La asociación Acció Cassandra ha anunciado este jueves que ha presentado una querella contra cuatro exconsellers y altos cargos, a los que acusa de malversación en la gestión de la extinta Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). En concreto, la querella se dirige contra los últimos cuatro exconsellers de Asuntos Sociales: los republicanos Dolors Bassa y Chakir El Homrani, y sus antecesores, de Junts, Violant Cervera y Carles Campuzano. También contra el exsecretario Josep Ginesta y tres exdirectores de la DGAIA, entre otros. En un comunicado, la entidad ha informado que ha presentado la querella en los juzgados de guardia de Barcelona, como acusación popular, y el juez que le toque por reparto decidirá si la admite a trámite. En la querella, los abogados de Cassandra, Lluís Gibert y Josep Rosell, acusan a los excargos políticos de los delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude, encubrimiento, acoso laboral y posible financiación ilegal de partidos.
Actualmente, hay una segunda querella por el escándalo de la DGAIA presentada en los juzgados de Barcelona. La titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, la magistrada Alejandra Gil, estudia si admite a trámite la querella por malversación de la DGAIA, presentada por la Asociación Guardianes de la Inocencia. La Fiscalía de Barcelona aún no ha sido consultada sobre esta denuncia, según ha informado a ElNacional.cat al ser preguntada.
Investigaciones abiertas
El escándalo del caso de la DGAIA se destapó con el informe 6/2025 de la Sindicatura de Cuentas, la cual cifra en 167 millones de euros los pagos indebidos en las diferentes prestaciones subjetivas existentes durante los años 2016 a 2022. El Gobierno de Salvador Illa sustituyó la DGAIA por la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), a pesar de que Drets Socials admite que aún tiene pendiente de revisar unos 10.000 expedientes.
La Oficina Antifraude de Catalunya tiene previsto concluir su informe sobre las irregularidades denunciadas antes del verano, mientras el Tribunal de Cuentas también investiga si hay irregularidades administrativas. El Parlament también puso en marcha una comisión de investigación para aclarar posibles responsabilidades.
El nombre de los querellados
Además de los exconsellers, Acció Cassandra incluye seis excàrrecs en la querella. Son:
Josep Ginesta y Vicente, secretario general del Departament de Treball, Assumptes Socials i Families (enero 2016 - noviembre 2020), del cual se asegura que tiene la “máxima responsabilidad ejecutiva y de control durante el núcleo de las irregularidades”.
Ester Cabanes i Vall, directora general (octubre 2018 - septiembre 2024) durante los años de “pagos indebidos masivos” (167 M€) y la mayoría de las supuestas “contrataciones irregulares”.
Ricard Calvo i Pla, director general (2016 - agosto 2017, exregidor de Girona por ERC con Dolors Bassa). La entidad sostiene que con él está "el inicio del follón” con adjudicaciones de urgencia “sin justificación” a Plataforma Educativa, Resilis y Mercè Fontanilles; y que vuelve a Resilis como subdirector.
Georgina Oliva y Peña, directora general DGAIA (agosto/septiembre 2017 - octubre 2018). Se indica que es subrogada por Chakir El Homrani, "coincidiendo con primeras prórrogas irregulares".
Jasone Latorre y Ollé, directiva responsable de la UTE Fundación Mercè Fontanilles-Resilis; jefe de servicio SEVAP en Catalunya. Irene Casamitjana, coordinadora SEVAP Girona.
La querella también se dirige contra entidades, como “responsables civiles subsidiarias”: Departament de Drets Socials, DGAIA, FEDAIA, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Fundación Resilis, Fundación Mercè Fontanilles, y todas las personas jurídicas o físicas que resulten responsables.