La presentación de las bases o los cimientos del nuevo sistema de financiación singular surgido del acuerdo entre ERC y PSC para la investidura de Salvador Illa es lo suficientemente inconcreto para que, a la larga, esto pueda acabar siendo una virtud o un defecto. Los gobiernos catalán y español han aparcado muchas de las cosas que se dijeron hace un año y que todos sabíamos que eran fruto más de la necesidad de los republicanos de convencer a sus bases que de que los socialistas hubieran aceptado un sistema de financiación similar al concierto vasco. Doce meses después, el Govern ha tratado de encajar aquel compromiso de asunción progresiva por parte de la Agència Tributària de Catalunya de la gestión, recaudación, liquidación, inspección y disponibilidad de todos los impuestos soportados en Catalunya con otro asentado en la definición de una cesta de impuestos —un porcentaje para la Generalitat y uno para el Estado— para financiar las competencias homogéneas de todas las autonomías, una aportación a la solidaridad y una financiación por parte del Estado para las competencias específicas de Catalunya. 

No se dieron números, ni cifras, ni porcentajes, lo que, al hablar de dinero, no es cosa menor. La financiación será singular pero adaptable a todas las comunidades autónomas en función de su singularidad. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estuvo deliberadamente ausente de la cita en beneficio del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que, junto al conseller de Presidència, Albert Dalmau, se han encargado de explicar el acuerdo tras la comisión bilateral, en la que ha estado presente la consellera de Economia, Alícia Romero. Montero, líder del PSOE en Andalucía y candidata a desbancar al popular Juanma Moreno de la presidencia de la Junta, está haciendo tantos equilibrios que su papel se diluye aquí y allí. Esquerra le ha señalado como la responsable de frenar la materialización del acuerdo, que debería haberse formalizado antes de finalizar el mes de junio, y de tratar de orillar el tema de la ordinalidad, es decir, que Catalunya no pierda posiciones en el ranking de rentas de las diferentes comunidades autónomas después de hacer su aportación a la solidaridad. Y en Andalucía, Montero será señalada como la que rompe la solidaridad entre españoles para beneficiar a los independentistas. En ambas situaciones, la ministra tiene las de perder posiciones y credibilidad. Es lo que tiene jugar varias cartas al mismo tiempo.

Los de Puigdemont no piensan rebajar sus expectativas de que se parezca al concierto económico

Respecto a Ayuso otro tanto. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido una respuesta en plan kamikaze, como harán hoy varios diarios de Madrid, asegurando que es una sentencia de muerte para España. Solo desde una posición de una política indocumentada y frívola se puede hacer este tipo de declaraciones. De un acuerdo que solo son cimientos a trabajar difícilmente se pueden decir tantas barbaridades, así como asegurar que acudirá a la Audiencia Nacional, al Tribunal Constitucional, a la unidad de todas las comunidades autónomas, "y donde tengamos que ir para decir que también desde la Comunidad de Madrid nos negamos a firmar esta sentencia de muerte contra España". Es cierto que Isabel Díaz Ayuso o José María Aznar no fallan nunca a la hora de encender la lucecita de las esencias patrias y aparecer como los salvadores. Debe ser que dar alpiste a los electores de extrema derecha tiene este peaje: fer passar bou per bèstia grossa.

Más allá del acuerdo firmado entre los dos gobiernos y que ha sido acogido con cautela —un dirigente importante de Esquerra lo definió así: normal, bien, esperanzador y para matarlos— los agentes económicos catalanes lo evaluaron positivamente y Junts per Catalunya marcó tantas distancias que parece difícil que en el Congreso de los Diputados pueda llegar a avanzar porque los de Puigdemont no piensan rebajar sus expectativas de que se parezca al concierto económico. En medio de este ciclón de comunidades autónomas del PP, enmendando lo que no es, también hay que situar la crisis política y judicial del PSOE y de Pedro Sánchez. Descartado que se pueda cumplir el acuerdo inicial de que la Agencia Tributaria de Catalunya recaude la totalidad del IRPF del año próximo por falta de musculatura para llevarlo a cabo, igual no se va a poder ir mucho más allá de las bases o los cimientos acordados. El Gobierno todo el mundo sabe que hoy por hoy está en la UCI y para su desconexión no hace falta un gran consenso. Tan solo que algún grupo de la investidura apague el interruptor.