Aunque Pedro Sánchez ya despidió el curso político el lunes con su monólogo en el Palacio de la Moncloa —45 minutos de discurso, tan solo quince para cuatro preguntas, en general poco comprometidas— la corrupción del PSOE y la ratificación, por parte de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, por dos votos a uno, del procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha vuelto a marcar la agenda política. Quizás llegará el momento en que, por agotamiento, la opinión pública habrá desconectado de tantas noticias negativas en el entorno de Pedro Sánchez y acabará creyendo lo que proclaman sus colaboradores, que es objeto de una persecución judicial.

Pero las causas son tan diferentes, los jueces tan variados y, en muchos casos, las evidencias tan reales, que la defensa numantina que se produce desde Moncloa cae por su propio peso. Ya he dado mi opinión en otras ocasiones sobre la necesidad de una dimisión inmediata de García Ortiz. No es aceptable que quien ocupa tan alto cargo siga en su puesto. Ya no lo era cuando el juez Ángel Hurtado lo procesó, el pasado 9 de junio, por revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y lo convertía en el primer fiscal general del Estado en ir a juicio. Ahora, después del pronunciamiento de la Sala de Apelaciones, el camino hacia el banquillo de los acusados es prácticamente irreversible. 

García Ortiz no va a dimitir, lo ha vuelto a reiterar. Y el Gobierno no lo va a cesar, también lo ha vuelto a decir. Sánchez, incluso, como en anteriores ocasiones, ha cerrado filas con el acusado y ha señalado que cree en su inocencia y que cuenta con el aval del Gobierno. Más allá de la lógica presunción de inocencia, como cualquier ciudadano sin sentencia firme, la situación, institucionalmente hablando, es de una enorme degradación de la Fiscalía General del Estado. Es incomprensible para cualquier ciudadano, denigra el cargo de manera irreversible —más allá de la sentencia final— y es impensable en cualquier país de nuestro entorno. Cuesta de entender como se ha llegado a esta situación tan límite y como no existen mecanismos para apartarlo, más allá de la discrecionalidad de un gobierno al que parece que nada le saca de su guion preestablecido.

Quizás llegará el momento en que, por agotamiento, la opinión pública habrá desconectado de tantas noticias negativas en el entorno de Pedro Sánchez y acabará creyendo que es objeto de una persecución judicial

La segunda noticia tiene que ver con nuevas revelaciones sobre el caso Santos Cerdán, que permanece en la cárcel de Soto del Real desde el pasado 30 de junio. El exsecretario de Organización del PSOE continúa negando todos los hechos, ajeno a los indicios que se van conociendo y las acusaciones del dúo Koldo García-José Luis Ábalos. Este martes se ha conocido que la Hacienda de Navarra ha trasladado al magistrado encargado del caso Koldo en el Tribunal Supremo que la hermana de Santos Cerdán, María Belén Cerdán, habría recibido 22.200 euros de Servinabar, la empresa que se habría beneficiado de un conjunto de adjudicaciones de obra pública que están bajo investigación. María Belén Santos Cerdán es concejal del PSOE en el municipio navarro de Milagro, no sé si eso puede tener, o no, algo que ver.

El último acto oficial de Sánchez antes de iniciar unas vacaciones de varias semanas en La Mareta, la residencia oficial en Lanzarote, ha sido un despacho en Marivent con Felipe VI. Hace un año, en esta misma audiencia, tenía que declarar unas horas antes como testigo en el caso que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Hay dos cosas que empiezan a ser un clásico: no hay mayoría para sacar adelante unos presupuestos en esta legislatura de la que ya llevamos dos años y la corrupción acecha a Sánchez de manera cada vez más significativa.