La doble crisis de la DGAIA sigue centrando buena parte de la actualidad política en Catalunya, desde que la semana pasada estallara el escándalo. Si este martes el Govern se ha comprometido a presentar en un plazo máximo de un mes el plan integral para reformar esta institución, ERC desde el Parlament ha vuelto a defender los procedimientos de emergencia que se utilizaron para prorrogar contratos entre el 2016 y 2020 y que la Sindicatura de Cuentas ya señalaba en su informe aprobado el año 2024. "La contratación de emergencia se produjo entre el 2016 y el 2020, en los gobiernos presididos por los presidents Puigdemont y Torra", ha puntualizado la portavoz de ERC en la cámara catalana, Ester Capella, recordando que en este periodo hubo una "llegada masiva" de menores migrantes, con cifras que rozaban los 200 diarios.

"Lo que hicieron los consellers fue poner sobre todas las cosas los derechos de los niños. Los niños tienen derechos y los gobiernos lo que tienen que hacer es garantizarlos", ha insistido la portavoz en referencia a los departamentos liderados por Dolors Bassa y Chakir El Homrani, los dos de ERC. Además, también ha recordado que se produjo la aplicación del artículo 155 de la Constitución en noviembre del 2017 y después la pandemia de la covid.

"Responsabilidades ha tenido todo el mundo"

La semana pasada, ERC con el PSC y los comunes registraron una comisión de investigación en el Parlament para analizar los hechos más allá de estos contratos de emergencia señalados por la sindicatura de cuentas, ya que prevén que se analice desde el 2011, cuando CiU gobernaba en la Generalitat en solitario: "Lo tenemos que contextualizar. Donde se tiene que poner el acento está en la garantía de los derechos, llegar hasta el final de lo que ha podido pasar si hay responsabilidades. Investigar lo que haga falta y averiguar que es lo que ha fallado, aparte de condenar absolutamente el caso de la menor". Capella se refiere al caso de la menor protegida por la DGAIA a que en el 2020, cuando solo tenía 12 años, fue captada por un pederasta a través de una aplicación, la violó y la ofreció a otros pederastas que también abusaron de ella.

Así, desde de ERC defienden que la comisión de investigación que revise los hechos tiene que servir para "mirar que ha fallado, que se tiene que perseguir y que se asuman responsabilidades", remarcando que el objetivo es evitar "los pim-pams" y recordando que "responsabilidades políticas en el sistema de prevención ha tenido todo el mundo", un mensaje dirigido a Junts per Catalunya que también había propuesto crear esta comisión a la cámara catalana.

Los recelos de la CUP

Mientras tanto, la CUP ha defendido que hace falta una "investigación fiable" en torno a la DGAIA, a raíz del caso de la menor violada sistemáticamente y de irregularidades detectadas por Antifraude, pero dudan de que esta se pueda hacer si es liderada por ERC o Junts, ya que los dos partidos son "responsables de la desprotección de los menores y la precarización del tercer sector". Esta mañana, la Mesa ha avalado las dos peticiones, tanto la conjunta de PSC, ERC y comunes como la de Junts.