Aunque de dimensiones políticas claramente diferentes, Alberto Núñez Feijóo y Pere Aragonès se examinan este martes por sus respectivas cámaras legislativas. El primero, en su imposible camino hacia una investidura a la que concurre con tan solo 172 votos a favor y faltándole cuatro para la mayoría absoluta que lo llevaría en volandas hacia el palacio de la Moncloa. El segundo, con una minoría política más que llamativa, aborda un debate de política general con tan solo sus 33 diputados de los 135 que tiene la Cámara catalana y deberá hacer equilibrios para que la amplia oposición, encabezada por PSC y Junts, no lo dejen en franca minoría en las resoluciones que se aprobarán el viernes.

Feijóo acude a las Cortes a reclamar ser investido y con los únicos apoyos de los diputados de Vox. Su línea argumental durante el debate está más que clara: Pedro Sánchez ha antepuesto sus intereses por delante de los de España y está dispuesto a hacer todo tipo de concesiones al independentismo y especialmente al president en el exilio Carles Puigdemont para continuar cuatro años más en la Moncloa. Y de ahí que se haya abierto la vía de la amnistía o el del verificador de los acuerdos que se alcancen, dos carpetas que no están ni mucho menos cerradas, aunque se está desbrozando el camino.

En cualquier caso, es obvio, que la sombra de Puigdemont estará más presente que nunca en el debate del Congreso, como también se vio este domingo en el acto político convocado por el Partido Popular en la plaza Felipe II. En las últimas horas, el PP ha aflojado sus llamadas al transfuguismo de un puñado de diputados socialistas después de las críticas generalizadas que ha recibido, algunas no desde la izquierda, ya que la derecha en su desesperación había cruzado en esta cuestión una peligrosa barrera. 

Aquí, en el Parlament, el president Aragonès también pasará un examen sobre algunas de sus propuestas políticas. En concreto dos: la salud de la Mesa de Diálogo con el PSOE que el mismo lideró y de la que solo han formado parte consellers de Esquerra, ya que la delegación de Junts fue vetada por tener entre sus miembros presos políticos y el Acuerdo de Claridad que propuso hace ahora justamente un año como su propuesta estrella en el último debate de política general y que tenía por objeto conseguir el referéndum definitivo. Para ello designó un consejo asesor integrado por nueve académicos del que no se sabe mucho y que, sin duda, querrá explicar.

Pero más allá de estas dos iniciativas, consideradas de gran trascendencia para el president Aragonès, también será interesante comprobar cómo sortea la minoría política de su gobierno al cumplirse un año de la salida de Junts del Govern, tras la expulsión de su vicepresident y ante acusaciones de incumplimiento de los acuerdos de investidura. Tras las elecciones del pasado mes de julio, hubo intensos rumores de que Esquerra podía intentar recomponer el Ejecutivo catalán con sus anteriores socios, pero nunca ha habido constancia de que Aragonès hiciera tal propuesta. Quizás los republicanos lo han intentado o han avistado directamente que Junts no está interesado en una operación así en este momento y que prefiere mantenerse así hasta las nuevas elecciones catalanas.