La Sindicatura de Cuentas ha alertado de "indicios" de una nueva irregularidad en la actual gestión de ayudas a jóvenes extutelados, este lunes en el Parlament, en la comisión de investigación sobre la actividad de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) para aclarar el desbarajuste de su gestión. La síndica Maria Àngels Cabasés ha cuestionado que el Departament de Drets Socials e Inclusió prorrogara el pasado octubre la gestión del Servicio de Seguimiento y Valoración de la prestación económica para jóvenes extutelados (SEVAP) a la Fundació Resilis, sin hacer un control exhaustivo del complimiento del contrato. La entidad Resilis es aún investigada por la Oficina Antifraude de Catalunya por supuestos pagos irregulares en servicios de la extinta DGAIA. A preguntas de los diputados, Cabasés ha declarado que la administración “no ha hecho un control riguroso” de la externalización de este contrato prorrogado. La prueba -ha añadido- es que el control hecho por la sindicatura se comprobó que en Planes de Trabajo Individual, que son los que permiten darles ayuda, no se hizo constar casos de jóvenes que trabajaban total o parcialmente, situación que les tendría que excluir de cualquier ayuda . “Nuestros informes son basados en evidencias, hacemos constataciones, no valoraciones subjetivas”, ha insistido Cabasés.
Con todo, la síndica ha indicado que la prórroga estaba prevista en el contrato en vigor. La prórroga del servicio externalizado y gestionado desde el 2022 por la UTE formada por Fontanilles-Resilis, estará en vigor hasta el diciembre de 2026, y tiene un coste de 556.916 euros. Además, el síndico mayor, Miquel Salazar, también ha destacado, que una empresa “ha de estar inhabilitada” para no poder concurrir en adjudicaciones públicas. En los informes de la sindicatura también se alerta de la excesiva externalización de la gestión de las ayudas a los menores, y que "se acumula" en las mismas entidades del sector.
Falta de herramientas de control
El Govern del PSC sustituyó la DGAIA por la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l’Adolescència (DGPPIA) para intentar ordenar el desbarajuste destapado por la Sindicatura de Comptes, que cifró en 167 millones de euros las prestaciones indebidas abonadas entre los años 2016 al 2024, la mayoría a prestaciones de dependencia y de los cuales 4,7 millones de pagos a jóvenes extutelados. Recientemente, el Departament de Drets Socials admitió a ElNacional.cat, que a pesar de los esfuerzos le faltan medios para poder poner orden a las disfunciones destapadas por la sindicatura y que tiene unos 10.000 expedientes pendientes de revisar.
“No haremos valoraciones de actuaciones políticas. El trabajo de la sindicatura es hacer informes como órgano de control.”, ha contestado el síndico mayor, Miquel Salazar, al diputado de ERC Ignasi Elena, que le pedía si se había contextualizado el desbarajuste económico de la DGAIA, en una época que la Generalitat fue intervenida con el 155; en época de la pandemia de la Covid-19 y por el crecimiento de jóvenes con necesidades, especialmente con la llegada de menores no acompañados.
A preguntas de la diputada de Junts Ennatu Domingo, el síndic ha informado que el Departamento tercero del Tribunal de Cuentas continúa la investigación abierta sobre la gestión de la DGAIA, con el informe 6/2025 de la Sindicatura de Cuentas -donde se concluye que podría haber “responsabilidades contables” de los gestores del dinero público- y a petición de la Fiscalía especializada del Tribunal de Cuentas.
Menos centros y más familias
Antes, la síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ha intervenido en la comisión de investigación y ha pedido a los diputados que “por ley se prohíba que menores de cero a 6 años desamparados estén en centros” y se destinen más recursos para que estén con las familias con apoyos o con “familias profesionales”. En este sentido, Giménez-Salinas ha apostado para que se siga el modelo de Justicia Juvenil, donde solo un 10% de los menores que han cometido un delito están encerrados en un centro. Actualmente, hay unos 2.100 menores en Justicia Juvenil, y 994 cumplen la medida en libertad vigilada, según datos del Departament de Justicia.
La síndica también ha asegurado que será más fácil poner orden al desbarajuste económico de las prestaciones a menores, que no cambiar el modelo, “¡el cambio del cual ya lo reivindicamos hace 40 años!”, ha denunciado. Con todo, el Govern ha hecho cambios propuestos por la sindicatura de Greuges. La síndica ha insistido en que "fueron los jóvenes quienes avisaron de estos pagos indebidos", y también ha alertado de que el 80% de los centros de Drets Socials está en manos privadas.
Precisamente, el presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Rogeli Montoliu, y la decana del Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa, Marta Martínez, han explicado a los diputados el trabajo realizado por un grupo de expertos para que un abogado pueda asesorar a una familia o a un menor cuando Drets Socials inicia el procedimiento administrativo de desamparo, y, por tanto, de separación del niño o de la niña.
“Hace falta una ley que haga preceptiva la actuación del abogado”, ha declarado Martínez, que a la vez ha agradecido públicamente al Departament de Justícia que ya se haya acordado la creación de un módulo en este sentido del servicio de Justicia Gratuita. Hasta ahora, todo lo hacía la administración (instrucción, resolución y ejecución de desamparo), y después se puede denunciar ante un juez, aunque lo hacen pocas familias. La Advocacia Catalana ha reclamado que la separación de un menor de su familiia se haga desde u inicio con el control de un juez experto.