Los grupos municipales ERC y Barcelona en Comú han hecho una petición para que se lleve a cabo una sesión extraordinaria de la Comisión de Presidencia, Seguridad y Régimen Interior de septiembre para que el Ayuntamiento de Barcelona inste en el gobierno español a garantizar la seguridad de la Global Sumud Flotilla, la flota de embarcaciones civiles que transporta ayuda humanitaria hacia Gaza. Esta acción se ha hecho en atención a los supuestos ataques que recibió la nave las madrugadas del 9 y 10 de septiembre mediante artefactos explosivos desde aparatos voladores no identificados. En este sentido, la petición también incluye solicitar al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que abra "una investigación internacional sobre los ataques perpetrados" en estas fechas y que se esclarezcan los hechos. Algunos de los miembros a bordo de la flotilla, que zarpó del Puerto de Barcelona el 30 de agosto, son la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el actual regidor y portavoz adjunto del Grupo Municipal de ERC, Jordi Coronas.
Además, en su reclamación, los grupos políticos también inciden en la necesidad de aplicar de forma inmediata las medidas de presión en el Estado de Israel que el gobierno español ha anunciado recientemente. Se exige la rotura de toda relación diplomática entre los dos estados así como la suspensión de todas aquellas relaciones comerciales que puedan derivar en actuaciones militares por parte del ejercido de Israel.
Por otro lado, en el ámbito municipal, ERC y BComú solicitan que se acelere la aplicación de los acuerdos logrados en la declaración aprobada por el plenario del 30 de mayo de 2025, como la rotura de relaciones con Israel así como otras medidas de presión para poner fin "al genocidio de Gaza". En esta misma dirección, piden al Ayuntamiento que presente un informe de seguimiento sobre las medidas que han adoptado y el estado de su aplicación.
Los acuerdos logrados en el plenario municipal de mayo
El plenario municipal del 30 de mayo, con el apoyo del PSC, BComú y ERC ya aprobó que el Ayuntamiento de Barcelona condenara "el genocidio y el apartheid del Estado de Israel contra la población palestina" y que, por lo tanto, rompiera las relaciones con Tel Aviv, que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni había retomado al inicio de su mandato. También quedaron incluidas cláusulas en el ámbito de la contratación pública que prohibían a las empresas y al consorcio municipal hacer compras o contrataciones con empresas e instituciones contrarias a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario o que hayan sido condenadas por un tribunal regional de los derechos humanos. Los efectos de estas cláusulas comportaban inhabilitar a los barcos involucrados en el transporte de armas con Israel para atracar al Puerto de Barcelona y prohibir la acogida de pabellones de Israel o de empresas armamentísticas a los acontecimientos de la Feria de Barcelona. Además, también quedaba aprobada la acción de instar en el Congreso de los Diputados a que acelerara la tramitación de la Proposición de Ley para acordar un embargo de armas urgente en el Estado de Israel. En la actual petición, ERC y BComú reclaman revisar el estado de aplicación de todas estas medidas.