El Juzgado de Instrucción número 27 de Barcelona no ha admitido a trámite la querella del colectivo jurídico Acció Cassandra contra cuatro exconsellers de la Generalitat y altos cargos por presunta malversación en la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). La entidad querellante ha recibido este martes el auto del juez Xavier Paulí, un texto que, según explica el propio colectivo jurídico en un comunicado, no aprecia indicios de delito suficientes ni una concreción individualizada de la participación de cada alto cargo querellado en los presuntos delitos para aceptar el trámite de la querella. Ante esta decisión del tribunal, Acció Cassandra ha anunciado que interpondrá en el plazo correspondiente un recurso de reforma y, si procede, de apelación contra la decisión “para que la causa penal pueda prosperar”. Según la resolución, el juzgado entiende que, sobre la base del informe del Síndic de Greuges y de las informaciones recogidas en prensa y otros medios de comunicación que han aportado los abogados de Acció Cassandra, no hay indicios de delitos suficientes para iniciar la causa penal contra los exconsellers y altos cargos de ERC y Junts a los que señalaron por presunta malversación de ayudas en la extinta DGAIA. A raíz del conocimiento del caso, la DGAIA fue sustituida por la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l’Adolescència (DGPPIA).
El juez instructor defiende que el informe de la Sindicatura de Greuges que se presenta como prueba no relata ningún elemento constitutivo de delito y que ya delimita, dentro de los ámbitos de sus funciones, los errores, defectos y mejoras a realizar por las administraciones públicas y que, si en ningún caso apreciase la comisión de un delito, su obligación de colaborar con la justicia, lo habría puesto en conocimiento de la autoridad judicial. Por otro lado, señala que, si no van acompañadas de elementos o datos objetivos que aporten veracidad, las informaciones periodísticas no pueden constituirse como pruebas para iniciar una investigación penal. Finalmente, el auto afirma que la querella del colectivo no concreta la participación individual de los consellers y cargos contra los cuales se dirige en la comisión de los delitos de los cuales los acusan.
Piden que se tenga en cuenta el testigo protegido
El colectivo jurídico discrepa del auto teniendo en cuenta “el conjunto del material probatorio existente” a partir de las actuaciones previas realizadas tanto por la Oficina Antifrau de Catalunya como por la Sindicatura de Comptes. Consideran que es necesario tener en cuenta el conjunto probatorio existente en estas diligencias, especialmente las denuncias de “Roger” —el testigo protegido considerado como un alertador por la Oficina Antifrau— que el juez no menciona en su auto. Además, subraya que este auto no cierra la puerta a la vía penal, sino que “forma parte de las vicisitudes habituales en causas complejas impulsadas mediante la acusación popular”. El recurso, según señala la misma entidad, pondrá el énfasis en el “peso jurídico” de las denuncias formuladas por un alertador de la presunta trama, la documentación de Antifraude y de la Sindicatura de Comptes “sobre desviación de fondos e irregularidades sistémicas”, la “necesidad” de investigar estos hechos en sede penal, el hecho de que la Sindicatura de Comptes “no tipifica las irregularidades y, menos aún, las limita al ámbito administrativo” o el hecho de que “no se ha dado traslado ni siquiera al Ministerio Fiscal para que opine”.
Actualmente, la Oficina Antifrau de Catalunya investiga las irregularidades denunciadas por un trabajador, el testigo protegido “Roger”, de una entidad gestora de las ayudas y servicios a menores en Girona. El Parlament también acordó una comisión de investigación para aclarar responsabilidades políticas sobre los hechos, en la cual los anteriores responsables de ERC defendieron la buena gestión al frente de la extinta Dirección General. El colectivo insiste en decir que seguirá trabajando “para que el caso DGAIA no quede reducido a un simple expediente administrativo” que también se está investigando en el Tribunal de Cuentas. Afirman que continuarán agotando todas las vías jurídicas “para que los hechos denunciados sean examinados con el máximo rigor también en el ámbito penal” y no solo en el administrativo como hasta ahora.
La querella rechazada se dirigía contra los últimos cuatro exconsellers de Afers Socials: los republicanos Dolors Bassa (2016-2017, destituida después del 155 y encarcelada por el 1-O) y Chakir El Homrani (2018-2021), y sus sucesores Violant Cervera (Junts, 2021-2022) y Carles Campuzano (ERC, 2022-2024). También se dirigía contra el exsecretario general del Departament de Treball, Josep Ginesta (2016-2020), y tres exdirectores de la DGAIA, entre otros. Invocaba delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude, encubrimiento, acoso laboral y posible financiación ilegal de partidos.