El director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Miguel Ángel Gimeno, ha defendido este jueves ante el Parlament la gestión de la institución durante su mandato, especialmente en el ámbito de la protección de los alertadores de corrupción. A pesar de admitir que se pueden haber cometido “algunas equivocaciones”, Gimeno ha asegurado que la actuación de la OAC ha sido globalmente positiva y ajustada a la legalidad. Durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament de Catalunya para presentar la memoria de 2024, Gimeno ha aprovechado para hacer balance de sus nueve años al frente de la Oficina, un mandato ya agotado. Ha querido responder a las críticas de algunos alertadores que no se han sentido suficientemente protegidos, y ha recordado que casi la mitad de los ayuntamientos catalanes todavía no han puesto en marcha los buzones internos de denuncia, tal como exige la ley.
64 alertadores protegidos y 158 peticiones atendidas
Con la entrada en vigor de la Ley 2/2023, Antifrau asumió el rol de autoridad independiente encargada de proteger a las personas que informan sobre prácticas corruptas. Según Gimeno, actualmente la institución protege a 64 alertadores, y ha tramitado un total de 158 peticiones desde la aplicación de la norma. “Nuestra institución fue la única del Estado que asumió todas las competencias desde el primer momento, y esto nos ha permitido crear doctrina propia”, ha afirmado. Este nuevo marco competencial ha obligado a reorganizar internamente la OAC y ha comportado un aumento de solicitudes de protección, así como una intensificación de la supervisión de los canales de información internos de las administraciones públicas.
Explosión de denuncias y aumento de eficiencia
Uno de los datos más destacados expuestos por el director es el incremento sostenido de denuncias recibidas, que han pasado de 174 en 2016 a 1.480 hasta octubre de este 2025 —un incremento del 750%. La previsión es que este año se superen las 2.000 denuncias. Este aumento también se ha reflejado en los expedientes resueltos: de 167 en 2016 a 1.217 en 2024, y 1.363 en lo que llevamos de 2025. En total, se han cerrado más de 6.000 actuaciones, con más de 3.600 resultados concretos.
Gimeno ha destacado que los ámbitos con más denuncias son la contratación pública, la función pública y las subvenciones, que concentran más del 60% de los casos. También ha señalado el impacto del buzón de denuncias anónimas, que ha cambiado el perfil del denunciante: en 2024 se registraron 890 denuncias anónimas, y este año ya superan el millar.
Una Oficina consolidada pero con una ley obsoleta
Gimeno ha reivindicado el papel de la Oficina Antifrau como referente en la lucha contra la corrupción y la defensa del sector público. “La tramitación de denuncias anónimas fue la primera gran medida de protección de los alertadores. Ahora ya representan el 70%”, ha recordado. Coincidiendo con el 15º aniversario de la institución, ha anunciado la elaboración de un plan estratégico para marcar el futuro de la OAC, basado en cinco ejes: refuerzo del liderazgo institucional, impulso de la cultura de integridad, mejora de la protección de los alertadores, lucha más eficaz contra la corrupción y fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa. “Nuestro marco legal ha envejecido. Necesitamos una reforma para adaptarlo a los nuevos tiempos”, ha advertido Gimeno, que ha pedido una nueva comparecencia en el Parlament para debatir esta propuesta.
Reclamo de más recursos
En la recta final de su discurso, Gimeno ha agradecido el apoyo recibido durante su mandato y ha hecho un llamamiento para que la Oficina disponga de los recursos necesarios para cumplir las funciones que se le han atribuido: “No podemos afrontar nuevas competencias con presupuestos prorrogados. Necesitamos herramientas para cumplir las expectativas generadas”.