La Comisión Europea y el Reino de España se han enfrentado este martes, en la primera vista en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la ley de amnistía del procés, en Luxemburgo. En la vista, en la gran sala, por las prejudiciales del Tribunal de Cuentas, los abogados de la Comisión Europea y del Gobierno han defendido que los gastos vinculados al 1-O no afectan a los intereses financieros de la UE, y, por tanto, han pedido al tribunal que "inadmita" las prejudiciales de Tribunal de Cuentas.. Ahora bien, han discrepado sobre la seguridad jurídica y la supuesta "discriminación" de la ley del olvido penal, aprobada hace un año.
Por su parte, las defensas de los independentistas catalanes han asegurado que la ley de amnistía no afecta al derecho de la Unión, y que la norma del olvido penal respeta la separación de poderes y que los hechos del 2017 "no fueron crímenes de Estado, sino manifestaciones de un conflicto político", en palabras de Gonzalo Boye, abogado del president en el exilio Carles Puigdemont.
La autoamnistía
En concreto, Carlos Urraca, de los servicios jurídicos de la Comisión Europea, ha cuestionado que la ley respete los principios de seguridad jurídica y de igualdad, a pesar de admitir que es competencia de los tribunales españoles analizarlo. En concreto, el letrado de Bruselas ha asegurado que "no parece que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general" porque "forma parte de un acuerdo de investidura", en referencia al pacto entre el PSOE, Junts y ERC para hacer Pedro Sánchez presidente del Gobierno.
Además, Urraca ha recriminado al Gobierno que no siguiera las recomendaciones de la Comisión de Venecia, que pedía una ley "más clara y precisa" y un "diálogo significativo" con tiempo para conseguir una mayoría más amplia para aprobarla, según él. "Hay dudas sobre el requisito de que las disposiciones de la ley de amnistía sean claras y precisas", ha remarcado Urraca durante la vista.
Competencia del Constitucional
Por el contrario, la abogada del Estado español ante la UE, Andrea Gavela (en la foto principal), ha advertido al TJUE que este es un debate "constitucional" que se tiene que abordar en España. Precisamente, el Tribunal Supremo ha hecho una cuestión de inconstitucionalidad por "vulneración del derecho a la igualdad y al principio de seguridad jurídica" y está pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional. "En ningún caso la ley puede ser calificada de autoamnistía", ha respondido Gavela, como dijo la Comisión Europea en su escrito en el procedimiento escrito ante el TJUE.
Así lo han compartido las defensas de los excargos de ERC y de Junts, a quien el Tribunal de Cuentas tiene pendiente de resolver si amnistía la reclamación de 5,3 millones de euros por el 1-O y el gasto Exterior, según la acusación popular de Sociedad Civil Catalana. El abogado de la entidad españolista ha vuelto a repetir que la norma es una "autoamnistía", recogiendo la afirmación que hizo el expresidente socialista Felipe González, que Bruselas le ha copiado. La sentencia del TJUE será clave para resolverlo.
Gavela ha recordado que la sentencia del TC, de finales de junio, ya ha avalado el criterio de trato diferencial de la norma, que es “justificada” con el objetivo de "superar el conflicto político". Además, Gavela ha defendido que la ley de amnistía respeta los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la ley.
En su intervención, la abogada del Estado español también ha asegurado que el Tribunal de Cuentas ha hecho hipótesis sobre la posible independencia de Catalunya y la afectación a los fondos de la Unión, cuando "el mismo Supremo dijo que era una ensoñación".
Una consejera "no imparcial"
En su intervención, el abogado defensor de los excàrrecs de ERC, Marc Marsal, ha expuesto que el Tribunal de Cuentas no puede plantear prejudiciales al TJUE porque no es un órgano jurisdiccional, y a la vez ha asegurado que la consejera de Enjuiciamiento del 1-O, Elena Hernáez, como el resto de consejeros, "no está libre de influencias ni tiene una imagen de imparcialidad".
El abogado de Oriol Junqueras en el Tribunal de Cuentas también ha ilustrado a los magistrados de la gran sala que el Tribunal Constitucional, en la sentencia que avala la ley de amnistía, deja claro que los jueces y tribunales son los que tienen que interpretar la norma y que, "si no lo consideran oportuno, no levantan las medidas cautelares impuestas", tal como ha hecho el Supremo con los líderes condenados por malversación y al exilio, pendientes de juicio.
Precisamente, los magistrados de Luxemburgo han preguntado a la abogada del Estado español y al de la Comisión Europea sobre la sentencia del TC - que ya han leído- y si se pueden presentar prejudicals, una vez hay resolución del órgano de garantías. Un camino claramente abierto al Supremo, si el Constitucional avala la amnistía de la malversación, aunque el TJUE le puede responder que es un tema ya resuelto, con la sentencia que dictará por la causa del 1-O.