La amnistía tiene como objetivo "pacificar un conflicto institucional", reparar a las víctimas y superar fracturas. Este ha sido uno de los argumentos que ha esgrimido este martes el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, en su intervención en la vista que se celebra en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en Luxemburgo para dar respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas. Tras el representante de Sociedad Civil Catalana (SCC), que actúa como acusación popular, y tras la fiscalía del Tribunal de Cuentas, la gran sala ha escuchado esta mañana los argumentos esgrimidos por las defensas de los independentistas. "La amnistía honra Europa, porque Europa es diálogo, no revancha", ha asegurado Boye.
El abogado ha defendido que la amnistía no es ninguna amenaza para Europa; ha sido aprobada por un parlamento libremente escogido dentro del marco constitucional y no plantea "impunidad ni privilegios", sino "un reconocimiento entre las partes como base para construir la reconciliación". En sus consideraciones finales, ha advertido que esta ley no es el final de nada, sino que puede ser el comienzo de todo, y que Europa "no puede castigar a quien legisla en y por la paz", dado que esta ley no rompe el Estado de derecho, sino que lo que hace son intentar restaurarlo.
No es una autoamnistía
Las conclusiones de Boye son que la ley de amnistía no viola el Tratado de Funcionamiento de la Unión, porque "no hay afectación financiera"; ni la Carta de la UE, porque se garantiza el derecho a la defensa, las garantías procesales y la audiencia de las partes; no socava la independencia judicial y tampoco es una autoamnistía. En este sentido, ha recordado que la ley excluye expresamente los grandes crímenes internacionales, no beneficia a los que lo han legislado, está sujeta a aplicación judicial individualizada e incluye como beneficiarios a actores de todos los signos políticos, incluso, aquellos que ejercieron la represión.
En las respuestas a las diferentes cuestiones planteadas por el Tribunal de Cuentas al TJUE, Boye ha subrayado que esta ley forma parte de un proceso de reconocimiento entre las partes y de reconocimiento del conflicto y búsqueda de reparación, dado que los hechos que se produjeron en Catalunya en el 2017 no fueron crímenes de Estado, sino manifestaciones de un conflicto político, que han tenido como consecuencia la prisión, el exilio, inhabilitaciones y fractura social, además de la judicialización del disenso. Ha destacado que esta ley permite desjudicializar la política, establece las bases para un nuevo marco de convivencia. "No hay reconciliación sin amnistía, y no hay democracia sin reconciliación", ha advertido Boye, que ha insistido en que Europa no se construyó con códigos penales sino con pactos.
Diálogo judicial
El abogado ha defendido que el plazo de dos meses que fija la ley para aplicar la amnistía es una garantía para las partes y, ante la cuestión que ha planteado al respecto el Tribunal de Cuentas, reprocha que este tribunal, al cual la ley impone 20 días para sus sentencias y tardó más de 300 días no para dictar sentencia, sino para cursar la cuestión prejudicial.
Ha insistido en que ni hay fondos europeos implicados en este caso, ni hay fondos públicos y, mucho menos, corrupción, que ha quedado expresamente fuera de la ley de amnistía, y recuerda que así lo aseguró el exministro de Hacienda Cristobal Montoro. "La UE y, especialmente, este Tribunal, no puede ser árbitro de conjeturas y conjuras nacionales", ha advertido el abogado después de subrayar que ni un euro europeo se ha visto comprometido en este caso.
Según Boye, todas las partes del procedimiento son escuchadas y la mejor prueba es que todas ellas estaban representadas hoy a la vista que se ha celebrado en Luxemburgo. "La amnistía no es silencio. Es diálogo judicial y democracia en acción".
Presión externa
Francesc Homs, en representación, entre otros del president Artur Mas, ha negado que la ley de amnistía pueda ser considerada contraria a la tutela judicial efectiva y ha rechazado el argumento de la consejera de Cuentas que presentó la cuestión prejudicial asegurando que los dos meses que impone la ley para aplicar la amnistía supone una presión externa. En este punto, ha asegurado que otros tribunales ya están aplicando esta ley "sin sentirse presionados" y ha contrastado la versión de la consejera del Tribunal de Cuentas, la cual ha sido propuesta por un partido político contrario a la amnistía, con la resolución del juzgado de instrucción 18 de Barcelona, dictado por una magistrada de la carrera judicial, Carmen García, que sostiene que la malversación imputada al 1-O no vulnera el derecho de la Unió, con mención explícita a la directiva de lucha contra el fraude.
Igualmente, Homs ha contrastado la actitud del Tribunal de Cuentas con el auto de la Audiencia de Barcelona del 11 de junio, que aplica la ley de amnistía a todos los encausados en un procedimiento que tiene "el mismo origen y el mismo objeto" que el del Tribunal de Cuentas y que "casualmente coinciden con la mayoría de los sujetos que son parte demandada en estas prejudiciales".