Los funcionarios de la administración de justicia en Catalunya cobrarán por primera vez un complemento de productividad vinculado a objetivos, por su implicación en el uso del catalán en la documentación y en el despliegue de las nuevas oficinas judiciales previstas en la ley de Eficiencia. Así lo han acordado este viernes Generalitat y sindicatos.

Según ha informado el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica en un comunicado, la Generalitat ha firmado este viernes un acuerdo con los sindicatos STAJ, CSIF, CCOO y UGT, que califican de histórico y que establece por primera vez el cobro de un complemento de productividad, vinculado a unos objetivos, por parte del personal funcionario de la administración de Justicia en Catalunya. El complemento se empezará a aplicar este año, pero los funcionarios no lo percibirán hasta el año 2026.

El cobro del complemento, por primera vez, irá vinculado al cumplimiento de una serie de objetivos definidos por la Secretaria per a l'Administració de Justícia, entre los cuales destaca el fomento del uso del catalán en los documentos tramitados y la participación "activa" en la implantación de las nuevas oficinas judiciales derivadas de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas de la eficiencia del servicio público de justicia.

El sistema de evaluación del cumplimiento de los objetivos contempla dos dimensiones: la valoración de las competencias profesionales y personales de los funcionarios - como el rendimiento, la iniciativa y las actividades extraordinarias - que computará un 30% de la puntuación, y el cumplimiento de objetivos específicos de cada puesto de trabajo, que puntuarán el 70% restante de la valoración.

Los objetivos de 2025 incluyen, entre otros, la correcta puesta en funcionamiento de los nuevos centros de trabajo, el uso efectivo de las nuevas herramientas informáticas y la mejora global de la actividad judicial, medida a través de indicadores concretos como el número de expedientes acabados, trámites registrados, certificados emitidos o informes con uso de plantillas en catalán. Para conseguir el complemento, que se liquidará como máximo en abril del año siguiente en el ejercicio evaluado, la actividad del funcionario tendrá que aumentar como mínimo en dos de estos indicadores.

El uso del catalán en la administración de justicia presenta una de las situaciones más críticas con respecto a su uso ante las diferentes administraciones públicas por parte de los ciudadanos y en su día a día. Aunque la gran mayoría de solicitudes y demandas que se presentan ante la justicia se hacen en castellano, los datos presentados por el Gobierno constatan que, en general, los juzgados siempre responden en castellano cuando las solicitudes se hacen en castellano y, en cambio, no acostumbran a responder en catalán cuando el solicitante ha optado por el catalán.

El acuerdo también crea una comisión paritaria de seguimiento formada por representantes sindicales y de la administración, que velará por la aplicación correcta del modelo, la resolución de incidencias y la propuesta de mejoras. El acto de firma ha tenido lugar en la sede del Departamento de Justicia y Calidad Democrática, con la asistencia de los representantes sindicales Vicente Navarro (STAJ), Eduardo Presa y Manuel Gómez (CSIF), David Beneseit (CCOO) y Valerià Pérez (UGT). El documento será ahora elevado en el Govern de la Generalitat para su ratificación formal.