La grave siniestralidad registrada este 2025 en la AP-7, especialmente en el tramo de Terres de l’Ebre, ha llevado al Departament d’Interior a activar un plan de choque para revertir una tendencia que consideran “muy preocupante”. En lo que llevamos de año, en la vía se han producido 15 víctimas mortales, más del doble que las contabilizadas durante todo el 2024. Según la consellera d’Interior, Núria Parlon, una parte importante de estos accidentes están vinculados a los vehículos pesantes, especialmente en zonas “tensas” como la que se extiende entre Calafat y Amposta. Por este motivo, una de las medidas principales del plan es la de los límites de velocidad en este tramo en sentido sur. En un plazo aproximado de un mes, tan pronto como el Ministerio de Transportes español instale la nueva señalización, los camiones deberán circular a un máximo de 80 km/h y los turismos, a 100 km/h. La medida tendrá una vigencia inicial de seis meses y será revisada el 31 de marzo de 2026, coincidiendo con el avance de los datos de siniestralidad.

El plan también refuerza los mecanismos de control y vigilancia en la autopista. Interior incorporará seis nuevos coches radar, algunos de los cuales se ubicarán en la zona del Ebro, y se harán más controles de velocidad mediante cajas naranjas de radares de línea. Además, se reforzará la vigilancia aérea con los dos helicópteros del Servei Català de Trànsit y con drones, que controlarán tanto los excesos de velocidad como las infracciones de prohibición de adelantamiento. Paralelamente, los Mossos d’Esquadra intensificarán las inspecciones a vehículos pesados. El cuerpo dispondrá de una decena de nuevos dispositivos DSRC, que permiten revisar tacógrafos en marcha y detectar infracciones vinculadas a la fatiga y a los tiempos de conducción, factores recurrentes en muchos accidentes graves. También se endurecerán los controles ITV en la carretera, después de que el 45% de los vehículos inspeccionados haya presentado algún defecto.

Más sanciones

Los datos ya apuntan a un incremento de la actividad sancionadora. La subdirectora de la División de Tráfico de los Mossos, la inspectora Vanessa Bohé, ha explicado que desde febrero las denuncias a vehículos pesados han aumentado un 37%, con un repunte notable de las relacionadas con fatiga, distracciones y consumo de drogas. En la provincia de Tarragona y en el tramo de la AP-7 en las Terres de l'Ebre, este incremento se sitúa entre el 45% y el 47%. La tercera línea del plan se centra en la formación y la sensibilización. Interior impulsará cursos específicos para conductores extranjeros de fuera de la UE que canjean el permiso de conducir, dotados con 200.000 euros, y ampliará la información a la ciudadanía con más avisos en las aplicaciones de movilidad y con paneles de mensaje variable. Además, conjuntamente con Trabajo, se impulsará una campaña de inspección a empresas de transporte “multirreincidentes”. Según Parlon, todas estas medidas deben contribuir a reducir la siniestralidad y a mejorar la movilidad en un corredor crítico como la AP-7.