La lengua catalana vuelve a ser menospreciada y arrinconada en los juzgados y tribunales de Catalunya. Así se constata en el informe sobre los indicadores lingüísticos de 2024 del Departament de Justicia, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat. Un dato alarmante y, que se puede calificar de incumplimiento masivo, es la respuesta del órgano judicial ante la solicitud del interviniente sobre la lengua en que quiere recibir la documentación: en un 79,32% de resoluciones no se respeta la opción lingüística del catalán escogida por el ciudadano, aunque el sistema informático judicial actual (e-justicia.cat) lo permite, y de forma bien fácil desde el 2021. Por el contrario, el incumplimiento en la opción de la lengua castellana es de un escaso 1,70%. Es un resultado similar al del ejercicio anterior (8 de cada 10 casos no se respetó el catalán), a pesar del compromiso y esfuerzo del conseller de Justicia, Ramon Espadaler, junto con los operadores jurídicos, de revertir esta realidad.
Otra cifra que va retrocediendo año tras año es la de las sentencias en catalán: han bajado a un 6,56% (19.385 resoluciones en catalán frente a las 295.480 en castellano), menos que el 6,8% del año 2023. Por demarcaciones, los juzgados y tribunales de Girona redactaron un 11,98% de sentencias en catalán; seguidos por los de Lleida (un 9, 06%); Terres de l'Ebre (6,50%) Barcelona, Ciutat de la Justícia y l'Hospitalet (6,01%), Barcelona Comarques (5,90%), iyTarragona (3,28%).
"La no obligatoriedad de conocer el catalán para ocupar una plaza en Catalunya, la necesidad de traducción al castellano cuando la documentación tiene que salir fuera del territorio o cuando una parte alega indefensión y la poca demanda del catalán entre los profesionales que se relacionan con la Administración de justicia son algunos de los elementos que explican este bajo uso del catalán a las sentencias", se afirma en el informe de Justicia.
El año 2019 se registraron un total de 20.750 sentencias escritas en catalán, el 8,46%, el máximo porcentaje en los últimos cinco años y lejos del 20% del 2004, cuando se incentivaba económicamente a los jueces.
No se garantizan los derechos
El Servicio Lingüístico del Ámbito Judicial lleva a cabo diferentes actuaciones para garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos que se relacionan con la Administración de Justicia. Se centran en tres ejes: Formación en catalán y lenguaje jurídico; difusión de los derechos lingüísticos; prestación del servicio de asesoramiento lingüístico, traducción y corrección en los juzgados, e incorporación de normativa estatal en catalán en el Portal Jurídico de Catalunya (ahora hay 396 normas del Estado en catalán), en coordinación con la Entidad Autónoma del Diario Oficial y Publicaciones. Con todo, ante los negativos resultados se afirma: "Todas estas actuaciones, como también la profundización en las nuevas líneas emprendidas, son totalmente necesarias, teniendo en cuenta que de los datos de uso no se desprende una evolución positiva ni para garantizar los derechos ni para normalizar el uso del catalán."
Catalán, arrinconado
En concreto, los juzgados y tribunales hicieron 4.168.907 resoluciones, de las cuales, en un 8,6% (367.903) el ciudadano pidió una respuesta en catalán. La opción lingüística en catalán, solo se respetó en 76.086 (20,6%), mientras que en 291.817 resoluciones (el 79,32%), que se escogió la lengua propia, el juzgado no lo respetó y la comunicó en castellano. Por el contrario, los juzgados no respetaron la opción lingüística del castellano en 72.025 resoluciones, el 1,70% del total. El contexto desfavorable para el catalán en los juzgados es evidente. Se indica que es el letrado de la Administración de Justicia de cada juzgado (el antiguo secretario judicial), en sus ampliadas competencias, quienes tendría que revisar y hacer cumplir la opción lingüística elegida.
Tampoco se esconde que hay un descenso de la opción de pedir documentación en catalán: el 2021 se pidió en un 14,71% de las solicitudes, el 2022 en un 9,91%, el 2023 en un 8,08%, en 2024 este dato ha pasado a ser del 7,42%.
Traducciones de castellano al alza
Los profesionales del Servicio Lingüístico también alertan de que se ha incrementado, y bastante, la demanda de traducciones de escritos al castellano, básicamente porque el procedimiento tiene que salir fuera del ámbito de Catalunya. Con todo, se indica que "desde el Departament de Justicia se ha desplegado una importante actuación de respuesta e información a los órganos judiciales que solicitan traducciones al castellano, con el fin de asegurar que la traducción es realmente necesaria para atender una situación de indefensión efectiva de la parte y no producto del desconocimiento del catalán por parte de la defensa letrada". El año 2024 se atendió un total de 1.263 solicitudes de traducción del castellano al catalán y 776 del catalán al castellano.
Cerca de un millar de profesionales en los cursos
Por otra parte, se indica que el año 2024 se inscribieron a cursos de formación de lengua catalana y lenguaje jurídico 657 personas que trabajan a la Administración de justicia (jueces, fiscales, letrados de la Administración de justicia, médicos forenses y resto de personal de las oficinas judiciales), como también alumnos de la Escuela Judicial, que está situada en Collserola.
En este sentido, las personas que superan la oposición a los cuerpos de gestión, tramitación procesal y administrativa o auxilio judicial, por el proceso de turno libre o de promoción interna, pueden alegar el conocimiento de la lengua catalana como mérito, que les servirá para obtener una puntuación más alta en el momento de escoger la plaza. El año pasado lo pidieron cerca de 60 profesionales.
El informe también detalla que el año pasado se hicieron 162 interpretaciones en lengua de signos catalana en los juzgados de Catalunya.
Abogados del turno de oficio
Aparte de los funcionarios, casi uno de cada cuatro abogados y abogadas del Turno de Oficio y Asistencia al Detenido (TOAD) –el 24,37%- participaron el año pasado en el programa de fomento del catalán en la justicia, que se impulsa desde la Generalitat y el Consejo de la Abogacía Catalana. Según los datos hechos públicos por la Abogacía, se presentaron un total 15.348 actuaciones del turno de oficio en lengua catalana, que representa un 21,4% más que el año anterior. Este plan retribuye con 25 euros las actuaciones del TOAD que se hacen en catalán. El Departament de Justicia destinó más de 400.000 euros a este programa del año pasado, lo cual significa un incremento superior al 35% respecto del ejercicio anterior.
En este sentido, David Casellas, decano del Colegio de la Abogacía de Manresa y presidente de la Comisión de la Lengua del Consejo de la Abogacía Catalana, hace un balance positivo del programa para incentivar la presentación de los escritos en catalán, y reclama que se "implanten medidas" para que se respete el derecho de la opción lingüística del ciudadano, especialmente de la lengua catalana, que es la más perjudicada, "y si hacen falta -añade- medidas disciplinarias".
Casellas espera que se implante pronto la propuesta de ampliar el programa del catalán más allá del turno de oficio; es decir, que esté abierto a todos los abogados y escritos judiciales. Recuerda que hace tiempo la Abogacía Catalana también propuso que se retribuya las "opciones orales en catalán" en juicios o declaraciones, aunque continúa la dificultad para hacer una certificación ágil.
La Abogacía Catalana y Plataforma per la Lengua iniciaron una campaña el mayo pasado, con reconocidos letrados, para hacer respetar la lengua propia del país, entre los profesionales. Según los datos extraídos del sistema de tramitación procesal e-justícia.cat, el año 2024 se presentaron un total de 45.099 (5,65% del total) demandas en catalán en los juzgados de los ámbitos civil, mercantil, contencioso-administrativo y social.
Incentivos a los funcionarios
Los incentivos se fomentan a todos los colectivos. El Departament de Justicia anunció este viernes que ha llegado a un acuerdo calificado de "histórico" con las organizaciones sindicales STAJ, CSIF, CCOO y UGT, que establece por primera vez el cobro de un complemento de productividad por parte de los funcionarios de la Administración de Justicia en Catalunya. La percepción de este complemento, que se aplicará a partir del ejercicio 2025 y se empezará a abonar en el 2026, queda vinculada a la consecución de objetivos definidos por la Secretaría para la Administración de Justicia, entre los cuales destaca el fomento del uso del catalán en los documentos tramitados y la participación activa en la implantación de la nueva Oficina Judicial derivada de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas de eficiencia del servicio público de justicia, que actualmente está en marcha.