducción de Junts, e incluso los dirigentes de Sumar han avanzado que si han de viajar a Waterloo para convencer a Puigdemont están dispuestos a hacerlo. Desde la Moncloa se intenta mantener vivo este debate ante la ausencia de cartas mejores, aun a sabiendas de que la posición de Junts va a ser inamovible. "Ni de coña", aseguraba un conocedor de la situación. La posición está muy definida y se ha comentado a fondo con el tejido empresarial catalán, además de con Foment y la Pimec. Las razones aducidas por Junts son varias: desde la falta de consenso para una iniciativa de esta magnitud, la inexistencia de la concertación social, hasta el incremento que acabaría teniendo para las empresas catalanas.

En la recta final de este mes, el día 27, está también marcado en rojo la reunión del consejo de asuntos generales de la Unión Europea que debería abordar la oficialidad del catalán en las instituciones europeas. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, solicitó que se incorporara a la orden del día a principios de este mes y la presidencia de turno, en manos de Polonia, lo aceptó. En aquel momento, el día 9, se generaron unas expectativas positivas, pero a medida que han ido pasando los días se han desvanecido y no parece existir quorum alguno para que pueda prosperar. Incluso algún país que parecía favorable hace muy poco tiempo, como Alemania, no está claro del todo que tras la llegada del nuevo canciller conservador siga siéndolo. Si es así, el catalán en Europa seguirá guardado en un cajón.