Los abogados de la asociación Acción Cassandra, Lluís Gibert y Josep Rosell, han ratificado este miércoles ante el juez la querella que presentaron contra cuatro exconsellers de ERC y de Junts y seis ex altos cargos, a los que acusa de malversación en la gestión de las ayudas de la extinta Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). La querella ha recaído en el titular del juzgado de instrucción 27 de Barcelona, el magistrado Xavier Paulí, el cual debe resolver si acuerda una fianza a la entidad para poder actuar como acusación popular.
“Es un paso pequeño, pero importante”, ha declarado Rosell al salir del juzgado. “Queremos que se investiguen las irregularidades de la DGAIA. Interpusimos la querella en tanto que vimos que hay denuncias por parte de una persona, informes de la Sindicatura de Greuges y de la Sindicatura de Cuentas que confirman estas irregularidades, y queremos que un juez lo investigue, en el ámbito penal. Y como nadie se anima, lo hemos hecho nosotros desde la asociación Cassandra, que defiende los intereses de los catalanes”, ha manifestado Lluís Gibert. Gibert, que es el presidente de la entidad, ha añadido: “Hay que tirar del hilo de las irregularidades y estoy seguro de que saldrán más, de responsables”.
El posicionamiento de la Fiscalía
El siguiente paso del juez es preguntar a la Fiscalía si debe admitir o no la querella contra los excargos del Govern, y si es afirmativo, acordar las primeras diligencias. Si, por el contrario, el magistrado no encuentra indicios delictivos y acuerda el archivo de la querella, Acció Cassandra puede presentar un recurso a la Audiencia de Barcelona, para que ordene su reapertura e investigación de los hechos denunciados.
Los querellados y los delitos
En concreto, la querella se dirige contra los últimos cuatro exconsellers de Asuntos Sociales: los republicanos Dolors Bassa (2016-2017, destituida por el 155 y encarcelada por el 1-O) y Chakir El Homrani (mayo 2018—mayo 2021), y sus sucesores y de Junts Violant Cervera (mayo 2021— octubre 2022) y Carles Campuzano (octubre 2022— agosto 2024). También contra el exsecretario general del Departament de Treball Josep Ginesta (enero 2016 - noviembre 2020) y tres exdirectores de la DGAIA, entre otros. La entidad Acció Cassandra los acusa de los delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude, encubrimiento, acoso laboral y posible financiación ilegal de partidos.
Además, la denuncia se dirige contra entidades como responsables civiles subsidiarias. Son: el Departament de Drets Socials, la DGAIA, la FEDAIA (Federación que agrupa a las entidades que trabajan con la infancia y familias vulnerables), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y Fundación Resilis y la Fundación Mercè Fontanilles, señaladas por las supuestas irregularidades en las ayudas a jóvenes migrantes.
La base de la querella es el informe 6/2025 de la Sindicatura de Cuentas, que cifra en 167 millones de euros los pagos indebidos en las diferentes prestaciones subjetivas (no solo de menores no acompañados) existentes durante los años 2016 a 2022. Este informe, que provocó un escándalo y la sustitución de la DGAIA por la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), también es analizado por el Tribunal de Cuentas, a petición de la Fiscalía, por si hay una responsabilidad contable de los anteriores responsables del Gobierno.
La Oficina Antifraude de Catalunya investiga, desde noviembre de 2024, las irregularidades denunciadas por un trabajador —que ha protegido como “alertador”— de una entidad gestora de las ayudas y servicios a menores, que está en Girona.
El Parlament también acordó una comisión de investigación para aclarar acciones, y los anteriores responsables de ERC defendieron una buena gestión y el desbordamiento de necesidades para hacer frente a la Covid-19 y la llegada de menores no acompañados.
Las irregularidades denunciadas
Acció Cassandra sostiene que los informes y denuncias “revelan una red interconectada de fundaciones y asociaciones que han recibido adjudicaciones opacas por valor de 788,7 millones de euros entre 2016 y 2020 a 101 entidades, concentrando el 55% en solo 10 entidades”. Y cita la Plataforma Educativa —paraguas de estas diez entidades: Fundación Resilis, Astres, Gentís, Infancia y Familia, FASI, Utopia, Eina Activa, Idària, El 7 y Acciona't—, Fundación Mercè Fontanilles o FASI, y otras agrupadas también en la FEDAIA, como Eduvic, Eveho, Intress, Suara, Actua SCCL, GEDI, Isom y Drecera.
En la querella sostiene que Plataforma Educativa recibió 125 millones, Resilis 80 millones, con un pequeño grupo de 12 personas controlando 47 cargos clave, incluyendo a Ricard Calvo (exdirector general DGAIA, incluido en la querella), según denunció Octuvre.cat.