Hace prácticamente un año que estalló el escándalo de la DGAIA, que después cambió de nombre convirtiéndose en la DGPPIA. Este estalló a raíz de un informe de la Sindicatura de Cuentas que levantó mucha polvareda, ya que este organismo ponía el foco sobre el hecho de que la institución hubiera prorrogado contratos millonarios sin justificación, a su parecer. A esto se le sumó la denuncia de un extrabajador ante la Oficina Antifraude que alertaba de pagos indebidos a menores extutelados y también el caso de una menor protegida por esta dirección general que fue violada por una red de pederastas. Ahora, la CUP, ha anunciado que llevará ante la oficina europea de la lucha contra el fraude (OLAF, por sus siglas en inglés), las "deficiencias graves y sistemáticas" de la antigua dirección general a la hora de gestionar los programas a jóvenes extutelados a través de entidades colaboradoras, que quedaron muy en entredicho por esta cuestión.
En una rueda de prensa desde el Parlament, la líder de la CUP en la cámara catalana, Pilar Castillejo, ha asegurado que esta decisión es "necesaria" porque los mecanismos que se han puesto en marcha en Cataluña para esclarecer la crisis de la DGAIA no están respondiendo como deberían. "Vamos a Europa porque queremos llegar hasta el final y porque la protección de la infancia no puede ser nunca un negocio. Estamos dispuestos a luchar con uñas y dientes", ha subrayado la cupaire, señalando como los principales problemas la falta de control por parte de las instituciones sobre un sistema importantísimo, la posible existencia de "plazas fantasma" y también "reclamaciones injustas" de dinero a jóvenes vulnerables. Para Castillejo, la decisión de llevar el caso ante la OLAF no es una decisión improvisada, sino que surge después de años de denuncias contra un modelo que consideran "fallido".
"Deficiencias graves y sistemáticas de control"
Concretamente, la denuncia se centra en programas cofinanciados con fondos europeos, principalmente del Fondo Social Europeo Plus, como las prestaciones de autonomía, los pisos asistidos y los recursos residenciales de transición. Castillejo ha explicado que, según datos del Departamento de Economía y Finanzas, entre 2018 y 2024 los fondos europeos ejecutados a favor de la Fundació Resilis, la Fundació Mercè Fontanilles y la UTE formada por ambas entidades ascienden a 3,4 millones de euros. Entre los hechos denunciados figuran "deficiencias graves y sistemáticas de control", certificaciones inadecuadas de gastos, indicios de facturación de "plazas fantasma" e irregularidades en el régimen de copago. A pesar de que en el Parlament se puso en marcha una comisión de investigación (pactada por PSC, ERC -partido que ha controlado el Departamento de Drets Socials hasta la llegada del gobierno de Salvador Illa con la excepción de un año y medio en manos de Junts- y los Comunes) esta no ha servido para depurar responsabilidades, según Castillejo, que ha defendido así la necesidad de ir a Europa.